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CC OO y UGT admiten que que el conflicto inquieta a los funcionarios

Las dos centrales piden no involucrar a los trabajadores públicos y Millo se reúne con el presidente del CSIF

Enric Millo, delegado del Gobierno, junto a Miguel Borra, presidente del CSIF.
Enric Millo, delegado del Gobierno, junto a Miguel Borra, presidente del CSIF. EL PAÍS

CC OO y UGT, mayoritarios en Cataluña, han admitido que las posibles consecuencias jurídicas del proces causan "inquietud" e "incertidumbre" entre los funcionarios y han pedido que no se les involucre en el conflicto. "Estamos amenazados por un lado y por otro. Y estamos en medio", ha afirmado Joan Maria Sentis, coordinador del área pública de CC OO. Carlos Villalante, secretario de política institucional y programas de la UGT, ha reivindicado que los funcionarios han trabajado y seguirán trabajado con "imparcialidad, profesionalidad y neutralidad" en un marco jurídico y que así lo seguirán haciendo en este o en cualquier otro. "No tenemos que hacer ningún tipo de opción: que lo haga quien lo tiene que hacer", ha dicho.

Sentis ha evitado abordar el borrador de la ley de transición jurídica divulgado por EL PAIS al recordar que Junts pel Sí sostiene que está desfasado y que por prudencia prefería no opinar. Sin embargo, sí que ha recalcado a la Generalitat que les otorgue seguridad jurídica y que no se confunda la lucha política con el trabajo de los empleados públicos. Su ideal es es que los funcionarios, igual que sucedió en la consulta participativa del 9-N, no tengan que asumir ninguna consecuencia jurídica. Hasta ahora, solo han sido inhabilitados cuatro cargos políticos.

Que dejen de hablar de nosotros y que hablen con nosotros", afirma el portavoz de UGT

UGT y CC OO ya pidieron hace meses al Gobierno catalán que garantizara su seguridad jurídica a raíz de las declaraciones de Lluis Llach en las que avisó que los funcionarios que no cumplieran la ley catalana se arriesgarían a recibir sanciones. "Lo que tiene que hacer la Generalitat es dejar de hablar de nosotros y hablar con nosotros y que convoque la Mesa de la función pública y el Consell de la Función Pública", ha señalado el representante de la UGT, recordando que tienen la obligación de hacerlo de acuerdo con el Estatuto del empleado público. Villalante ha reivindicado que los funcionarios han seguido ofreciendo, pese a los recortes, servicios de calidad a los funcionarios y ha rechazado que puedan ver mermados sus  derechos en una eventual Cataluña independiente o que se les exijan nuevos requisitos para mantener sus puestos de trabajo.Los funcionarios catalanes son los que más recortes han sufrido y aún se les adeuda una parte de la paga extras de 2012, las de 2013 y 2014 además de otros complementos.

El portavoz de CC OO solicita a la Generalitat que garantice a los funcionarios seguridad jurídica

La posición de las dos centrales  -CC OO ha recogido firmas en favor del derecho a decidir- es diferente a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en el conjunto de España pero minoritaria en Cataluña. Su presidente, Miguel Borra, ha mantenido este lunes una reunión con Enric Millo, delegado del Gobierno, que concertó después de las declaraciones de  Llach.

Tras la reunión, Borra ha desestimado el plan del Generalitat de asumir en bloque los 27.000 funcionarios de la Administración del Estado. "Esa posibilidad no está recogida en el ordenamiento español. Es sencillamente imposible", ha dicho, Borra, que ha remarcado que el estatuto del empleado público y la ley de función pública de Cataluña califican de falta muy grave no acatar la Constitución y el Estatuto y que, de acuerdo con la falta cometida, se pueden arriesgar a perder su plaza. "No pueden coexistir dos ordenamientos jurídicos paralelos", ha remarcado.

El presidente de CSIF ve imposible que la Generalitat pueda asumir en bloque a los funcionarios del Estado

El CSIF ya distribuyó en 2015 un protocolo entre sus afiliados para que sepan cómo actuar en el caso de que sospechen que se les está invitando a realizar un acto que no se ajusta a la ley. "El Gobierno no dejará desamparado a ningún empleado público que cumpla con la Constitución y con el Estatuto y dará amparo legal a aquellos empleados públicos que se nieguen a acometer órdenes susceptibles de ser ilegales", ha zanjado.