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El ‘caso Llach’ abre una brecha entre los funcionarios y la Generalitat

Los sindicatos piden un gesto del Gobierno catalán para proteger a los trabajadores públicos

Llach (i) y Puigdemont se dan la mano en presencia de Comín.
Llach (i) y Puigdemont se dan la mano en presencia de Comín. EFE

Los sindicatos mayoritarios siguen esperando un gesto tranquilizador por parte de la Generalitat cuatro días después de que trascendieran las declaraciones del diputado Lluís Llach (Junts pel Sí) sobre las sanciones a los funcionarios que incumplan la ley de transitoriedad jurídica. CC OO y UGT han pedido públicamente al Gobierno catalán que reafirme su compromiso de respetar y proteger la seguridad jurídica de los trabajadores públicos. El sindicato CATAC ha ido más lejos y ya ha pedido por escrito explicaciones a la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs. De momento, nadie ha obtenido respuesta.

“No puede ser que un problema político se vuelva un problema laboral”, se queja Carles Villalante, secretario de Política Institucional de la Federación de Empleados Públicos de UGT. Los sindicatos mayoritarios recuerdan que son miembros del Pacto Nacional por el Referéndum y por eso no entienden que sus dudas ante el choque de legitimidades no sean comprendidas o sean, directamente, malinterpretadas. “Estamos recogiendo firmas del manifiesto y a favor del referéndum y [coincidiendo con las declaraciones de Llach] nos gritan españolistas. No lo entendemos”, agrega Joan Maria Sentís, coordinador del área pública de CCOO.

Llach aseguró en varias conferencias públicas que “en el momento que tengamos la ley de transitoriedad jurídica, ello obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña. El que no la cumpla será sancionado. Se lo tendrán que pensar muy bien”.

Blindarse contra “alegalidades”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) diseña un protocolo para que los funcionarios que reciban una orden “alegal” de cualquier Administración puedan pedirla por escrito y negarse a ejecutarla. Es un mecanismo ya previsto en el decreto de la Generalitat de 1997 sobre función pública: “Si las órdenes, a su juicio, fueran contrarias a la legalidad, podrá solicitar su confirmación por escrito, y, recibida esta, comunicar inmediatamente por escrito la discrepancia al jefe superior, quien decidirá. En ningún caso se cumplirán órdenes que impliquen la comisión de delito”.

“Más que preocupados, los funcionarios están cabreados”, dice Assumpta Barbens, portavoz de CATAC. “Hemos soportado recortes, hemos hecho sacrificios y no se nos han devuelto todos nuestros derechos perdidos por la crisis y ahora se nos pone en el ojo de la polémica”, puntualiza la líder sindical. “Era un tema que antes parecía lejano pero que ahora nuestros afiliados te lo nombran en las conversaciones que tenemos, como ya pasó con la votación del 9-N”, agrega Villalante.

Los sindicatos aseguran que ha habido conversaciones informales sobre el caso Llachuna figura querida dentro del sindicalismo por su compromiso y que quieren disociar de la polémica—, pero insisten en la necesidad de explicaciones oficiales.

Una representación de CATAC, por ejemplo, asistió al pleno del Parlament para seguir una moción sobre los interinos. Barbens reveló que la consejera de Gobernación Meritxell Borràs no dijo ni una palabra sobre el tema a pesar de que le entregaron un documento pidiéndole explicaciones. También han presentado una copia a través del registro.

“Depende de lo que nos diga sopesaremos solicitar una reunión”, agrega Barbens. Desde Gobernación dicen que hasta ahora no han recibido ningún tipo de petición formal de reunión. Una convocatoria de la Mesa de la Función Pública está pendiente de agendar. “Estaremos muy atentos y vigilantes a lo que pase en los próximos días”, explica Villalante.

La Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC), que agrupa a siete sindicatos de diferentes sensibilidades, aún no ha tomado una postura oficial. El martes celebrará una asamblea para ello. Otros ya la tienen clara, como la independentista Intersindical-CSC que, junto con la Asamblea Nacional Catalana, hace campaña activa entre los funcionarios para tranquilizarlos sobre los efectos de una eventual independencia.