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El PP denuncia al fiscal al alcalde de Alicante por prevaricación

Acusa al primer edil, del PSPV, de irregularidades en 25 contratos de la concejalía de Comercio

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri.
El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri.

El grupo popular en el ayuntamiento de Alicante ha denunciado en Fiscalía al alcalde de la ciudad, el socialista Gabriel Echávarri, al entender que incurrió en un delito de prevaricación administrativa al trocear supuestamente algunos contratos de la concejalía de Comercio, cuyas competencias ejerce el primer edil.

La denuncia ha sido presentada este martes por el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, y la portavoz adjunta, Mari Carmen de España. Barcala ha asegurado que los hechos no son "una mera irregularidad administrativa" sino que constituyen "un claro supuesto de ilegalidad del que se deriva responsabilidad penal".

El alcalde, que lidera la corporación merced a un tripartito de izquierdas integrado por PSPV, Compromís y Guanyar Alacant (Podemos y EU), llevó de urgencia a la junta local de gobierno celebrada a principios de este mes la declaración de nulidad de 25 expedientes de contratación por importe de 189.000 euros, después de que el interventor de la corporación apreciara la ilegalidad de su tramitación como contratos menores. Algunos de esos contratos están relacionados con la inserción de campañas publicitarias en medios de comunicación o la organización de los premios de al comercio local.

En el pleno siguiente a esa junta local de gobierno se aprobó declarar la nulidad de las contrataciones y remitir el caso al Consell Jurídic Consultiu para recabar su opinión. Echávarri restó entonces importancia al asunto y lo vinculó a una simple irregularidad, pues el interventor había reconocido que los proveedores habían prestado sus servicios al área de Comercio y debían cobrar por ello. El PP considera, en cambio, que existe un "ilícito penal", porque esos contratos "deberían haberse licitado con todas las garantías legales", y una adjudicación "arbitraria" de los trabajos y servicios requeridos.

Echávarri ha negado haber incurrido en el delito que el líder de la oposición le atribuye. “Cuando a un mentiroso le das un micrófono, se crece y hoy Luis Barcala se ha crecido”, ha dicho, según informa Efe. De acuerdo con su versión de los hechos, el interventor planteó "dudas y no reparos" ante las citadas facturas, pues de lo contrario habría paralizado su pago. Y los servicios jurídicos del consistorio llegaron a avalar en un informe que todo "era correcto".

En cualquier caso, él mismo, tal y como ha precisado a la prensa, decidió iniciar de oficio el procedimiento de nulidad y abrir un expediente de modificación de créditos que garantizase el abono de los servicios a las empresas. Echávarri, que es abogado de profesión al igual que Barcala, ha recordado también que el delito de prevaricación exige una voluntariedad y no se comete "por imprudencia y, ni siquiera, por dolo eventual".

El PP, en cambio, sostiene todo lo contrario:.“Existe unidad de objeto entre varios de los contratos fraccionados que podían y debían haberse licitado como una unidad, no existiendo justificación alguna para su fraccionamiento”. Además, de acuerdo con la denuncia interpuesta en Fiscalía por este partido, “se ha contratado directa y verbalmente en la mayoría de los casos, y en la concejalía de Comercio no constan ni planes, ni proyectos indispensables para haber hecho la contratación”.

El PP también afirma que en la firma de los contratos ha participado “personal de confianza” que carece de competencia para ello y agrega que el procedimiento ha adolecido de la necesaria publicidad para permitir la libre concurrencia de cualquier empresa que quisiera presentar ofertas. “La primera evidencia administrativa de la suscripción de los contratos administrativos es la aprobación de las facturas que la realiza, casi en exclusiva, el alcalde”, señalan los responsables del grupo popular. Es precisamente en el momento en que el jefe de servicio de la concejalía supervisa la mecanización de las facturas cuando detecta las posibles irregularidades y se lo transmite al interventor municipal.

La polémica amenaza con poner en aprietos al alcalde. Máxime cuando su principal socio de gobierno, Guanyar, emitió el pasado sábado un comunicado donde expresaba su apoyo a la constitución de una comisión de investigación para “disipar cualquier duda” sobre estos contratos. La coalición advierte de que será “escrupulosa” a la hora de exigir documentación para poder “trasladar a la ciudadanía toda la información de manera clara y concisa”. Guanyar Alacant ha añadido que será “contundente en el caso de que se demuestre una mala praxis política” y exigirá que se depuren las correspondientes responsabilidades, pues el fraccionamiento de contratos “es una práctica ilegal, en muchas ocasiones ligada a la opacidad y el amiguismo, que no puede tener cabida en ninguna administración pública”, concluía la confluencia de Podemos y Esquerra Unida.