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El retraso de la Generalitat en preparar el referéndum amenaza su celebración

Los expertos cuestionan que se puedan organizar todo el dispositivo en los cinco meses que faltan

Carles Puigdemont (d) y Oriol Junqueras, el pasado martes.

 A la presión judicial y las desavenencias políticas a propósito del referéndum se ha unido ahora un nuevo elemento: el tiempo. El reloj corre también contra los intereses del Ejecutivo de Carles Puigdemont, que ha reiterado su intención de celebrar la consulta a finales de septiembre “como muy tarde”. Mientras, el independentismo insistió ayer en reclamar el referéndum y restó importancia a la encuesta de EL PAÍS, en la que una mayoría de catalanes piden incrementar el grado de autonomía como alternativa a la independencia.  

Faltan, pues, cinco meses, un margen de tiempo que responsables políticos, expertos en logística electoral y personal que estuvo involucrado en la jornada de participación del 9-N consideran “insuficiente”. La Generalitat, explican esas fuentes, ya “va tarde al referéndum” o, al menos, llega “muy justa” si quiere que se celebre con todas las garantías.

La lupa judicial no ayuda, porque paraliza cualquier iniciativa en ese sentido: la fiscalía de Cataluña mantiene abierta una investigación y estará al quite ante cualquier indicio que apunte a la preparación del referéndum. Las fuentes consultadas explican que, para preparar una votación de esas características, se precisan “al menos seis meses”. Hay que activar mecanismos propios de las elecciones (censo, colegios electorales) pero también específicos, ya que se trata de un proceso “singular y no automatizado”.

“Sorprende que aún no hayan empezado los trabajos, porque en estas situaciones se requiere un mínimo de tres meses para implementar y probar la aplicación informática, por lo que en mayo o junio tendrían que dar el contrato”, explicaron fuentes de una empresa con experiencia en la preparación de consultas.

Artur Mas anunció la fecha de la convocatoria de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 con 11 meses de antelación. El Tribunal Constitucional la prohibió y se reconvirtió en una “jornada de participación” con voluntarios. Cinco días antes, el Constitucional la volvió a prohibir, pero el Gobierno catalán la celebró igualmente y votaron 2,3 millones de catalanes.

El proceso judicial que se inició por ello ha acabado con la condena por inhabilitación contra el expresident y tres consejeros de su gobierno. A diferencia del referéndum prometido por Puigdemont, la consulta originaria del 9-N se trabajó a conciencia. Los preparativos comenzaron año y medio antes por el departamento que dirigía la consejera de Gobernación y vicepresidenta, Joana Ortega. Cuando el Constitucional la prohibió se redefinió el diseño inicial y la Generalitat dejó para el último momento los contratos a empresas privadas.

Las urnas, fabricadas en las prisiones catalanas, fueron presentadas en mayo de 2014, pero el sistema de recuento no fue encargado hasta octubre, mientras que la adquisición de los 7.000 ordenadores necesarios para el escrutinio se efectuó mediante contratos-programa con empresas que ya existían con anterioridad.

El problema no es solo logístico, sino también político. Da la impresión de que ninguno de los actores implicados está poniendo toda la carne en el asador para que el referéndum salga adelante, pase lo que pase y pese a las amenazas judiciales. La velocidad con la que se gestiona la organización de la consulta ha generado una cadena de reproches entre Esquerra, responsable de efectuar los trabajos para hacerlo posible, y el PDeCat.

Los exconvergentes cuestionan que el equipo que depende de Oriol Junqueras haya sido diligente en la organización y consideran que no ha hecho lo que sería necesario. El vicepresidente catalán, en cambio, sostiene que esos preparativos estarán listos cuando sea necesario.