Colau se propone reducir a la mitad el precio de los entierros en Barcelona

La intención del gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de crear una funeraria pública con el objetivo de bajar el precio del servicio ha desencadenado una guerra de precios. O más bien de estudios sobre los precios. El Ayuntamiento sostiene que morirse en la capital catalana es más caro que a cualquier otro lugar de España: a partir de 6.800 euros, según un estudio antiguo de la OCU. Y las dos compañías privadas que operan en Barcelona, Memora (con un 15% de capital público) y Àltima, lo desmienten y acusan a Colau de actuar con poco rigor. Àltima habla de 4.445 euros. La Universitat Pompeu Fabra remachó el clavo con un estudio encargado por las dos empresas privadas que situaba el precio en 3.200 euros y aseguraba que desde 2011 los precios han caído un 8%.

En una nueva vuelta de tuerca, este martes el Ayuntamiento ha presentado un nuevo estudio, que firma Global Economic Group, que asegura que los entierros en la capital catalana cuestan 7.100 euros. Nuevos datos que Memora y Àltima han salido a criticar: han denunciado que el estudio se ha hecho "solo a partir de 44 facturas", contra las 40.000, "todas auditadas", que analizaba la UPF. Sobre el futuro, el regidor de Presidencia, Eloi Badia, ha situado el precio mediano que ofrecerá la empresa pública del consistorio en 3.800 euros, a pesar de que ofrecerá también a partir de 2.400 y hasta 4.700, con un 10% del coste del cementerio a parte.

El punto de partida de la idea de crear una funeraria pública es el convencimiento del gobierno que los precios en Barcelona son los más elevados de España. Y uno de los argumentos a los que recurren es que la Síndica de Barcelona ha alertado de la cuestión en varias ocasiones. "Tenemos que intervenir", ha dicho Badia, que ha sintetizado la situación actual como de "duopolio" y confía en que la entrada en funcionamiento del operador público impacte en el precio de los privados. Badia ha citado también el caso de Madrid, donde hay funeraria pública y los precios son inferiores (entre 2.222 y 2.700 euros).

Está previsto que la funeraria pública empiece a operar el 2019 con un tanatorio de nueva construcción, que tendrá seis salas de velatorio (dos de abiertas a otros operadores) y 21 trabajadores, ha afirmado. Pero todavía está por ver si consigue apoyo político en la comisión de finales de abril, que debería dar el pistoletazo de salida a su creación. Esta misma semana Badia empezará una nueva ronda de conversaciones con los grupos.

El 74% tiene el entierro pagado

Como cualquier sector económico, el de las funerarias es todo un mundo. Y el grueso de la población no conoce los detalles. Por ejemplo, que el 74% de la gente que se muere ya tiene el entierro pagado a través de los seguros que haya podido contratar en vida. Ciudadanos que acaban pagando el coste de 18 entierros, han subrayado los expertos durante la jornada. Por lo tanto, solo una cuarta parte de las familias pagan el entierro de sus miembros en el momento de la defunción. Y son estos clientes privados los que más pagan: los más de 7.000 euros del estudio presentado por Global Economic Group. En cambio, su autor, Juan Delgado, ha señalado que a las aseguradoras, que negocian grandes volúmenes de servicios, les cuesta 2.800 euros de media.

El Ayuntamiento también ha presentado una encuesta con resultados muy favorables a la creación del operador público. Indica, por ejemplo, que el 95% de los encuestados pide una funeraria pública. O que, a la hora de contratar un servicio funerario, los usuarios tienen la percepción de que han contratado un entierro de gama mediana, cuando en realidad pagan un de gama alta. "Las empresas los muestran tres precios y eligen el del medio, pero no saben si eligen entre precios altos o bajos", ha dicho Delgado.

Desde que se conoció la intención del gobierno Colau de crear una funeraria pública, Memora y Àltima han hecho presión desplegando argumentos en contra de la idea. Las dos empresas acusan al consistorio de actuar con poco rigor y alertan del riesgo de perder calidad en un servicio que se presta en un momento muy delicado para las familias. Desde Mèmora afirman que el Ayuntamiento podría hacer valer su 15% a la empresa para dialogar y ajustar precios. Por parte de Àltima, la empresa pide poder tener más presencia en Barcelona e insta en el Ayuntamiento "a romper su monopolio en el servicio de cementerios". "Que abren el sector de verdad y que nos den más facilidades a las empresas para hacer nuestro trabajo", ha afirmado en un comunicado.