Gas Natural alega que la inseguridad jurídica le impide aplicar la ley contra los cortes

El consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, alegó ayer que “la falta de seguridad jurídica” impide a la compañía aplicar la ley contra la pobreza energética aprobada por el Parlament. Por primera vez desde que falleció la anciana de Reus que tenía la luz cortada, el ejecutivo aceptó que la sociedad incumplió lo establecido por la norma contra los cortes, que fija que una empresa pregunte a los consistorios antes de cortar, y dijo que se rige por lo estipulado en anteriores decretos del Ejecutivo catalán, que establecían que son los servicios sociales los que informan a las suministradoras. “No es un problema de dinero, es de organización”, lamentó.

“Hasta ahora los intentos llevados a cabo por los diferentes gobiernos [contra la pobreza energética] no han tenido la necesaria seguridad jurídica y la eficacia operativa”, criticó ayer Villaseca en su comparecencia en la Comisión de Empresa del Parlament. Junts pel Sí pidió que asistiera para dar explicaciones tras la muerte de Rosa Pitarch, un abonada de Gas Natural de 81 años que falleció el pasado mes de noviembre en el incendio que desencadenó una vela con la que se iluminaba al tener el servicio cortado.

La ley contra la pobreza energética establece el principio de precaución. Éste fija que las suministradoras han de confirmar con los servicios sociales si el abonado que no paga es vulnerable antes de ejecutar el corte. Gas Natural y la Generalitat difieren de cómo aplicarlo. La empresa sostiene que se necesita un protocolo “con tramitación legal” que explique cómo desarrollarlo —algo que también defendieron PSC, PP y C’s— mientras que el Govern insiste en que la norma es lo suficientemente clara y no requiere de ningún reglamento. No obstante, los tribunales dirimirán esa cuestión tras los recursos presentados por las eléctricas contra la Generalitat.

Los grupos parlamentarios preguntaron insistentemente a Villaseca si Gas Natural había consultado con los servicios sociales de Reus antes de realizar el corte, sin obtener respuesta. El consejero delegado aseguró después, en su comparecencia ante los medios, que la empresa aplica “otro sistema” en el que “los ayuntamientos nos informan a nosotros”. “El sistema que ahora quieren aplicar no funciona. Y si es el que se quiere aplicar se han de establecer garantías”, explicó.

Esas garantías, para la suministradora, pasan por “gestionar un gran volumen de datos” y, a su juicio, muchos servicios sociales, ya desbordados por la falta de medios, no están preparados. “Es necesario establecer un protocolo que detalle el mecanismo y medios de comunicación entre las 177 empresas suministradoras y los 900 entes locales catalanes”, insistió. Para Villaseca, el trabajo de los servicios sociales de Reus también quedó en entredicho, pues desde 2014 le había informado de 312 casos de clientes vulnerables y ahí no estaba Pitach, que sí era atendida por los trabajadores sociales.

“Si fuera por nosotros, ustedes ya estarían nacionalizados”, criticó Marc Vidal (CSQP), una idea que secundó la CUP. Desde Junts pel Sí, Jordi Munell le afeó a la empresa que desobedeciera la ley. Para Munell, el protocolo que pide Vilaseca es una mera “herramienta interpretativa”. Jordi Terrades (PSC) acusó a la empresa de alegar seguridad jurídica solo en su beneficio, no en el de los ciudadanos. Desde el PP pidieron la comparecencia del alcalde de Reus y de la Agencia Catalana del Consumo.

La Alianza Contra la Pobreza Energética defendió el principio de precaución, puesto que cree que es la “única manera” de garantizar que personas fuera del circuito de los servicios sociales y que sufran de pobreza energética puedan ser identificados. “Los intereses ecónomicos de Gas Natural nunca podrán ser los del bien común”, criticó Oriol Illa, presidente de la Mesa del Tercer Sector. Villaseca dijo que estudiará el modelo de convenio propuesto por la Generalitat pero criticó que se “impongan” voluntades.