El juez anula la comisión que investigaba los gobiernos de Botella y Gallardón

La justicia ha decidido bloquear una comisión de investigación sobre la gestión de dos anteriores alcaldes,Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011) y Ana Botella (2012-2015), ambos del Partido Popular, al considerar que incumplía el reglamento municipal. En concreto, el juzgado contencioso administrativo número 9 de Madrid recoge el recurso interpuesto por el partido liderado por Esperanza Aguirre en Madrid, que denunció que la comisión no tenía un objeto específico de investigación, sino que pretende abarcar un juicio sobre un curso político, y que por lo tanto no era legítima. El Ayuntamiento tiene 15 días a partir de este jueves para presentar un recurso.

La comisión, presidida por la primera teniente de alcalde, Marta Higueras (Ahora Madrid), se reunía una vez al mes desde junio y en ella también comparecieron varios concejales del PSOE y de Ciudadanos. Su objetivo era investigar el origen del endeudamiento municipal (de 990 millones a finales del año 2000 hasta alcanzar los 7.733 millones a fines de 2012) y todas "aquellas operaciones que conllevaron sobrecostes o que pudieron ser lesivas para el Ayuntamiento y los intereses generales".

Los ediles del PP decidieron no participar en ella, al suponer que el fin de la iniciativa no era analizar casos concretos de mala gestión (es decir, sobre los que había indicios concretos), sino proceder hacía una investigación a todoterreno de los contratos de obras y servicios del Ayuntamiento, además de la actuación de las cuatro sociedades y consorcios municipales (Empresa Municipal de la Vivienda, Madrid Calle 30, la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, Mercamadrid y Feria de Madrid), para ir averiguando caso por caso si se detectaban fallos de gestión o irregularidades.

Por esta razón, en abril el PP presentó un recurso ante el contencioso-administrativo, cuyo resultado ha sido conocido este jueves. En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se establece que la comisión no permanente del Ayuntamiento tiene que interrumpir sus labores al carecer de un objetivo concreto que justifique su actividad. En su interpretación el juez da la razón al PP, al considerar que esta comisión se organizó para "investigarlo todo, durante tres legislaturas, a ver si algo se descubría". "No tiene un objetivo concreto, sino genérico, vedado a este tipo de comisiones no permanentes", concluye el documento.

La portavoz de los populares en Madrid, Esperanza Aguirre, manifestó toda su satisfacción ante la decisión judicial. "El reglamento no se puede interpretar de esta manera", afirmó Aguirre. La portavoz exige a Carmena excusas oficiales por una maniobra que, en su opinión, estuvo dirigida a deslegitimar una fuerza política tras un juicio de sus 12 años de gestión en la capital. "Quiero que Carmena pida perdón a Botella y Gallardón", remarcó Aguirre, e incidió en que espera que el gobierno de Ahora Madrid pida disculpas a los votantes y a los funcionarios, "que eran quienes fiscalizaban todos los contratos".

La popular calificó de "varapalo judicial" el auto, en su significado de "enmienda a la totalidad" a los conocimientos jurídicos y administrativos de los partidos que apoyaron la comisión (Ahora Madrid, una confluencia de fuerzas alrededor de Podemos, PSOE y Ciudadanos). Además, según la portavoz, este fallo "ratifica" los argumentos de los populares respecto a que la comisión era una "una causa general contra la gestión del Partido Popular: "Un proceso inquisitorial que pretendía anular al PP por razones de interés electoral".

El Ayuntamiento, que tiene 15 días para recurrir el auto, mantiene su posición de respeto ante las decisiones judiciales. Pero recuerda que el fallo llega "después de que se registraran dos proposiciones para la sesión ordinaria del pleno del próximo 23 de diciembre".

Las dos proposiciones a las que hace referencia el Consistorio implican modificaciones de los acuerdos para la creación de dos nuevas comisiones no permanentes: una sobre la gestión de la Empresa Municipal de Vivienda, bajo cuya lupa estará la venta de más de 2.000 viviendas protegidas a fondos de inversiones en 2013; y la otra sobre la empresa Madrid Calle 30, cuya gestión público-privada está siendo criticada por el Ayuntamiento, que cree que estuvo al origen de pagos de obras con sobrecostes y sin terminar.