El Parlamento aprueba la Ley de Servicios Sociales de Andalucía
Los diputados resaltan la universalidad y la superación del carácter asistencialista en la normativa
El pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles la Ley de Servicios Sociales de Andalucía con el respaldo del PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, con 104 votos a favor y 5 en contra de Izquierda Unida. La norma, que actualiza el texto vigente de 1988, ha sido redactada con la participación de los colectivos sociales y contó con 2.119 aportaciones de corporaciones locales, consejerías de la Junta, colegios profesionales, agentes económicos y sociales, y otras organizaciones de la sociedad civil.
El texto definitivo está compuesto por 141 artículos, entre los que se incluyen el derecho universal a los servicios y el individual a decidir su propia intervención, a disponer de un profesional de referencia, y a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar. Además, queda garantizado como derecho la ayuda a domicilio, los equipos de tratamiento familiar, las situaciones de emergencia, el alojamiento alternativo y otros servicios relacionados con programas de drogodependencias.
"Esta ley no es la que entró, ha mejorado con las aportaciones de todos para garantizar el cuarto pilar del bienestar", ha declarado la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, antes de que el texto fuera sometido a votación, unas declaraciones precedidas por el agradecimiento a los participantes en este texto, cuya aprobación estaba prevista para la pasada legislatura y ha pasado por numerosos borradores hasta ser ratificada este miércoles.
Elena Cortés, de Izquierda Unida, única formación que no ha dado su apoyo, ha declarado no obstante ser consciente de la importancia que tiene el texto. "La ley tenía un sesgo asistencial y ahora es integral, de prevención y de transformación social", ha dicho en el pleno. No obstante, ha alegado que no es la ley que IU hubiera sacado tras destacar elementos como la privatización de los servicios sociales o el ánimo de lucro incorporado a los conciertos sociales. Cortés ha resaltado también que el texto es competencia del conjunto del Gobierno. "No es solo de la Consejería de Igualdad. Para superar la situación estaría bonito que se dejara de producir personas empobrecidas", ha dicho.
María del Carmen Prieto, de Ciudadanos, ha considerado que el texto cumple los objetivos "de forma satisfactoria". "Refleja el respeto a la diversidad, se hace extensible la coordinación entre instituciones y servicios públicos y se plantea la mediación intercultural para resolución de conflictos", ha dicho. Esperanza Gómez, de Podemos, ha destacado el "clamor" con el que se solicitaba esta regulación y ha destacado igualmente la proactividad social en el texto. "El carácter asistencialista del texto anterior lo despojaba del empoderamiento de la sociedad", ha dicho.
La popular Ana García ha considerado los servicios sociales como "la cenicienta" de los servicios públicos de Andalucía. "No garantizaban la universalidad y estaban dispuestos a disponibilidad presupuestaria", ha dicho. Y la socialista Soledad Pérez ha resaltado la gestión que se hará de la ley desde el ámbito local y cercanía a la ciudadanía. "He visto pasar muchos borradores durante muchos años. Esta ley tiene un cambio de enfoque hacia la ciudadanía y una responsabilidad clara", ha dicho.
Disputa por la mesa del Parlamento
El pleno parlamentario de este miércoles ha comenzado con 20 minutos de retraso por el enfrentamiento entre el Partido Popular y el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, por la composición de la mesa de la Cámara después de que el Tribunal Constitucional haya dado la razón al PP respecto a la inclusión de la diputada Patricia del Pozo, como secretaria segunda, según la votación de la sesión constitutiva de la legislatura el pasado abril, cuando quedó fuera para que tuviera representación Izquierda Unida.
La polémica surge porque el PP entiende que la sentencia debe aplicarse de manera inmediata después de que el lunes se notificara a la Cámara, mientras que Durán alude al criterio del letrado mayor del Parlamento, quien fija que la ejecución de la sentencia tenga lugar cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), informa Efe.
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