La ley de Memoria Democrática prevé multas de hasta 150.000 euros
La Generalitat valenciana redacta una norma no "revanchista", que integra a todas las víctimas
La ley de Memoria Democrática y Convivencia de la Comunidad Valenciana, que regula el derecho de las víctimas y las familias de los dos bandos a la memoria, la verdad y la justicia, entrañará multas de hasta 150.000 euros a quien la incumpla. "Las víctimas y las familias reclaman reconocimiento y los valencianos no podemos ignorarlos", ha defendido la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, durante la presentación del anteproyecto de ley.
El anteproyecto de ley, que se prevé que entre en vigor a mediados de 2017, se ha presentado hoy en el Palau de la Generalirat y al acto se ha unido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. El presidente ha subrayado que la reparación es un elemento clave de la ley y ha dicho que "la solidaridad de un pueblo se refleja en su capacidad para recordar a sus víctimas".
La titular de Justicia ha insistido en que no es una ley "revanchista", sino que pretende "integrar a todas las víctimas, de ambos bandos. No queremos una ley que separe, sino que integre, un instrumento que sirva para cohesionar, no para dividir".
300 fosas comunes
La Generalitat ha contado casi 300 fosas comunes con víctimas de los dos bandos sin identificar en la Comunidad Valenciana, donde murieron casi 11.000 personas, la mitad de ellas por la represión franquista y la otra mitad por la represión republicana
Hay casi 300 fosas comunes con víctimas de los dos bandos sin identificar
La nueva normativa da un plazo de un año desde su entrada en vigor para la retirada de elementos que sigan sustentando y apoyando la dictadura franquista, y establece sanciones de hasta 150.000 euros en los casos más graves cuando se incumplan las obligaciones establecidas en la ley.
Además, pretende crear un censo de víctimas y de desaparecidos, recuperar la documentación que fue confiscada y que forma parte del patrimonio cultural de los valencianos, y poner en marcha un Instituto de la Memoria, organismo autónomo que se encargará de canalizar todas las medidas que contempla la ley.
La ley española de Memoria Histórica regulaba desde 2007 la exposición pública o ensalzamiento de símbolos del franquismo. Varios ayuntamientos valencianos han tardado en acatarla y, en más de un caso, han tenido que ser los tribunales los que, previa denuncia, han obligado a los Consistorios a retirar símbolos franquistas.
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