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Fiscalía investiga al exalcalde Trias por pagar el alquiler de los okupas

El ministerio público estudia al convergente por un supuesto delito de malversación por un gasto que lo técnicos del distrito “no avalaron”

Xavier Trias, exalcalde de Barcelona.
Xavier Trias, exalcalde de Barcelona.

La Fiscalía ha abierto una investigación al exalcalde de la ciudad Xavier Trias (CiU) por un delito de malversación de caudales públicos, al haber estado pagando durante un año el alquiler del Banco Expropiado del barrio barcelonés de Gràcia con fondos municipales.

Según ha informado el ministerio público en una nota, la Fiscalía de Barcelona ha encargado a la Policía Nacional que investigue los pagos del alquiler del local ocupado, que ascendieron a 65.500 euros en un año, a la inmobiliaria propietaria de la finca. El pasado lunes los Mossos d'Esquadra desalojaron el Banco Expropiado y desde entonces, Gràcia ha sufrido tres noches de protestas y altercados, con un balance de dos detenidos y 33 heridos.

El Gobierno de Trias firmó el contrato con la inmobiliaria sin comunicarlo a los okupas y sin publicitarlo en enero de 2015. Había pasado medio año desde los disturbios de Can Vies y faltaban cinco meses para las elecciones municipales. Quien solicitó el pago del alquiler fue la entonces concejal de Gràcia, Maite Fandos, pero los técnicos del distrito “no avalaron el gasto” y “lo desaconsejaron”, aseguran varias fuentes. Fue entonces cuando el asunto se elevó hasta el área de patrimonio, que depende de la gerencia de economía y presidencia y no del distrito. El gasto se autorizó sin que pasara por el pleno.

CiU defiende que optaron por pagar el alquiler para “ganar tiempo” y “mediar y buscar una salida” para los okupas. Y que lo hicieron, aunque la interlocución “no era fácil”. Pero las entidades del barrio explican –como lo hicieron los propios okupas en su día—que Fandos solo apareció una vez por la antigua oficina bancaria. Fue cuando ya habían pasado las elecciones, en sus últimos días de ocupar el cargo en funciones, y comunicó el pago del alquiler a los colectivos que estaban haciendo actividades. Estos lo rechazaron, con el argumento de que su ocupación ilegal forma parte del ADN del proyecto.

Con el cambio de gobierno tras la victoria de la alcaldesa Ada Colau, el regidor de Gràcia, Raimundo Viejo –que se marchó para ir a la lista En Comú Podem al Congreso--, supo de la existencia del contrato al ocupar su cargo. Se puso en contacto con el Banc Expropiat para reunirse con ellos, explican fuentes conocedoras de los hechos. Inicialmente no quisieron hacerlo formalmente, y acabaron por reunirse en La Violeta --un local del barrio en el que también se reúne la asociación de vecinos de Gràcia-- en el que celebraron un acto abierto a quien quisiera acudir, aunque solo asistieron los colectivos del centro social ocupado. De nuevo, los okupas rechazaron el pago del alquiler.

La investigación ha sido ordenada por la fiscal jefe de Barcelona, Ana María Magaldi, que ha conocido el pago del alquiler a través de los medios de comunicación. Los hechos "podrían ser indiciariamente constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos", que implica una pena de prisión en caso de condena de entre dos y seis años, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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