Rambla al juez: “La Fórmula 1 fue un proyecto personal de Camps”

El ex número dos del Gobierno valenciano Vicente Rambla ha declarado este miércoles como testigo ante el juez que la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia fue "un proyecto político y personal" del expresidente Francisco Camps, que está imputado en el procedimiento. El exsubsecretario de Hacienda, José Miguel Escrig, ha mantenido, también como testigo, que el contrato que involucró a la Generalitat en el montaje de las carreras —firmado con Valmor Sports— le "vino dado" a la Administración, por lo que esta no tuvo margen para negociar las condiciones.

Camps está imputado —investigado, según la nueva denominación judicial— por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en la organización del Gran Premio que la ciudad acogió entre 2008 y 2012. La Fiscalía sostiene que el expresidente interpuso una empresa privada, Valmor Sports, en el acuerdo que alcanzó personalmente con el dueño de los derechos de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, para eludir la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y beneficiar a terceros.

El abogado que representa a Camps ha preguntado a ambos testigos si el expresidente les dio instrucciones que implicasen una infracción de la legalidad, algo que ambos han negado. Los testimonios de los dos ex altos cargos no han beneficiado, sin embargo, la defensa del expresidente, consideran fuentes conocedoras de sus declaraciones.

Según la versión del ministerio público, Camps negoció directamente con Ecclestone y llegó a un acuerdo con él para la celebración de la prueba del mundial de automovilismo. Más tarde el pacto fue vestido con la creación de Valmor, que fue la mercantil que contrató con Ecclestone. Y con un posterior acuerdo, entre Valmor y la Generalitat, por el que la empresa público Circuito del Motor asumía parte de los gastos de organización de las carreras.

"Contrato de adhesión"

El exsubsecretario de Hacienda Escrig, que formó parte del consejo de administración de Circuito del Motor, ha declarado que el contrato que esta empresa de la Generalitat firmó con Valmor les "vino dado", por lo que no hubo posibilidad de mejorar las condiciones, que la Fiscalía considera que fueron muy negativas para la Administración. El acuerdo no concretaba, por ejemplo, la contraprestación económica —el precio— que la mercantil que gestionaba Jorge Martínez Aspar debía pagar a Circuito del Motor a cambio de su trabajo.

Escrig ha afirmado que el acuerdo con la empresa de Aspar fue más bien un "contrato de adhesión", lo que refuerza la tesis del ministerio público sobre cómo se montó el Gran Premio. El exsubsecretario también ha dicho que Circuito del Motor no tuvo intervención en la decisión final de la Generalitat, ya con Alberto Fabra como presidente, de comprar Valmor Sports por un euro y asumiendo deudas cercanas a los 30 millones de euros.

El Consell aprobó la adquisición tras ser informado por la empresa pública de la mala situación de Valmor, ha declarado Escrig. En las denuncias que dieron pie a la investigación de la Fiscalía, presentadas por los socialistas y Esquerra Unida, también se cuestionaba la compra de esta empresa por la Generalitat, que incluyó una cláusula en la que el Consell se comprometía a no reclamar nada en el futuro a sus antiguos propietarios. Fuentes de la investigación no descartan que esta operación tambien acabe siendo judicializada.

Apuesta política

Rambla ha mantenido que el proyecto de la Fórmula 1 —que debía salir gratis a los valencianos y acabó costando unos 200 millones de euros, sumando la construcción del circuito urbano— fue antes "político" que económico. Y que pretendía reforzar la marca de Valencia y de la Comunidad Valenciana. Una explicación que coincide con la que ha defendido Camps desde que arrancó la investigación judicial.

Rambla se enfrenta a una petición de pena de siete años y nueve meses de cárcel por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana en las campañas de 2007 y 2008. El juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional forma parte del caso Gürtel, en otras de cuyas ramificaciones —la de los trajes— Camps fue absuelto por un jurado.

En el caso Fórmula 1, además de Camps están imputados Aspar y la exconsejera de Turismo, Cultura y Deporte Lola Johnson, a la que se le atribuye también un delito societario.