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Las leyes de ruptura se harán sin difundir los borradores

Junts pel Sí y la CUP quieren demorar la publicación para evitar la anulación del Constitucional

Oriol Junqueras, entre las diputadas de la CUP Eulàlia Regunat (izquierda) y Mireia Boya, el 2 de marzo.

El Parlament tramitará las tres leyes de ruptura para “desconectar” de España con un sigilo inusual en una Cámara legislativa. El objetivo no es otro que demorar al máximo la publicación de los respectivos proyectos de ley para evitar que puedan ser impugnados por el Gobierno y suspendidos por el Tribunal Constitucional. Como ese trámite resulta inevitable, Junts pel Sí y la CUP apurarán los plazos y forzarán el reglamento para hacer coincidir la publicación de los borradores de las normas con el fin de la legislatura

La declaración soberanista del 9 de noviembre que anuló el Tribunal Constitucional anunciaba que “en el plazo máximo de 30 días” se iniciaría la tramitación de las tres leyes de ruptura que allí se denominan de proceso constituyente, seguridad social y hacienda pública. Han pasado ya más de cuatro meses del acuerdo, que las fuerzas independentistas consideran vigente pese a la sentencia del Constitucional, y el trámite legislativo de la “desconexión” apenas ha echado a andar. El pacto no escrito entre ambas formaciones es que la legislatura dure 18 meses, a contar desde la elección de Carles Puigdemont como presidente, el pasado 10 de enero.

La Mesa del Parlament acordó el pasado día 1 la creación de tres ponencias conjuntas para redactar las tres leyes, que ahora se llaman de protección social, régimen jurídico y administración tributaria. Los servicios jurídicos de la Cámara advirtieron de que ese procedimiento no encaja en el reglamento del Parlament y, además, podría ser inconstitucional, porque solo dos de los seis grupos parlamentarios acudirán a las sesiones.

Pese a ello, Junts pel Sí y la CUP han decidido seguir adelante. Argumentan que los informes de los juristas no son vinculantes y tramitarán las leyes al amparo del artículo 126 del reglamento, reservado para redactar proposiciones de ley que supongan el desarrollo de competencias del Estatuto de Autonomía, algo que no sucede en este caso, pues se trata de leyes de ruptura, como recuerdan los juristas de la cámara.

Una tramitación muy poco habitual

Es la primera vez desde la restauración de la democracia que los partidos ignoran un informe de los letrados del Parlament. Junts pel Sí y la CUP tramitarán las leyes de ruptura con el artículo 126 del reglamento de la Cámara, reservado a las proposiciones de ley que suponen un desarrollo del Estatut. Los juristas advirtieron que es inapropiado y puede ser inconstitucional, pero no se les ha hecho caso.

Ciudadanos y PSC han pedido a la Mesa que reconsidere la decisión de crear tres ponencias conjuntas, método empleado cuando todos los grupos están de acuerdo en la necesidad de redactar una ley. En este caso, cuatro de los seis partidos se oponen a las leyes de ruptura. El PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos de los diputados si no se cambia el procedimiento escogido.

Junts pel Sí y la CUP argumentan que tienen “un mandato democrático” para redactar las leyes, e incluso amparo legal, pues el artículo 126 del reglamento dice que las proposiciones de ley se pueden tramitar si lo reclaman dos grupos. Los partidos no independentistas replican que, bajo el paraguas de un desarrollo del Estatut, no se pueden elaborar leyes para lograr la independencia y que supondrán la derogación del actual marco legal autonómico.

A partir de su constitución, las tres ponencias se reunirán en el marco de las comisiones parlamentarias a las que han sido adscritas (Trabajo, Gobernación y Economía) y no se hará público ningún documento, según reconocen las formaciones independentistas. El plazo que prevé el reglamento para elaborar las proposiciones de ley es de tres meses. Superado ese tiempo la ponencia decae, “excepto una prórroga otorgada expresamente”, dice el reglamento. Se da por hecho que la prórroga se concederá por el tiempo que haga falta, porque Junts pel Sí tiene mayoría en la Mesa de la cámara. De esta manera, se podrá estirar el plazo de redacción, según convenga a la estrategia independentista.

Con todo, llegará un momento en que las respectivas proposiciones de ley habrán de ser publicadas en el Boletín Oficial del Parlament para proseguir su tramitación y abrir así el período de enmiendas. Ese será el punto sin retorno en el que con toda probabilidad ya podrá intervenir el Gobierno para recurrir ante el Constitucional y frenar las leyes de ruptura, pues ya habrá un documento oficial y un acuerdo explícito de la Mesa. Junts pel Sí y la CUP sitúan ese momento, como poco, para la primavera de 2017, para hacerlo coincidir con el final de la legislatura. La posible suspensión de las leyes de desconexión sin ni siquiera haber sido votadas en la cámara se convertiría así en un argumento de campaña electoral del independentismo.

Miquel Iceta, primer secretario del PSC, considera que las leyes ya están redactadas, o que, al menos, existe un borrador muy avanzado y la tramitación anunciada en tres ponencias conjuntas es “un paripé”. Para el líder de los socialistas catalanes, lo que se esconde detrás del anuncio de Junts pel Sí y la CUP es el deseo de “blanquear” unos textos “haciendo ver que los redactan”.

Joan Coscubiela, portavoz de Catalunya sí que es Pot va más allá. “No quieren decir a la ciudadanía que su programa de desconexión unilateral no es viable”, asegura. En su opinión, Junts pel Sí y la CUP “pretenden mantener la ficción y por eso prometen leyes de desconexión que son incapaces de presentar en forma de proyectos de ley. Mientras tanto, la emergencia social continúa sin respuesta”. Ciudadanos y el PP también se oponen a las leyes de ruptura.