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La mitad de Cataluña rompe con la democracia española

Junts pel Sí y la CUP dicen que el 27-S legitima la resolución y toda la oposición lo niega

El Parlamento catalán tras la votación sobre la independencia. REUTERS/Albert Gea

El Parlamento de Cataluña ha traspasado este lunes una barrera inédita desde que hay democracia y aprobó por 72 votos frente a 63 la resolución que proclama el inicio del proceso hacia la independencia, aboga por desobedecer a las instituciones españolas (empezando por el Tribunal Constitucional) e insta a la Generalitat a cumplir solo las leyes emanadas de la Cámara autonómica.

La votación refleja la división que vive la sociedad catalana entre partidarios y detractores de la independencia y que ayer se trasladó a un debate sin el acaloramiento de otras jornadas. Junts pel Sí y la CUP justificaron la propuesta en “una demanda social mayoritaria”, legitimada por las elecciones del 27 de septiembre, mientras que los demás partidos niegan ese argumento y recuerdan que aquel día perdieron el plebiscito.

El debate parlamentario y la votación de la resolución secesionista estuvo exenta de la tensión dialéctica que cabía imaginar, a la vista de las maniobras de la semana pasada. PP y Ciudadanos acudieron, sin éxito, al Tribunal Constitucional para reclamar la suspensión de la sesión y las fuerzas independentistas forzaron la interpretación del reglamento de la Cámara para votar la resolución cuanto antes.

No se produjo ni una interrupción, en forma de abucheo o aplauso, a los portavoces de los diferentes grupos. Cada uno expuso sus argumentos ya conocidos, a favor y en contra de la independencia y de la resolución. Tampoco hubo tránsfugas, a diferencia de lo que sucedió con la elección de la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, que el 26 de octubre fue apoyada por cinco diputados de Catalunya sí que es Pot.

Al debate y la votación de ayer le faltó el grado de épica con el que el independentismo ha impregnado algunas jornadas desde que el presidente en funciones Artur Mas lanzase su órdago hace ya tres años. En el exterior del Parlament había una pantalla gigante de televisión ante la previsible asistencia de miles de personas, pero apenas acudieron unas decenas de manifestantes de signo muy distinto, provistos de banderas españolas y estelades. La división no derivó en ningún incidente.

El interior del Parlament sí se convirtió en un enjambre de cámaras de televisión y micrófonos de radio por los que desfilaron todos los líderes políticos. Y en el hemiciclo reinó la frialdad en los gestos, con aplausos más que tibios o inexistentes de algunos consejeros del Gobierno catalán tras la aprobación de la resolución.

Fue un debate que apenas duró dos horas y en el que la nota de color la pusieron los diputados del PP, que desplegaron banderas catalanas y españolas mientras los diputados independentistas aplaudían el resultado de la votación. De la tribuna de invitados tampoco surgieron gritos a favor de la independencia ni sonó el himno de Cataluña (Els segadors) como otras veces.

Los 11 parlamentarios de Catalunya sí que es Pot, por su parte, desplegaron cartulinas a favor de la celebración de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña. Eso es lo que defendió su portavoz, Joan Coscubiela, en otra resolución que también debatió la Cámara y que solo obtuvo el apoyo de su grupo. Los 10 diputados de la CUP se abstuvieron y todos los demás partidos votaron en contra.

Junts pel Sí y la CUP invocan en la resolución que “el mandato democrático” recibido el 27 de septiembre justifica la ruptura de legalidad española porque lograron “una amplia mayoría en votos y en escaños”. La oposición coincide en pleno en que no existe tal vinculación con el resultado de las urnas y recuerdan que los independentistas convirtieron las últimas elecciones en un plebiscito sobre la independencia y lo perdieron, pues las fuerzas secesionistas lograron el 47,8% de los votos.

La resolución está redactada en un lenguaje que nada tiene que ver con la moderación que ha caracterizado a Convergència Democràtica desde su fundación, hace ya 41 años. El texto parece una cesión de este partido y de Esquerra Republicana hacia la CUP con la intención de que esta vote la investidura de Artur Mas, quien horas después de aprobarse la resolución leyó su discurso de investidura.

El deseo de Junts pel Sí de celebrar la votación de manera apresurada y horas antes de la investidura se antoja como un intento de apuntalar a Mas, precisamente en el momento más delicado de su carrera política. Pese al acuerdo visualizado en la votación, la CUP insiste en que cumplirá su reiterada promesa de no hacer presidente a Mas, por lo que si no se busca un candidato alternativo habrá nuevas elecciones en marzo.

La resolución secesionista proclama sin reparos el inicio del “proceso de desconexión democrática” con España para lograr el “empoderamiento” de la ciudadanía, un sustantivo empleado por las fuerzas de la izquierda emergentes nacidas tras el 15-M. Por si quedase alguna duda de su intencionalidad, la resolución insta al Gobierno catalán a cumplir exclusivamente los acuerdos que surjan de la Cámara catalana. Es decir, se anuncia la desobediencia a las “instituciones del Estado español” y la vulneración de las leyes vigentes, y se señala directamente al Tribunal Constitucional, del que se dice que está “deslegitimado” tras la sentencia del Estatuto de 2010.

Para posibilitar la anunciada “desconexión” de la legalidad española, la resolución promete que en el plazo máximo de 30 días se iniciará la tramitación de las leyes que hagan factible ese proceso constituyente, así como de la Seguridad Social y de Hacienda pública. Eso significa que antes de que se celebren las elecciones generales, la Cámara habrá seguido dando pasos hacia la secesión, pero para entonces el Tribunal Constitucional ya habrá suspendido la resolución y habrá advertido al Parlament y a su presidenta de que no facilite ese proceso bajo el peligro de incurrir en desobediencia, como advirtió la oposición.

En el debate previo a la votación, Raül Romeva, cabeza de lista de Junts pel Sí en el 27 de septiembre, ha defendido es la propuesta de resolución independentista porque se trata de una "demanda masiva" de la población catalana. "Se cuente como se cuente, en votos o en escaños, el resultado de las elecciones expresa una voluntad clara, incontestable", ha dicho Romeva, para quien aquellos comicios fueron "el referéndum que no pudimos hacer", por el veto del Gobierno español a la consulta que se acabó celebrando hace hoy un año.

Romeva, que se estrenaba como parlamentario, ha insistido en el tono social de la resolución y en que resulta "imprescindible para empezar a trabajar ya" y "dar respuesta a las urgencias y los retos sociales" que tiene la sociedad catalana. La república catalana que se pretende crear a partir de la resolución, ha insistido Romeva, asegurará la existencia de un Estado de derecho que ahora no se da, permitirá luchar contra la corrupción y asegurará la separación de poderes.

El diputado de Junts pel Sí ha advertido que el deseo de independencia no será detenido por la "artillería legalista", en alusión a la suspensión que aprobará el Tribunal Constitucional tras el recurso que presente el Gobierno. "Si no es hoy, será mañana, ha llegado la hora de ir a por todas", ha añadido Romeva en tono solemne.

Anna Gabriel, diputada de la CUP, se ha sumado también a la defensa de la resolución asegurando que se trata de "un acto de ruptura con la legalidad y la imposición española", pues "el Estado español no nos representa". En la misma línea que Romeva, la parlamentaria de la formación anticapitalista ha cargado también contra el "fundamentalismo constitucionalista" y ha reivindicado la legitimidad democrática frente a la legalidad.

Catalunya Sí que es Pot

Joan Coscubiela, portavoz de Catalunya Sí que es Pot, ha presentado su propia propuesta de resolución a favor de un referéndum que se ha debatido y se votará gracias a Junts pel Sí. “No se puede construir nada sin dar la voz al pueblo de Cataluña. Ese camino aún no lo hemos recorrido del todo”, ha afirmado el diputado ecosocialista, que ha destacado que ese instrumento es el único que tendrá eficacia jurídica y política.

Su plan es que se pueda celebrar en 2016 y ha subrayado el respaldo que la votación goza de la complicidad de Podemos, Izquierda Unida y Ayuntamientos del cambio. En una intervención durísima, Coscubiela ha afirmado que la legislatura no puede empezar peor al recordar los casos de corrupción que asuelan a Convergència, ha acusado a Carme Forcadell de violentar el reglamento del Parlament y ha lamentado la "política de búnkeres". A su juicio, el proceso nace viciado porque a su juicio el 27-S no arrojó ningún mandato democrático. “Esto es un engaño que solo llevará a la frustración salvo que piensen en choque de trenes. Es una fuga hacia delante”, ha dicho el ecosocialista que ha incidido en la necesidad de afrontar la situación de emergencia social antes que el debate de la resolución. “Tienen todo el derecho a discutir su propuesta pero no a paralizar el gobierno en esta situación de emergencia social”, ha insistido.

Ciudadanos

La líder de la oposición, Inés Arrimadas, ha calificado el plan de Junts pel Sí y la CUP de “locura” por querer “saltarse las leyes” a su antojo además de no tener ni siquiera la mayoría suficiente ni para reformar el Estatuto. “Es el mayor desafío a la democracia en los últimos 30 años”, ha insistido.

De forma meridiana, la diputada de Ciudadanos ha sostenido que los diputados de Convergència se han convertido al independentismo para tapar los casos de corrupción. “Tienen ustedes 15 sedes embargadas por el 3% y a su tesorero en prisión y sin fianza. ¡Qué curioso! No tiene nada que ver ¿no?”, ha señalado Arrimadas que ha centrado todo su discurso en criticar a Mas. “¡Que colonia tan extraño somos en Cataluña! Se han equivocado de siglo y de lugar. Estamos en la Unión Europea y en el siglo XXI”, ha remarcado Arrimadas.

PSC

Miquel Iceta, primer secretario del PSC, ha insistido en rebatir la idea de Junts pel Sí y la CUP de que la independencia es un deseo mayritario entre kla población catalana. "Se perdió el plebiscito el 27 de septiembre y el objetivo de la legislatura ha de ser otro" ha dicho el líder socialista, quien ha rebatido punto por punto el contenido de la resolución.

"Hablan de negociar después de negar legitimidad a las instituciones españolas", ha dicho Iceta, quien considera que la resolución divide a los catalanes. "Y situar a las instituciones catalanas fuera de la ley es temerario y nos lleva a un desastre seguro que tendrña unos costes temerarios", ha insistido el líder socialista.

Iceta ha reiterado que los impulsores de la resolución "no tienen ningún mandato democrático para dar este paso" y ha insistido en que "nos piden que desconectemos del Estado de derecho pero están desconectando de la mayoría".

PP

Por su parte, el líder del PP Xavier García Albiol, rebatió la idea de Raül Romeva de que el deseo de independencia sea mayoritario en la sociedad catalana. "¿De verdad se creen que la mayoría de los catalanes apoya este camino?", se ha preguntado el diputado durante su intervención, en la que ha defendido una enmienda de modificación a la propuesta de resolución.En una intervención realizada casi totalmente en castellano, Albiol ha recordado la aportación de los inmigrantes en la construcción de Cataluña y dirigiéndose directamente a Mas, le ha advertido: "ni usted ni nadie nos va a expulsar de España". El dirigente del PP ha insistido en que su partido "no va a permitir que nadie tenga que usar el pasaporte para salir de Cataluña" y ha acabado su intervención con vivas a España y a Cataluña.

“Como depositario de la soberanía...”

El Parlamento de Cataluña:

Primero. Constata que el mandato democrático obtenido en las pasadas elecciones del 27 de septiembre de 2015 se basa en una mayoría de escaños de las fuerzas parlamentarias con el objetivo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente y [en] una amplia mayoría soberanista en votos y escaños que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado.

Segundo. Declara solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república.

Tercero. Proclama la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo con el fin de preparar las bases de la futura Constitución catalana.

Cuarto. Insta al futuro Gobierno [catalán] a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas estas declaraciones.

Quinto. Considera pertinente iniciar en el plazo máximo de 30 días la tramitación de las leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública.

Sexto. Como depositario de <CJ4>la soberanía y expresión del poder</CJ> constituyente, reitera que este Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, al que considera deslegitimado y sin competencia a raíz de la sentencia de junio de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía [...].

Séptimo. Adoptará las medidas necesarias para abrir este proceso de desconexión democrática, masiva, sostenida y pacífica con el Estado español de manera tal que permita el empoderamiento de la ciudadanía a todos los niveles y en base a una participación abierta, activa e integradora.

Octavo. Insta al futuro Gobierno a cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados de esta Cámara, legítima y democrática, a fin de blindar los derechos fundamentales que puedan estar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español.

Noveno. Declara la voluntad de inicio de negociaciones para hacer efectivo el mandato democrático de creación de un Estado catalán independiente en forma de república y, así mismo, lo pone en conocimiento del Estado, de la UE y del conjunto de la comunidad internacional.

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