Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete

“Si hacen un edificio con pilotes que no existen...”

Los pinchazos telefónicos a excargos de Adif revelan dudas sobre la seguridad de las obras del AVE en Barcelona y cómo se daba luz verde a obras inexistentes

Un tramo del AVE a su paso por Barcelona se construyó con materiales y técnicas de peor calidad que los que constan en los informes oficiales. Algunos trabajos ni se hicieron. Y sin embargo, excargos de Adif los pagaron a precio de oro para beneficiar a la adjudicataria (Corsán) a cambio de viajes. El sobrecoste es de 31 millones. Así consta en un informe enviado por Adif a la juez que investiga la presunta trama corrupta. Y así lo corroboran las llamadas telefónicas del sumario del caso, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Con un añadido: las conversaciones revelan, también, dudas sobre la seguridad de las obras.

“Esa obra [la plataforma de alta velocidad entre La Sagrera y Trinitat, de 1,6 kilómetros] es casi urbana... Entonces, si mañana deciden hacer un edificio encima y cuentan con unos pilotes que no existen... Puede haber un problema”, admite Jesús, uno de los investigados, al apoderado de Corsán, Marino V. Jesús añade otra preocupación: “Si has presentado un papel en el que dices no solo que no existen, sino que además deberían existir, el problema es doble”.

"Hemos subido siete puntos y pico, que son unos cuantos millones de euros, camuflando mediciones"

La auditoría encargada por Adif ha comprobado, sobre el terreno, las diferencias entre la obra que consta que se hizo... y la que realmente se ejecutó. Hay cientos de ejemplos. Desde los laterales que protegen las vías —parte de los anclajes no se ejecutaron— hasta los muros —sustituidos por terraplenes— o los postes, que en lugar de ser de hormigón son de metal atornillado.

Los pinchazos telefónicos revelan los manejos de la decena de imputados —excargos de Adif, empresarios y técnicos— para alterar las mediciones y beneficiar a Corsán. Isaac C., técnico de la ingeniería que certificó las obras, habla con Antoni C., de la empresa. “Hemos subido siete puntos y pico, que son unos cuantos millones de euros camuflando mediciones. Ya está, no nos pidáis que subamos a diez (...) Eso os lo habéis sacado de la manga”, agrega.

El técnico es elocuente: “Yo sé que hay cosas infladas, porque las inflé yo directamente (...) Está bien camuflado, con el hormigón subío, el acero subío...” Isaac también habla con Jaime G. G., director de Infraestructuras y uno de los principales implicados. Según el sumario, es uno de los excargos que disfrutaron de un viaje de placer a las pistas de esquí de Aspen (Colorado) a cambio de beneficiar a la empresa. Isaac le explica: “He aprobado un montón de cosas, ya verás eh (...) ¿Al final qué hacen ellos? Lo que todos sabemos, se ha hecho menos vías porque se han acortado los tramos”.

“Precios muy gordos”

Jaime G. G. admite que la certificación “está hecha como está hecha” y en una charla con Antoni C., de Corsán, le dice que no puede llegar al nivel que le pide “ni de coña” a menos que sea “haciendo burradas”. “Estamos asumiendo precios muy gordos eh, o sea que ya sabes, nos estamos comprometiendo bastante”. El apoderado admite que algunas obras no se han ejecutado: “En soleras [piezas horizontales en las que se asienta la estructura] se dejó de hacer un trocito”.

El superior de Jaime, Rafael R. —que fue director de la línea noreste de Adif— también estaba al corriente. En marzo de 2014, antes de las detenciones, Jaime le explica la situación. “Tenemos los anclajes, que no se hicieron pero es una cosa provisional (...) Y entonces bueno, es una manera de ahorrarse ellos los anclajes, pero después querían cobrar la pantalla tal cual”.

El caso arrancó con la denuncia del dueño de una empresa dedicada al movimiento de tierras. Corsán la había subcontratado y, presuntamente, le indicó que debía pagar los viajes de los cargos de Adif. La Operación Yogui estalló en mayo de 2014, con registros en las sedes del ente en Madrid y Barcelona. La juez considera que los excargos certificaron “obras no ejecutadas en realidad” y generaron un elevado “sobrecoste en perjuicio del erario público” que, inicialmente, se fijó en seis millones. La malversación asciende ahora, según la auditoría de Adif, a 31.

Más información