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El juzgado del ‘caso Alvia’ asume la investigación a las Mercedarias

El asunto recayó inicialmente en la juez de guardia y fue posteriormente a reparto. Se hace cargo Andrés Lago Louro tras el polémico cierre de la instrucción del accidente

El juez que cerró la instrucción del caso Alvia con el maquinista como único imputado y desestimó 11 recursos en contra de la decisión, entre ellos los de las asociaciones de víctimas, que pedían más pruebas, asumirá la investigación al convento de las monjas Mercedarias de Santiago. Supuestamente, varias jóvenes fueron captadas en India hace unos 15 años por la orden y desde entonces han vivido, según su versión, "retenidas" entre los gruesos muros del céntrico monumento. Una de las mujeres logró salir y después de que la información llegó a manos de la Policía Nacional en Madrid se abrió una investigación que acabó recalando en el juzgado de Instrucción 1 de Santiago, del que es titular la magistrada Ana López Suevos. Fue esta juez, que estaba en funciones de guardia, la que tomó la iniciativa de entrar en este cenobio de la capital gallega la semana pasada.

En ese proceso fueron supuestamente liberadas tres de las religiosas, que entraron en la orden en la adolescencia y ahora rondan los 30 años de edad. Una vez fuera, y recuperada su documentación, presuntamente retenida por las superioras de la casa, por decisión de la magistrada se les aplicó el protocolo contra la violencia machista y fueron alojadas en un piso de acogida. Según recoge la investigación, las mujeres pudieron ser amenazadas con la deportación si no permanecían dentro de la orden de clausura, sometidas a una severa disciplina y limitadas las comunicaciones telefónicas con sus respectivas familias además de los viajes a su país. El caso incluye también las pesquisas acerca de otras dos monjas de la misma nacionalidad que, supuestamente, fueron devueltas a su lugar de origen por la orden hace unos años.

Hace dos días, el caso dejó de estar en manos de la juez López Suevos y entró en el turno de reparto. Hoy ha recaído en Andrés Lago Louro, titular del juzgado 3 de Instrucción, que heredó el asunto del accidente de tren en el que murieron 80 personas del juez Aláez y rehusó seguir investigando posibles implicaciones en la cúpula de Adif, Renfe y Fomento. En medio de una fuerte polémica, en octubre decidió no practicar más pruebas y dio fin a la instrucción con el maquinista Garzón Amo como único responsable de la tragedia.

El Arzobispado de Santiago negó el martes de esta semana que se hubiese producido un delito de retención ilegal de las mujeres, aunque admitió que tanto las tres que abandonaron hace unos días el centro bajo custodia policial como otras dos de la misma nacionalidad que optaron por permanecer en el convento hasta que culmine el trámite, habían iniciado hace meses el proceso canónico de dispensa de votos.

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