En libertad 14 de los 24 detenidos por la operación anticorrupción de Valencia

El juzgado recibe a los detenidos de la trama de corrupción en el PP

Uno de los detenidos, Vicente Burgos, en libertad, tras declarar ante el juez. José Jordán / Vídeo: ATLAS

El juez ha decretado libertad provisional para 14 de los 24 detenidos que hasta el momento han declarado por la operación anticorrupción en la Comunidad Valenciana. A cinco de ellos, el juez les ha impuesto fianzas para asegurar responsabilidad civil en caso de condena, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Todos mantienen la condición de investigados (imputados).

El magistrado también ha dejado en libertad a la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, para quien el fiscal había pedido prisión. Seis empresarios, uno de ellos de Castellón, han comparecido ante el juez, que los ha puesto en libertad.

El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha reanudado esta noche la toma de declaración a los detenidos en la Operación Taula, una trama de corrupción organizada en administraciones públicas de la Comunidad Valenciana gobernadas por el PP. Cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

De los 24 detenidos, la primera en comparecer ante el juez fue la exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón, esposa del exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, a su vez imputado en caso Nóos. La exedil quedó ayer imputada (investigada) en las diligencias por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. El magistrado instructor decretó su libertad bajo fianza de 150.000 euros, y el embargo de bienes como medida cautelar.

El segundo ha sido su exmarido, el exgerente de la Fundació Jaume II El Just, Vicente Burgos, que ha salido solo, poco antes de las nueve de la noche de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Burgos se ha limitado a decir que está en libertad con cargos y ha precisado que la declaración ha durado "dos minutos".

Además, ha quedado en libertad el ex secretario autonómico de Deportes y exdiputado, David Serra, también procesado en Gürtel. Serra ha manifestado que quedaba en libertad "sin ninguna medida cautelar" y se ha metido en un taxi junto a su mujer, que le esperaba en la puerta.

Entre los detenidos, figuran, además de la propia Alcón, el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus, y el ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla. También fueron arrestados 12 empresarios y dos arquitectos.

La investigación apunta, además, según fuentes de la misma, a la exalcaldesa Barberá, ahora senadora, y al ex secretario de Estado de la Seguridad Social y exvicepresidente de la Generalitat, el diputado Gerardo Camps. Como Barberá y Camps son aforados será el juzgado de instrucción el que remita una exposición razonada de motivos al Tribunal Supremo con los indicios que existan contra ellos. Solo este alto tribunal puede dirigir acciones penales contra ellos.

El juzgado no dispone de una previsión sobre el calendario para la toma de declaración de las cinco personas investigadas (imputadas) que no fueron arrestadas. Entre ellas se encuentran el concejal del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, y una trabajadora del Grupo Municipal del PP en el Consistorio. Ambos están citados por figurar como autorizados para disponer de las cuentas del partido.

En la operación desarrollada ayer se llevaron a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas, entre ellas la empresa pública CIEGSA, fundaciones, entre ellas la Fundación Jaume II, y la sede del Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente.

La investigación se inició a partir de una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia por la gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación. Su director gerente era Marcos Benavent, imputado en la causa, pero que no fue arrestado ayer. El que sí fue detenido es el empresario Mariano López Sancho, exsuegro de Benavent, que esta noche ha sido puesto en libertad.

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