Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete

Dimite David Serra, diputado autonómico del PP procesado en el ‘caso Gürtel’

El político asegura que se marcha para no dañar al partido en precampaña

En la bancada popular de las Cortes Valencianas quedan ahora dos personas imputadas

Ampliar foto
El 'ex número tres' del PP valenciano y exdiputado David Serra sale de declarar como imputado en el Tribunal Superior valenciano en 2012.

El diputado del grupo popular en las Cortes Valencianas David Serra ha renunciado este martes al acta de parlamentario, después de que el pasado 24 de julio fuera procesado por las contrataciones de la Generalitat con la trama Gürtel, con lo que se reducen a dos los imputados que quedan en la bancada popular.

En un comunicado, Serra reitera su inocencia "en todas las acusaciones que se han formulado" y dice estar "absolutamente convencido de que al fin de este procedimiento se demostrará la inocencia" de quienes se han visto inmersos en él, aunque serán "irreparables las consecuencias personales que se sufren". El también exvicesecretario de Organización del PP valenciano añade que con su renuncia contribuirá a que "en estos meses de precampaña, los grupos de la oposición no puedan utilizar" su situación para "dañar políticamente" a su partido.

La dimisión eleva a nueve el número de parlamentarios populares implicados en causas de corrupción que han abandonado las Cortes antes del fin de la actual legislatura.

Serra se halla imputado en dos piezas del caso Gürtel: por fraccionar contratos para adjudicárselos presuntamente a dedo a las empresas de Francisco Correa, y por la supuesta financiación ilegal electoral de su partido.

La decisión de Serra implica la pérdida de su condición de aforado y tendrá como efecto la salida del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano de una parte clave del caso Gürtel. La conocida como pieza número cinco del procedimiento, que se ocupa del artificial fraccionamiento de adjudicaciones. En ella fueron procesados en julio 21 cargos públicos de la etapa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, incluidos tres exconsejeros: Manuel Cervera y Luis Rosado (Sanidad) y Alicia de Miguel (Bienestar Social).

La pieza será juzgada ahora muy probablemente por la Audiencia Provincial de Valencia. El retraso que ello conllevará será, sin embargo, menor que el que provocaron en marzo las dimisiones de otras dos exconsejeras de Camps imputadas en Gürtel, Angélica Such y Milagrosa Martínez, a quien la trama de Correa llamaba La Perla.

En aquella ocasión, la renuncia de Martínez se produjo con las fechas del juicio señaladas y una semana de que empezara. Circunstancias que llevaron a la Fiscalía Anticorrupción a considerar que La Perla había incurrido en fraude de ley y a oponerse a la decisión del TSJ de desviar el enjuiciamiento del asunto a la Audiencia de Valencia. Los fiscales recurrieron al Tribunal Supremo y este aún no se ha pronunciado sobre qué órgano judicial debe juzgar esa pieza separada, centrada en las millonarias adjudicaciones de la Agencia Valenciana de Turismo con motivo de la feria Fitur.

En la pieza cinco el juez ha dado por concluida la investigación, pero el juicio aún no ha sido señalado, con lo que no habrá recurso de la fiscalía ni tendrá que pronunciarse el Supremo.

Durante años —el caso Gürtel, por ejemplo, salió a la luz en 2009— la mayoría de los diputados valencianos implicados en pleitos por corrupción prefirieron mantener su escaño y con ello su aforamiento. Esto es, el derecho a ser investigados y en su caso juzgados por magistrados que o bien habían sido elegidos por ellos mismos en las Cortes Valencianas o bien habían llegado al Tribunal Superior de Justicia por decisión del Consejo General del Poder Judicial, a cuyos miembros habían seleccionado, a su vez, los partidos.

El cambio de criterio ante los casos de corrupción del TSJ tras la llegada a la presidencia del tribunal de la juez Pilar de la Oliva, así como las recientes condenas a prisión que el tribunal ha propinado a dos compañeros de bancada, Pedro Ángel Hernández Mateo (tres años) y Rafael Blasco (ocho) parecen haber convencido a los parlamentarios de que no pueden perder mucho llevando sus juicios a la Audiencia de Valencia, donde decidirán su suerte magistrados rasos.

Solo quedan dos parlamentarios imputados por corrupción

La marcha de David Serra ha dejado al Grupo Popular en las Cortes Valencianas con solo dos imputados: Ricardo Costa, ex secretario general del PP regional, y Yolanda García, extesorera. En realidad hay tres, pero Elisa Díaz —hija del exalcalde de Alicante y también dimitido parlamentario Luis Díaz Alperi—, no está inmersa en un procedimiento judicial por corrupción, sino por haber dejado parcialmente sorda, presuntamente, a una ciudadana británica en una discusión.

Serra ha enmarcado su renuncia en una decisión "personal coherente" con la postura que afirma haber mantenido siempre "respecto al abandono de las responsabilidades institucionales cuando alguien se encuentra dentro de un procedimiento judicial".

La presidenta del Grupo Socialista en las Cortes, Ana Barceló, ha afirmado que Serra buscaba con su decisión “decidir qué juez y qué juzgado interesa más que le juzgue”, y “alargar los plazos”. Barceló ha añadido que el paso dado por el ex número tres del PP de irse “porque quiere, cuando quiere y como quiere” demostraba “la incapacidad del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para tomar decisiones sobre los imputados de su partido”.

La coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, ha apuntado en la misma dirección. Según la diputada, la forma en que se ha materializado el abandono de Serra "define lo que es Fabra: un presidente sin autoridad al frente de un Partido Popular absolutamente desnortado ante este iceberg de corrupción que han generado y que cada vez les golpea con más fuerza".

De los dos diputados inmersos en casos de corrupción que quedan, Costa ya ha anunciado (en una entrevista a Las Provincias) que dimitirá pronto. Si García sigue sus pasos, todo el caso Gürtel dejará definitivamente el Tribunal Superior de Justicia valenciano para ser juzgado en la Audiencia Provincial de Valencia, a menos que el Tribunal Supremo decida contra pronóstico otra cosa.