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La juez impone 500.000 euros de fianza al exdirector de Vaersa

La magistrada ve indicios de malversación y prevaricación en el excargo de la Generalitat

La juez que investiga supuestos pagos irregularidades a los exdirectivos de la empresa pública  de la Generalitat Valenciana de Aprovechamiento Energético de Recursos Sociedad Anónima (Vaersa) ha impuesto a uno de sus exdirectores, Felipe Espinosa, una fianza de 500.000 euros. Y al otro exresponsable de la entidad imputado en la causa, Enrique Simó, otra de 50.000 euros.

La magistrada del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia considera que existen "indicios de criminalidad" suficientes contra ambos como para aplicar la medida cautelar. La fiscalía atribuye a ambos los delitos de malversación de fondos y prevaricación por haberse embolsado entre ambos unos 100.000 euros de la empresa pública de forma presuntamente irregular bajo la fórmula de complementos de productividad.

En total, entre 2007 y 2011 Simó y Espinosa repartieron entre los directivos de la empresa, a partir del rango de jefes de servicio, 1,9 millones de euros.

La ley prevé que para poder hacer pagos en concepto de productividad deban obtenerse previamente dos autorizaciones del Gobierno valenciano en cada ejercicio. Uno que justifique la adecuación del abono, y otro en el que se acredite la existencia de presupuesto para ello.

Los entonces directores de Vaersa habrían procedido a pagar y cobrar los pluses sin atender a tales requisitos. Unos importes anuales que fueron creciendo de 360.000 euros en 2007 a 501.706 euros en 2010. La juez dispone de dos requerimientos de la dirección general de Presupuestos de la Generalitat, de 2010 y 2011, en los que se advertía a los directores de Vaersa "que no existía autorización para su abono y que no constaba que se hubiera emitido el informe preceptivo sobre existencia de crédito presupuestario".

El ministerio público había pedido fianzas superiores: de un millón de euros en el caso de Espinosa y de 500.000 euros en el de Simó. La justificación que da la juez para imponer las medidas cautelares es que, ante la posibilidad de que el procedimiento se alargue, existe el "riesgo de que los querellados se coloquen en una situación de insolvencia" que impida que respondan al pago de una eventual condena.

Los acusados, en un procedimiento en el que está imputada también la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, han negado los hechos que se les imputan.

La resolución judicial da 10 días a los ex directores generales para depositar la fianza, y advierte de que de lo contrario sus bienes serán embargados. Contra la decisión caben, sin embargo, recursos de reforma y apelación.

El procedimiento, iniciado con una denuncia del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), ha pasado, por otra parte a ser "causa compleja", después de haberlo declarado la magistrada. La fórmula, derivada de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada el año pasado por el Gobierno, implica que el plazo máximo de instrucción inicialmente previsto en seis meses se amplía a 18.

"Teniendo en cuenta los hechos por los que se sigue el presente procedimiento, que afectan al interés público, el número de investigados contra los que se sigue, algunos de ellos pendientes de tomarles declaración, la evidente necesidad de practicar periciales y, en definitiva, la realización de diligencias instructoras, se estima necesario declarar compleja la investigación".