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El fiscal ‘exculpa’ al botellón de las cinco muertes en el Madrid Arena

La Fiscalía advierte de que “no es bueno perder el norte” en el juicio que comienza mañana tras las críticas por no imputar al jefe de la Policía Municipal

El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero, y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, José Javier Polo, han comparecido esta mañana ante la prensa para explicar su postura oficial en el juicio que comienza mañana por la muerte de cinco jóvenes en el pabellón municipal Madrid Arena el 31 de octubre de 2012. “Nuestra obligación es que se esclarezca la verdad y que sobre esa verdad se aplique el derecho”, ha recalcado Caballero, “la Fiscalía es garante de la legalidad incluso en contra de la posición personal que pudiera tener el fiscal”, y “es bueno que nunca se deje llevar por otras tentaciones, que no pierda la brújula ni el norte”.

Caballero y Polo han hecho estas aclaraciones, “con carácter didáctico”, ante las dudas planteadas por los periodistas y las críticas vertidas por los familiares de las víctimas (y acusaciones particulares en el proceso) sobre la pena a la que se enfrentan los 15 acusados (entre dos y cuatro años de prisión en total por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave); y sobre la no imputación del jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, que sí será juzgado por decisión del instructor, Eduardo López-Palop, y por la acción de las acusaciones particulares. “Es muy importante respetar que el juicio funcione con toda libertad y garantía”, han recalcado los fiscales para defender su labor en un proceso “muy complejo, que durará al menos cinco o seis meses”, y que ha despertado una tremenda expectación entre los medios de comunicación.

 “No se puede dictar sentencia”

En una rueda de prensa informativa en la que, ante la insistencia de los periodistas, han tenido que recalcar que “no se puede dictar sentencia”, los fiscales se han esforzado por defender su labor durante los dos años de instrucción. Uno de los aspectos más polémicos es el papel la Policía Municipal en la tragedia. En el auto con el que concluyó la instrucción, el juez López-Palop calificó de “aciaga” la actuación policial, y apreció “una evidente relación de causa a efecto entre el botellón que nunca debió haber existido” en los alrededores del Madrid Arena aquella noche y “el resultado letal”. “El botellón no fue la única causa, pero fue una de las causas, y como la encargada de impedirlo era la Policía Municipal, el máximo responsable debe responder por su negligencia”, concluyó el magistrado.

La Fiscalía, sin embargo, considera su “obligación demostrar en el juicio” que “la conducta negligente” de los acusados “contribuyó” a la tragedia y, para “la pretendida imputación del jefe la policía no hay pruebas, no hay ninguna prueba de que la conducta de la policía haya contribuido al resultado” de cinco muertes. Preguntados de nuevo al respecto, los fiscales añadieron que el botellón “se produce en el exterior, no en el interior, no influye en el resultado”. Para el juez López-Palop, “el macro-botellón tuvo una importancia decisiva como desencadenante de la tragedia”, porque parte de sus asistentes accedieron presuntamente en masa al pabellón “en un momento determinado de la madrugada”.

 Flores, “el máximo responsable”

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial ha explicado esta mañana que la muerte de las cinco jóvenes “no fue un accidente sino una cuestión perfectamente evitable”, pero se ha esforzado en resaltar que la acusación de homicidio imprudente en este caso “establece una sola pena” pese a que sean cinco las muertes, por lo que “se castiga un solo delito” y la sentencia sólo puede llegar al máximo de cuatro años de prisión. “El fiscal está sometido a la ley, no podemos saltárnosla, ésta es la pena, que otras partes han criticado, hay que respetar el Código Penal, no hay otra opción”, ha indicado José Javier Polo.

“Los acusados son personas cuya intervención pasiva contribuyó al resultado” y, entre ellos, “el máximo responsable” es Miguel Ángel Flores, organizador de la fiesta. Para otras 11 personas (responsables de seguridad del pabellón, personal de la empresa encargada de vigilar el aforo dentro del recinto, etcétera), la fiscalía pide tres años de cárcel. Y para los doctores Simón y Carlos Viñals (padre e hijo), dos años por “imprudencia profesional al no llevar a cabo todos los métodos para evitar o disminuir los resultados”; esa noche estaban al frente de la enfermería del pabellón municipal.

“El sobreaforo no fue determinante”

 Según el juez instructor, “lo sucedido en el Madrid Arena fue un proceso de integración y concurrencia de codicias, negligencias, dejación de funciones y, permítase la expresión, actuaciones irracionales y temerarias que dieron como el resultado el fallecimiento de cinco jóvenes, casi niñas, que pudo y debió haberse evitado”. Según los fiscales, hubo “una serie de hechos nucleares, de elementos coadyuvantes, entre los que han citado esta mañana “la falta absoluta de control en la seguridad”, “un desmesurado sobreaforo” y “una falta de atención médica adecuada”.

Sobre el aforo, los fiscales han recalcado que Flores previó una cifra “falsa” de 7.000 entradas y se diseñó el dispositivo de seguridad de acuerdo con esa previsión cuando al final “hubo 20.000 personas” en la fiesta. En realidad, esa cifra también está por determinar, como han insistido los fiscales. Se imprimieron 17.500 entradas, se vendieron más de 5.000 a través de Internet, y “se calcula que pudo haber 23.000 personas” en una fiesta que “se había organizado para 7.000”. Lo que sí parece claro para los fiscales es que el aforo “fue desbordado de manera negligente”, lo que produjo “un riesgo cierto de que algo pudiera ocurrir”. Sin embargo, “no se puede ligar de forma directa” a la muerte de las jóvenes, según la fiscalía”, es “una causa importante pero no determinante”. “Si no, acusaríamos a Flores de homicidio”, han concluido los fiscales.

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