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MANUEL ALCARAZ / CONSEJERO DE TRANSPARENCIA

Alcaraz: “Queremos acabar con los vestigios del nacionalcatolicismo”

Tras entrar en vigor este fin de semana la ley de Transparencia heredada del PP, el consejero analiza su puesta en marcha y la situación que atraviesa Compromís

El consejero de Transparencia, Manuel Alcaraz.
El consejero de Transparencia, Manuel Alcaraz.JOSÉ JORDÁN

Manuel Alcaraz (Alicante, 1958), profesor de Derecho por la Universidad de Alicante, tiene una dilatada carrera política a sus espaldas que siempre ha compaginado con una intensa labor intelectual.  Miembro del Consell General de Compromís por Iniciativa, Alcaraz asumió la Consejería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación el pasado mes de julio. Este fin semana ha entrado en vigor la nueva ley valenciana de Transparencia, que aprobó el PP en solitario el pasado mes de marzo, y que ahora tiene la obligación de desarrollar.

Pregunta. Dentro de su propio Gobierno hay quien tiene dificultades para explicar qué hace la Consejería de Transparencia

Respuesta. Nosotros existimos porque damos respuesta a una de las grandes necesidades de la Comunidad Valenciana y de la Generalitat: reconstruir la credibilidad de la política tras los casos de corrupción del PP de los últimos años. La transparencia y participación se ha convertido ahora en una prioridad fundamental.

P. Usted ha heredado una ley de Transparencia confeccionada por el PP antes de perder las elecciones. Compromís se abstuvo y el PSPV votó en contra. ¿Cómo la va a desarrollar?

R. Tenemos previsto elaborar cuatro reglamentos que aclaren los puntos oscuros de la ley, como la creación de los consejos de transparencia o los consejos de participación que la ley no dice cómo se deben elegir. Es una ley de muy difícil aplicación en algunos puntos. Esperar que todos los ayuntamientos la puedan cumplir no es sensato porque no disponen de los mecanismos informáticos para hacerlo.

Existimos por la necesidad de reconstruir la credibilidad de la política
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P. Con la entrada en vigor de la ley ¿Los ciudadanos a qué información tienen acceso?

R. Hay dos bloques. Por un lado, la publicidad pasiva alcanza a todo documento que obre en poder de una Administración pública, salvo aquellas cuestiones relacionadas con la protección de datos. Y por otro, hay 42 elementos sobre los que hay que realizar una publicidad activa y que la Generalitat, los partidos políticos, los sindicatos y otras organizaciones han de difundir. Ello incluye los bienes y el currículo de los altos cargos, los viajes fuera de la Comunidad Valenciana, los gastos de caja fija, la agenda diaria, que puede tener alguna excepción por respeto a la intimidad, los regalos, y todas informaciones que puedan servir para prevenir la corrupción y el clientelismo, como subvenciones, contrataciones y otras cuestiones relacionadas con su tramitación.

P. Pero usted va más allá y plantea un protocolo de ética y buen gobierno

R. Queremos desarrollar el título dos de la ley, referido a ética y buen gobierno, para definir cuál debe ser el comportamiento de los altos cargos a título individual y cuál el funcionamiento de las instituciones. Por ejemplo, en temas religiosos. El principio general, que están evaluando los técnicos, es que los altos cargos tienen derecho a acudir a actos religiosos según su conciencia , pero no deben acudir corporativamente. La idea es que haya excepciones en actos religiosos cuyos valores históricos o culturales van más allá del hecho religioso, como en el Misteri d’Elx o la romería de la Santa Faz de Alicante, por ejemplo. Se trata de buscar fórmulas que huyan del radicalismo y que permitan mantener una relación fluida con las distintas manifestaciones religiosas. Se trata de acabar con los vestigios del nacionalcatolicismo o el regionalcatolicismo, con la obligatoriedad de derecho o de hecho en determinadas celebraciones.

El consejero Manuel Alcaraz.
El consejero Manuel Alcaraz.JOSÉ JORDÁN

P. La creación de una Agencia Antifraude es uno de los compromisos de l’Acord del Botànic, pero los socios no parecen ponerse de acuerdo. Podemos quiere que este órgano dependa del Parlamento y el PSPV parece cuestionar su necesidad.

R. Cualquier cosa que se apruebe que vaya en la línea de conseguir más transparencia y más participación y que la sociedad se vacune contra la corrupción me parecerá un éxito personal y del Consell, venga de un partido o de una institución. Los enfrentamientos por esta cuestión me parecen ridículos. En el pacto del Botànic existen unas adendas donde se le asigna la iniciativa a Podemos. Me he reunido con Antonio Montiel [líder autonómico de Podemos] hasta en tres ocasiones y barajamos distintas posibilidades. Ellos perseveran en la idea de presentar una proposición de ley en este periodo de sesiones. Si quieren un proyecto de ley, yo me comprometo a prepararlo para el próximo periodo de sesiones para evitar la campaña electoral.

P. El problema parece estar en que no quieren que la Agencia Antifraude dependa del Gobierno.

R. Cuando se dice que la Agencia Antifraude ha de ser independiente estoy completamente de acuerdo, pero no debemos pensar en un órgano que dependa, necesariamente, de las Cortes. En la anterior legislatura, el Consell estaba mejor valorado que el Parlamento por parte de Transparencia Internacional. Luego, que dependa de las Cortes, no es ninguna garantía. Tampoco podemos pensar tampoco en una institución similar a la Sindicatura de Comptes porque no sería un órgano estatutario. A partir de ahí proponemos una Agencia auténticamente independiente que no dependa ni del Consell ni de las Cortes. En el derecho español hay muchos ejemplos. En la agencia de seguridad nuclear, la del mercado de valores o la de protección de datos se garantizan los rasgos propios de la independencia. Pero para que eso funcione hay que contar con la confianza mutua del legislativo y el ejecutivo. En el modelo catalán, el Gobierno propone el director, el Parlamento lo nombra y luego el responsable elegido designa un adjunto.

La Agencia Antifraude ha de prevenir más que perseguir la corrupción

P. ¿Cómo será ese organismo?

R. No vamos a estar en condiciones, por razones presupuestarias, de crear una estructura muy grande. Hay que pensar en un modelo ágil, con técnicos bien preparados y con unas funciones muy claras basadas en prevenir más que en perseguir la corrupción.

P. ¿Cuáles serían entonces las funciones de esa agencia?

R. La agencia no puede convertirse en una especie de Inquisición que presuma que todo el mundo es malo. Hay que crear mecanismos de intervención rápida en casos de sospecha de corrupción. No me preocupa que se solape con la Sindicatura de Comptes porque eso es muy fácil de resolver jurídicamente, lo que me preocuparía es que se solapase con la Fiscalía Anticorrupción y por eso me he sentado con los fiscales para hablar del tema y creen que puede ser un instrumento de colaboración. No nos empeñemos en encontrar gente que no quiere la agencia porque invade sus competencias. Si se encuentra un caso con apariencia de delito la Agencia Antifraude debe cesar la investigación y acudir a Fiscalía, pero los organismos tendrán que colaborar y tener buzones para los funcionarios que observen alguna posible irregularidad que garanticen el secreto.

Tenemos que pagar más de un millón y medio en multas por la mala gestión anterior en materia de cooperación

P. ¿En qué situación está la cooperación al desarrollo?

R. Hemos encontrado una situación de desastre absoluto. Es lo que más vergüenza ajena causa: estar en el mismo sillón que Rafael Blasco (en prisión por el caso Cooperación). La situación heredada es de hundimiento económico y de prestigio, que se ha agravado por las multas que la Generalitat tendrá que pagar por la mala gestión anterior. El anterior Consell concedió arbitrariamente las ayudas y algunas entidades recurrieron a los tribunales y han ganado. Las multas ascienden a un millón y medio de euros.

P. ¿Y la gestión ordinaria?

R. Hace seis o siete años que los responsables de Cooperación dejaron de evaluar los proyectos de forma voluntaria y nos hemos encontrado con un tapón. Si cada año se evaluaban entre 15 y 20 proyectos, en los últimos años solo se evaluó un proyecto, dos o ninguno y ahora tenemos un atasco de 96 millones de euros sin evaluar, lo que es muy grave porque pone en entredicho la credibilidad del sistema y crea problemas a las ONG. Además, antes de elecciones el Consell no hizo nada y no se sacaron las ayudas y el nuevo Gobierno no ha tenido tiempo de sacar la convocatoria con garantías y quedará el año en blanco. La coordinadora de ONG ha mostrado una gran comprensión y hemos negociado con la Consejería de Hacienda que ese dinero se recupere en 2016.

Sería un suicidio separarse porque no haya un acuerdo con Podemos

P. ¿Las ayudas a cooperación qué porcentaje del PIB valenciano representan?

R. Ahora no llega al 0,1%. A finales de año haremos una gran cumbre de la cooperación para evaluar la situación, proponer reformas y modificar la ley. Vamos a hacer un plan para recuperar los fondos en cooperación, porque estamos en la cola. Solo hay dos autonomías por detrás de nosotros y haremos que nuestra evaluación sea externa y la hagan las universidades.

P. ¿Usted es partidario de alcanzar una alianza con Podemos de cara a las próximas generales?

R. La alianza es un instrumento. Yo soy partidario de que Compromís siga avanzando y el objetivo es que logre constituir grupo parlamentario propio en el Congreso y, si fuera posible, en el Senado. Conseguir eso solos entraña alguna dificultad. Si la fórmula para alcanzar esos objetivos es pactar con Podemos y otras fuerzas políticas estoy de acuerdo.

P. ¿Teme que si no hay acuerdo con Podemos los integrantes de Coalició Compromís vayan por separado a las generales?

R. No. Eso sería un suicidio para todos. No está en el pensamiento de ninguno de los dirigentes de Compromís, que tiene fuerza suficiente para presentarse a las generales con garantía de éxito. Otra cosa es que ese éxito pueda multiplicarse si vamos con otras fuerzas. Lo que que sí tendremos que plantearnos cuando acabe este ciclo electoral son fórmulas más ágiles de definición de políticas y designación de candidatos. Probablemente haya que replantearse una refundación del pacto de Compromís porque el actual es muy complicado, aunque siendo complicado hemos avanzado.

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