La CUP de Reus pide 30 años de cárcel para Prat, Pérez y Batesteza

Penas que en ningún caso serían inferiores a los 16 años de cárcel, según la petición de Ara Reus, y que puedan llegar hasta los 30 años en la demanda de la CUP. Son las peticiones de condena que pesan sobre el exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC), y sobre el exdirector general de Innova y antiguo presidente del Instituto Catalán de Salud (ICS), Josep Prat. A igual castigo se enfrenta Jorge Batesteza, el arquitecto al que se encargó supervisar el proyecto del sobredimensionado Hospital Sant Joan de Reus sin que, presuntamente, se respetasen las exigencias legales de contratación de obra pública.

Los contratos entre el arquitecto e Innova, empresa municipal de Reus, fueron adjudicados "con omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido", recogía el juez instructor, Diego Álvarez de Juan, en un auto fechado a finales de julio. Con ello cerraba la instrucción de la pieza 2 del caso Innova y levantaba el secreto de sumario sobre un expediente que consta de 5.000 folios. El auto dejaba un plazo para calificar los delitos y, al filo de caducar el tiempo para hacerlo, los grupos municipales Ara Reus y la CUP, personados en la causa como acusación particular, presentaron ayer los escritos de acusación donde se piden duras condenas contra los supuestos responsables de amaños en la adjudicación de las obras del Hospital Sant Joan.

No llegó a tiempo la representación legal del Ayuntamiento de Reus. Por un tecnicismo formal -un cambio de letrado a última hora-, dispondrá de un plazo extra para presentar el escrito acusatorio. Desde Ara Reus, el partido que instó la querella a la que posteriormente se sumó la CUP y el Ayuntamiento, se habla de "maniobra de distracción" por parte del equipo de Gobierno de Carles Pellicer (Convergència).

Las irregularidades entorno a los trabajos de Batesteza entrañan supuestos delitos de malversación, prevaricación, blanqueo y fraude. La CUP añade a su acusación una presunta pertenencia a organización criminal al considerar que los procesados actuaron de forma concertada e intencionada "con el objetivo de lucrarse a partir de fondos públicos". En esta línea, pide penas en su tope máximo dada la reiteración con que se produjeron los delitos y su gravedad.

Los servicios presuntamente prestados por Batesteza a Innova no corresponden al volumen de facturación presentado. Por cada factura, el arquitecto tenía que haber presentar un informe sobre la evolución de las obras. Se presentaron cuatro informes pero el número de facturas se eleva hasta las 43. Según el juez, el arquitecto no hizo los trabajos contratados con Innova en los términos que recogían los contratos ni consta que hubiera estado en el Hospital Sant Joan de Reus todas las veces que facturó gastos de desplazamiento. Además de estar contratado por Innova para supervisar las obras del hospital, el arquitecto habría firmado un contrato de arrendamiento de servicios con la empresa Euroconsulting como responsable de proyectos. Con lo cual, Batesteza estuvo prestando servicios de asesoría técnica simultáneamente en el seguimiento y control de la obra del nuevo hospital. Según el juez, esta "esquizofrenia contractual" le permitió cobrar 186.000 euros mientras se supervisaba "a sí mismo".

El caso también arrastra a la esposa de Batesteza, Silvia Barberà, a la exdirectora económica de Innova, Ester Ventura, a la secretaria, Natàlia Torrell, al ex director de obras, José Vicente Gómez, y al representante de la UTE constructora, Sergi Luqui.