Mas aparca el consorcio sanitario de Lleida hasta después del 27-S
Salud acepta alegaciones de tipo técnico pero rechaza blindar el acceso de empresas privadas a la gestión de servicios del nuevo ente
El plan del Departamento de Salud de unificar la sanidad pública de Lleida en un consorcio sanitario no verá la luz en esta legislatura. Con el 27-S a la vista, la Generalitat guarda en un cajón hasta después de los comicios un proyecto que le valió más de un desencuentro con ERC, su socio de Gobierno. “No es una marcha atrás. Es un alto en el camino hasta acabar legislatura”, explica la diputada de CDC Violant Cervera.
La oposición en bloque y buena parte de la sociedad civil de Lleida llevan más de un año acusando al Gobierno catalán de servirse del nuevo ente para privatizar la sanidad pública de la provincia. Para los detractores, el consorcio abre la puerta a que empresas privadas gestionen la sanidad pública y supone, de hecho, el desmantelamiento del Instituto Catalán de la Salud (ICS) —uno de sus hospitales, el Arnau de Vilanova, pasaría a formar parte del nuevo ente—. Con un departamento enrocado en seguir adelante, la respuesta de la oposición pasó por sacar varias mociones en el Parlament exigiendo el cese del proyecto y firmar un aluvión de alegaciones ciudadanas en contra.
Sólo cambios técnicos en los estatutos
En un intento por frenar las dudas sobre una privatización, los estatutos del consorcio sufrieron el primer cambio antes del período de alegaciones. Salud cambió el punto que permitía que entes privados sin ánimo de lucro participasen en la gobernanza y fijó el acceso sólo a los públicos.
Tras las alegaciones, Salud aceptó un cambio en el nombre del consorcio y suprimir la referencia a que el ente se regiría por “criterios de rentabilidad y productividad”. Sin embargo, al no aceptar las grandes demandas de la oposición, la Generalitat no ha ahondado en la génesis del conflicto: Salud ha rechazado que la externalización de los servicios sanitarios tenga que tener carácter “excepcional” y estar justificada. También se ha negado a impedir las llamadas alianzas estratégicas entre centros independientemente de su titularidad.
Tras estudiar los argumentos contrarios, el departamento que dirige Boi Ruiz se reunió el pasado jueves con los grupos parlamentarios para presentarles el informe final sobre estos alegatos. De las 42 entidades y personas individuales que presentaron alegaciones a favor (22) y en contra (20), Salud aceptó las propuestas de 17 voces favorables y sólo las de siete detractoras.
Así, todos los cambios en los estatutos responden a elementos técnicos que no inciden en la esencia del conflicto. La Generalitat se ha negado a blindar la entrada de entes privados en la gestión de los servicios sanitarios del consorcio.
Con todo, Cervera mantiene que “la mejor manera de gestionar la sanidad de Lleida es el consorcio” y señala que las suspicacias levantadas ante el proyecto se solucionarán “si se explica mejor el tema”. “Hemos de llegar al final y convencer a los máximos posibles de que es la mejor opción para dar más autonomía al territorio”, apunta. La diputada confirma que su grupo “seguirá apostando por este proyecto” pero matiza que “el que tiene que decir si se tira adelante el consorcio o no es el nuevo Gobierno”.
“Si ganan, hay consorcio”
Por su parte, los grupos de la oposición insisten en que el mensaje que transmitió el Gobierno en esa reunión se traduce en que “paralizan el proyecto hasta después de las elecciones y si ganan lo sacarán adelante".
Ante el temor a que Salud activase el consorcio en agosto aprovechando que el Parlament ya estará disuelto, el Gobierno tuvo que comprometerse el jueves a paralizarlo, aunque deja todo preparado por lo que pueda ocurrir tras el 27-S. “No han rectificado, simplemente lo han frenado hasta las elecciones. Estoy convencida de que si ganan, seguirán adelante y habrá consorcio”, apunta la diputada del PSC Núria Segú. La parlamentaria de ICV-EUiA Sara Vila concuerda con Segú: “Lo han dejado todo listo para la legislatura que viene”.
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