La tasa catalana del cine, en el aire

Todos y cada uno de los contratos de conexión de ADSL que han realizado las compañías de telefonía en Cataluña desde el 1 de enero pasado se han cargado con un canon de 0,25 euros como tasa de cine que se destinará a la industria audiovisual. De momento, ni las compañías –Movistar, Ono, Vodafone y Orange- que son las que lo pagan, ni la patronal que las agrupa, ni la propia Administración han hecho un cálculo de lo que pagado o cobrado por ese concepto.

Un cobro que puede quedar en suspenso en los próximos meses si el Gobierno central interpone el ya anunciado recurso de inconstitucionalidad - y ese tribunal lo admite- contra la ley catalana que introdujo el nuevo gravamen en diciembre del año pasado.

Cultura recibió el pasado 29 de enero una notificación del Ministerio de Hacienda que advierte que si en un plazo de unos seis meses no se encuentra “el cauce de cooperación” y la “solución adecuada” entre las operadoras de telefonía y el gobierno catalán, interpondrán un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Un contratiempo político para el Gobierno catalán y otro peor, con efectos prácticos, para el departamento de Cultura. Porque no hace ni un mes que su titular, Ferran Mascarell, al presentar los presupuestos para este año, afirmaba que en 2015 la industria audiovisual catalana tendría más ayudas porque ya se contaría con unos ingresos extras de 10 millones de euros – de los 20,5 calculados por año- procedentes de la aplicación de la citada tasa.

Al presentar los números, Mascarell concretó que de las subvenciones a los sectores, la parte del león, de 17,2 millones de euros, era para el sector audiovisual que en 2014 se tuvo que conformar con 7,1 millones. En cuanto a los restantes 10,5 millones de euros previstos de la recaudación anual de la tasa que no se computaron en los presupuestos de este año por “razones de prudencia”, según precisó el consejero en el debate del Parlamento catalán el pasado 22 de enero.

Quedó claro aquel día –y el argumento no ha variado- que una hipotética impugnación por parte del Estado de esa tasa tendría efectos negativos sobre la industria audiovisual por la sencilla razón de que Cultura fiaba las ayudas al sector a esos ingresos: “No hay más dinero”, se reafirmaba hoy el departamento de Mascarell. A la Generalitat le duele especialmente que sea el Gobierno el que lo promueva porque solo un recurso interpuesto por él tiene la capacidad de suspender la ley catalana. Eso mismo ocurrió cuando el gobierno de Mariano Rajoy llevó al Constitucional el euro por receta que legislaron Cataluña y la Comunidad de Madrid.

Si el recurso ante el Constitucional es presentado por un particular o, en este caso, por Ametic, la patronal que agrupa a las operadoras, el efecto no es suspensivo de forma inmediata. A la entidad que representa a las compañías de telefonía, por el contrario, el aviso de Hacienda a la Generalitat les ha sonado a música celestial porque les supone una gran ayuda en sus tesis. “Con independencia de lo que haga Hacienda, los servicios jurídicos de Ametic siguen perfilando la acción judicial que se interpondrá contra la tasa en breve plazo”, han señalado desde la patronal. Pese al tiempo que llevan preparando esa acción, todavía no aclaran de qué naturaleza será ni ante que instancia.

Las operadoras y Hacienda comparten un punto de vista: la tasa catalana supone una doble imposición. Ametic mantiene que ya pagan un canon parecido en el ámbito de España que revierte en la industria audiovisual y Hacienda entiende que las operadoras ya pagan IAE e IVA por lo que una tasa más sería una doble imposición.