San Fernando gana 100.000 metros cuadrados de suelos militares
La ciudad debate qué destino dará al terreno de la antigua fábrica de San Carlos
En San Fernando (Cádiz) hay pasos históricos que, al darse, apenas hacen ruido. Es lo que ha ocurrido la pasada semana tras publicar el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la modificación del plan general que convierte en residenciales los suelos de la antigua fábrica de San Carlos. Un trámite que se aguardaba desde hace 14 años y que permite a la ciudad desarrollar, al fin, uno de los muchos terrenos militares que se han ido quedando sin uso. La idea era construir un hotel, 800 viviendas y más de 500 plazas de aparcamiento. Pero aquel viejo proyecto, diseñado antes de la crisis, no llega en el mejor momento.
La fábrica isleña de armamento cerró en 1999. Lo que fue uno de los activos industriales más importantes de la ciudad, es hoy una enorme escombrera, símbolo de la lentitud de la burocracia, sinónimo del declive económico, ejemplo de los sueños caídos con la crisis. La factoría pudo cerrar tras intervenir Sogescar (Sociedad de Gestión de San Carlos), una empresa mixta participada por Unicaja, la constructora Sando y el propio Ayuntamiento con su empresa de suelo y vivienda ESISA. Esta sociedad fue la que puso el dinero, algo más de 11 millones de euros, para hacerse con los terrenos y liquidar al personal, unos 200 trabajadores. Lo que nadie sabía en 2001, cuando esta operación se aprobó, es que 14 años después nada de lo proyectado se habría empezado a construir.
Las complicaciones comenzaron con las negociaciones con el Ministerio de Defensa que, para desafectar aquellos terrenos, obligó a la redacción de un plan especial que todavía no está aprobado definitivamente. Un plan que tenía que resolver cuestiones urbanísticas y de seguridad. A la vez, el Ayuntamiento tenía que redactar una modificación de su plan general, que permitiera recalificar estos suelos para darle categoría de residenciales. Ese visto bueno ha llegado ahora con la publicación en el BOJA.
El Ayuntamiento quiere construir 862 viviendas, un 30% de ellas protegidas
Se prevé la construcción de 862 viviendas, de las cuales un 30% tendrá que ser protegida. De los 132.614 metros cuadrados totales, 104.500 son edificables. El Ayuntamiento ha renunciado en este tiempo a construir 12 grandes edificios en altura y se limita a sólo dos. Hay 20.000 metros para generar actividad económica y otros 30.000 para parques y jardines. Se ha diseñado un hotel que, de momento, no tiene promotor, y entre 523 y 1.045 plazas de aparcamiento en superficie.
El presidente de Sogescar es el concejal andalucista Francisco Romero, como máximo responsable político de ESISA. “El cambio de uso de este suelo pone fin a largos años de trabajo y trámites y acerca más que nunca la puesta en valor y el desarrollo de estos terrenos, por los que pasa el futuro de San Fernando”, ha explicado esta semana Romero. “Nuestra prioridad es crear empleo y esto queda claro en los más de 20.000 metros cuadrados que se destinarán a la actividad económica y en las más 800 viviendas previstas”, añadió. Para que todo esto se haga realidad hace falta aún que se apruebe el plan de reforma interior, cuya redacción todavía no se ha terminado.
Aún así, el PSOE sospecha que la culminación del plan no garantizaría el desarrollo del proyecto. “Llevamos ya mucho tiempo preguntando cuál es la situación económica de Sogescar y el grado de compromiso de cada parte implicada. Es una información que nos han negado”, denuncia la edil socialista, Patricia Cavada. “Queremos conocer la verdadera situación patrimonial de este proyecto, cómo se encuentran los compromisos y deudas asumidas con Sando y Unicaja, el valor del terreno después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y cómo repercute esto en la solvencia económica del Ayuntamiento”. Para Cavada, el modelo del proyecto está “basado en el ladrillo y no da prioridad a lo que realmente necesita San Fernando, que son actividades económicas capaces de generar empleo”. Lo que teme Cavada es que el acuerdo firmado hace 14 años ate de pies y manos al Ayuntamiento para renovar un proyecto surgido en plena burbuja inmobiliaria.
Otros pueblos con sueños
Ha sido una mala semana en Barbate. Los trabajadores del Ayuntamiento se han puesto en huelga porque desde octubre no cobran. La nula capacidad del Consistorio para generar ingresos tiene que ver con el ahogamiento que supone tener sus suelos ocupados por terrenos protegidos por el Parque Natural de la Breña y afectados por la servidumbre del acuartelamiento del Retín. El Ministerio de Defensa blindó el pasado año estos suelos en respuesta a las reclamaciones de recuperación del municipio tras los incendios generados por las maniobras militares.
Ni siquiera un proyecto pequeño, que inicialmente tenía el visto bueno, una piscifactoría que ocupaba 10 hectáreas de las 5.000 con las que cuenta el cuartel, ha salido adelante. Barbate sueña con recuperar parte de esos terrenos para crear empleo y generar ingresos.
Otro municipio vecino con servidumbres militares, Rota, no comparte ese sueño. Convive con la base de uso conjunto hispano-estadounidense. La mayoría de vecinos avala este recinto por sus posibilidades de crear riqueza por la elevada presencia de personal que vive y gasta en la ciudad. Pero también hay demandas no cumplidas. El Ayuntamiento aguarda un informe de Hacienda tras su reclamación de un canon anual en concepto de impuestos nunca pagados hasta ahora. De momento, a pesar de los anuncios del PP, los presupuestos generales del Estado han negado a Rota esa posibilidad.
