Dimiten dos diputados del PP valenciano por el ‘caso Gürtel’
Las renuncias de Ricardo Costa y Yolanda García pueden retrasar el juicio
El Partido Popular ya no tiene imputados por corrupción en las Cortes Valencianas. Ricardo Costa y Yolanda García, los dos últimos (el PP valenciano llegó a tener 10 por diversas causas en la presente legislatura), presentaron ayer la renuncia al escaño de diputado. La dimisión se produjo 17 días después de que ambos fueran procesados por el magistrado José Ceres, quien instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en las piezas en las que se ha investigado presunto delito electoral en el PP de la Comunidad Valenciana y falsedad documental.
Los dos ya exdiputados fueron piezas clave en la estructura del partido durante los años investigados por financiación ilegal (las campañas de 2007 y 2008 del PP de la Comunidad Valenciana), así como por delito fiscal.
Costa ocupó la secretaría general del partido y García fue la tesorera de la organización. De lo investigado durante seis años, subraya el juez en el auto que los procesa junto a otros excargos, los actos organizados por el partido a través de Orange Market, la empresa de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, fueron abonados presuntamente “de forma dual”. “Es decir, que al menos en una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, denominándose en los archivos internos de Orange Market ‘Barcelona’, junto a otra parte que se abonaba de forma legal, en ‘Alicante’ según dichos archivos, mediante emisión de factura”.
Costa, que ha sido diputado en las Cortes Valencianas por el PP desde 1995 y portavoz adjunto del grupo entre 2008 y 2009, afirmó ayer en una nota remitida que su renuncia al escaño “estaba premeditada” y “no ha estado condicionada por ninguna decisión del Tribunal Superior de Justicia”. “Quería hacerlo independientemente de los tiempos judiciales”, añadió.
Por su parte, García aseguró en otro comunicado que adoptó la decisión de dimitir porque así “la oposición va a quedarse sin argumentos para continuar atacando al Partido Popular”. Los partidos de la oposición lamentaron ayer que estas dimisiones llegaran tan tarde y que Costa todavía hubiese sido el defensor de los Presupuestos de la Generalitat en las Cortes Valencianas por parte del PP.
Las renuncias de Costa y García tienen consecuencias en ámbito judicial y en el político. Con la pérdida del aforamiento de los dos últimos procesados, la causa de la financiación irregular del PP valenciano, pendiente de calificación fiscal y juicio, pasará con toda probabilidad del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a la Audiencia de Valencia. Ello supondrá un retraso en el proceso, previsto en 2015. Asimismo, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se libera de la cuerda de imputados que ha lastrado todos sus movimientos de regeneración en el partido desde que Mariano Rajoy lo señaló para sustituir a Francisco Camps al frente del Consell tras su descrédito político por el caso de los trajes. Y sobre todo, recupera pulso en la organización en vísperas electorales.
Los otros imputados
Aunque la bancada del PP en las Cortes Valencianas se ha vaciado de imputados por corrupción, en los escaños todavía quedan tres diputados que mantienen, por otras causas, esta condición. Es el caso de Elisa Díaz González, hija del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, procesada por una falta por lesiones al pegar, presuntamente, a una mujer británica durante una discusión en un albergue de animales tras un enfrentamiento entre perros. Respecto a su procesamiento, Alberto Fabra dijo que “una galleta” no era motivo para dejar el escaño: “Es un desagradable incidente que tendrá que asumir como ciudadano, no como cargo”. Lola Botella es otra diputada con causa abierta por delitos de malversación de caudales públicos por contratar a un letrado en el Ayuntamiento de Carcaixent (Valencia), que preside, casado con una concejal y realizar contratos sin ajustarse a la legalidad. El tercer diputado con una imputación es Felipe del Baño, sustituto de Juan Cotino tras su dimisión. La causa es un posible delito de prevaricación administrativa en el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber (Valencia).
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