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Ceres, el juez tranquilo

El magistrado conservador que apunta a 45 excargos de la Generalitat y del PP en Gürtel fue censurado en su día por archivar la causa contra Camps

Ignacio Zafra
El juez José Ceres llega en abril al TSJ para una declaración de imputados de Gürtel.
El juez José Ceres llega en abril al TSJ para una declaración de imputados de Gürtel.

“Pepe, ésta es tu oportunidad de redimirte”. La frase se la dijo el juez José Flors al también magistrado José Ceres en 2011, cuando la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), a la que ambos pertenecían, acababa de poner en manos del segundo la investigación del grueso del caso Gürtel en Valencia, según fuentes que presenciaron la conversación. Flors era un juez veterano que acababa de sentar en el banquillo de los acusados al entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps. Ceres había sido ponente del archivo, dos años antes, de esa misma causa, que fue corregido por el Tribunal Supremo en un durísimo auto. Muchos desconfiaban de Ceres. Sus compañeros de Sala no se contaban entre ellos.

Las voces que recelaban argumentaban que Ceres no había mostrado el grado de independencia y el carácter necesarios para aguantar la presión que se le venía encima. La causa apuntaba ya al corazón del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV), que gobernaba la autonomía desde 1995. Ceres ha terminado procesando a un exvicepresidente, cinco exconsejeros y 24 antiguos cargos de la Generalitat, y ha abierto juicio contra una parte de ellos. Mantiene imputados a un segundo vicepresidente y a 10 excargos de la Administración autonómica. Y acaba de dejar a un paso del banquillo a cuatro miembros de la cúpula del PPCV en tiempos de Camps.

La carrera de Ceres en el Tribunal Superior valenciano nunca ha sido fácil. Miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, fue elegido para el cargo en 2005 por el Consejo General del Poder Judicial. Tres de los jueces que también se presentaron a la plaza recurrieron el nombramiento alegando falta de motivación.

Tuvo el apoyo del expresidente del TSJ valenciano Juan Luis de la Rúa

El Tribunal Supremo les dio la razón, anuló la designación y ordenó repetir el proceso. Pero Ceres no dejó de integrar la sala diseñada para investigar a los políticos valencianos aforados (diputados autonómicos y miembros del Consell). La razón fue el apoyo de Juan Luis de la Rúa, que era presidente del TSJCV y hacia quien Camps había manifestado su afecto en público. El Consejo del Poder Judicial volvió a celebrar el proceso y escogió de nuevo a Ceres para el cargo a principios de 2009.

En verano de ese año el TSJCV archivó la causa de los trajes contra Camps en una resolución que contó con un voto en contra y dos a favor; los de Ceres y De la Rúa, a quien varias fuentes señalan como padre de la decisión pese a que la ponencia del auto correspondió al primero. "No cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable que necesariamente se realiza en consideración a su función", afirmaba.

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El Supremo revocó la resolución, reprochó al TSJ que su interpretación equivalía a suprimir el delito, y recordó que el cohecho impropio del que se acusaba a Camps, y del que fue finalmente absuelto por un jurado, estaba pensado para cuando un cargo público acepta una dádiva y no es posible conectarla con una contraprestación.

Sus decisiones han generado disgusto y a veces alarma en el PP

El segundo nombramiento de Ceres como magistrado del TSJ volvió a ser recurrido. No fue hasta noviembre de 2011 que el Supremo confirmó definitivamente su plaza. Para entonces, De la Rúa había sido sustituido en la presidencia del Tribunal Superior por Pilar de la Oliva, que estableció mayor distancia con la clase política.

De las seis piezas separadas que componen la rama valenciana de Gürtel, Ceres ha abierto juicio en una, la de los contratos de Fitur, que juzgará el TSJ por decisión del Supremo. Ha concluido la fase de instrucción de otras cuatro piezas: dos por supuesta financiación ilegal, una por delito fiscal y otra por el presunto fraccionamiento de contratos públicos, que parecen abocadas a ser juzgadas por tribunales ordinarios en la Audiencia de Valencia. Y encara la recta final de la pieza restante, relacionada con la cobertura por parte de Ràdio Televisió Valenciana de la visita que el Papa Benedicto XVI hizo a Valencia en el verano de 2006.

En los vídeos de los interrogatorios a imputados y testigos (lleva más de 100), se ve a un juez meticuloso que nunca pierde la calma. Sus decisiones han generado disgusto y a veces alarma entre la vieja guardia del PP valenciano. Pero también en círculos progresistas se han echado a faltar algunos nombres en sus autos. Lo que nadie discute ahora es su independencia.

Sintonía con excepciones

I. Z.

El juez José Ceres, instructor del caso Gürtel en Valencia, y el delegado de la Fiscalía Anticorrupción Jesús Carrasco han compartido casi todas las decisiones en los últimos tres años y medio. La buena sintonía ha tenido, sin embargo, excepciones.

Ceres no aceptó ampliar la investigación sobre financiación ilegal (delito electoral) a la campaña de Paterna en 2007. El magistrado admitió que podían existir indicios de delito por el presunto pago de actos electorales de los populares por parte de empresas constructoras. Pero rechazó hacerse cargo porque en la denuncia no había empresas de la trama Gürtel ni aforados, y por ello no era competente.

El otro conflicto de calado también fue por la competencia. Tras la dimisión de dos diputadas, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano envió a la Audiencia Provincial el juicio de la pieza separada de Gürtel sobre las adjudicaciones a Fitur. El fiscal recurrió y pidió mantenerlo en el TSJ, al considerar que las renuncias de las aforadas días antes del juicio había sido un "fraude de ley" para cambiar de órgano jurisdiccional. Y el Supremo terminó dándole la razón a la Fiscalía.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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