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La Generalitat tarda casi dos meses en pagar a sus proveedores de educación

El Ejecutivo catalán alega que Hacienda “limita” sus “decisiones financieras”

Lluís Pellicer

Los proveedores del Gobierno de la Generalitat tardan una media de 39,42 días a cobrar sus facturas. Ese es el cálculo publicado ayer por el Departamento de Economía y Conocimiento, que lo ha calculado mediante la metodología fijada por Hacienda. Esta, no obstante, supone que las Administraciones excluyan los 30 primeros días de vida de la factura desde su entrada en el registro administrativo, por lo que en realidad las empresas tardan una media 69,42 días a cobrar.

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La morosidad de la Administración catalana es superior en el caso de los proveedores de educación. Según los datos de la Generalitat, estos perciben su deuda a los 57,35 días (87,35 días desde la presentación de la factura). Las empresas relacionadas con el ámbito sanitario cobran en 41,81 días (71,81) y los servicios sociales lo hacen en 6,41 (36,41). Estos datos corresponden a las deudas con proveedores hasta el 30 de septiembre, lo cual no incluye algunos impagos a entidades sociales anunciados durante octubre. Para el resto de los proveedores comerciales, el periodo medio para satisfacer los pagos es de 39,10 días (69,10).

La Generalitat expresó en un comunicado su “máxima voluntad de realizar los pagos pendientes” pero afirmó que sus decisiones “en materia financiera” están “ampliamente limitadas” por las “exigencias impuestas desde el Estado”. En concreto, la Generalitat cita cuatro: las derivadas de la adhesión a mecanismos de liquidez; la ley de Estabilidad Presupuestaria —votada por PP, CiU y UPyD—; los objetivos de déficit y los de deuda pública. En caso de que una comunidad supere durante más de dos meses los 30 días fijados por ley, el Gobierno podrá retener fondos del sistema de financiación.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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