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Ojeda se une a la petición para apartar a la juez del caso de la formación

El exconsejero se adhiere a la Junta al estimar que se vulneraron las normas de reparto

Javier Martín-Arroyo
El exconsejero Ángel Ojeda, tras su detención este verano.
El exconsejero Ángel Ojeda, tras su detención este verano. EDUARDO RUIZ

Tras la iniciativa de la Junta para apartar a la juez Mercedes Alaya de la causa de los cursos de formación, ayer el exconsejero del Gobierno andaluz Ángel Ojeda —imputado junto al exconsejero Antonio Fernández— se adhirió al escrito del Ejecutivo tras la admisión a trámite de la juez.

La Junta presentó su escrito al estimar que se había vulnerado el derecho al juez natural predeterminado por ley. La razón es que el testigo clave de la causa, el funcionario Teodoro Montes, aclaró recientemente que en el verano de 2013 acudió al juzgado de Alaya y allí le indicaron que fuese a la Guardia Civil. Tras tomarle declaración como testigo, los agentes presentaron su testimonio ante Alaya, quien abrió la causa. Todo ello sin que el caso fuera a reparto en el decanato de los juzgados, una norma habitual y necesaria por la que cualquier otro magistrado podría haber iniciado las actuaciones.

Ahora el abogado de Ojeda, Juan Carlos Alférez, considera que la causa debe ser anulada “por existir resoluciones dictadas por un órgano judicial distinto al que le hubiera correspondido por normas de reparto”, en función del artículo 68.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

“Se constata la vulneración de las normas de reparto que siempre y bajo cualquier circunstancia, a que las denuncias y atestados policiales sobre investigaciones no judicializadas, sean turnadas a reparto mediante acuerdo del juez decano”, argumenta Ojeda, que cita cuatro normas de reparto vulneradas. La defensa del exconsejero recuerda que la competencia de la causa corresponde al juzgado —probablemente el 4 de Instrucción de Sevilla— al que por primera vez Montes presentó su denuncia, que fue archivada.

Al margen de la previsible argumentación de Alaya para tumbar el escrito de la Junta, el pronunciamiento de la fiscalía —a favor o en contra— será clave en este asunto.   Está por ver si más adelante la Audiencia considera que la Junta puede recurrir la decisión de Alaya o este paso procesal resulta imposible, dados los escritos precedentes similares.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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