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FRAUDE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN

El exconsejero Ángel Ojeda recurre para evitar que Alaya asuma su caso

La defensa sostiene que la juez no tiene competencia para investigar las ayudas

El exconsejero Ángel Ojeda, a su salida de los juzgados de Cádiz este agosto.
El exconsejero Ángel Ojeda, a su salida de los juzgados de Cádiz este agosto.e. ruiz

El exconsejero y empresario Ángel Ojeda considera que la investigación sobre las ayudas que la Junta de Andalucía le concedió para los cursos de formación debe permanecer en el Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz, que se ha inhibido en favor de la juez sevillana Mercedes Alaya. La magistrada ha imputado a Ojeda en la macrocausa que tiene abierta sobre los cursos de formación desde el año 2001.

Ojeda ha recurrido el auto de inhibición del magistrado de Cádiz Miguel Ángel López Marchena, entre otros argumentos porque no está acreditado que Alaya comenzara a investigar antes los hechos que se analizan. Además, Alaya pone el foco en la concesión de las ayudas por parte de la Consejería de Empleo, mientras López Marchena se centra en la gestión de las ayudas que hizo Ojeda para hacer los cursos.

El exconsejero ha presentado un recurso ante el juzgado gaditano para que revoque su decisión de enviar la causa a Alaya. El principal argumento esgrimido es que no está acreditado que dos juzgados diferentes estén investigando los mismos hechos. “No existe acreditación suficiente de que el juzgado de Sevilla se encuentre investigando las mismas y exactas subvenciones” que relató la policía en un atestado, expone el escrito de defensa. Ojeda subraya que los juzgados investigan subvenciones excepcionales concedidas por la Consejería de Empleo, pero también otras concedidas a empresas suyas por el delegado de este departamento en Cádiz.

Dos juzgados ya se han inhibido en favor de la instructora de los ERE

“Por el cierto caos o desorden definitorio en torno a cuáles sean con claridad los objetos procesales de ambas investigaciones criminales y salvo que aceptemos la intolerable premisa de que una persona o un grupo de empresas pueda ser investigada indiscriminada, ampliamente, sine die, de manera prospectiva e indagatoria hasta encontrar pruebas de delito (…) no existe acreditación de que en juzgados diferentes se estén investigando los mismo hechos”, expone Ángel Ojeda.

Es la segunda vez que el empresario recurre el envío de una investigación a Alaya. En la causa que tiene abierta en los juzgados de Algeciras por unos cursos de formación, también recurrió ante el juez que se inhibió y posteriormente ante la Audiencia de Cádiz, que aún debe resolver la cuestión. La Guardia Civil alertó en un informe de la falta de eficacia que podía tener esta investigación, que han iniciado varios cuerpos policiales y jueces de la comunidad. La decisión que adopte la Audiencia de Cádiz sobre quién debe asumir la causa de Ojeda es relevante porque marcará el camino a casos similares. En caso de que las discrepancias jurisdiccionales se prolonguen, será el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que resuelva quién investiga los cursos de formación.

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En su recurso ante el juzgado de Cádiz, Ojeda se queja de que no esté acreditado que Alaya comenzara su investigación antes que López Marchena, ya que el auto de la instructora no incluye la fecha de inicio de las pesquisas. “Lo parcialmente relevante no es la fecha de apertura sino la fecha concreta en la que un juzgado pueda acreditar que investiga una concreta y exacta actividad delictiva contra una persona o empresa determinada”.

Además, el empresario esgrime que “en todo caso es Cádiz el territorio” donde se han impartido los cursos de formación y donde se habrían cometido “las presuntas irregularidades”.

Por orden del juzgado gaditano, la policía detuvo a Ojeda el pasado 6 de agosto acusado de falsedad, fraude en subvenciones y apropiación indebida y, tras prestar declaración, salió en libertad. Un mes después la fiscalía promovió la inhibición de este órgano judicial a favor de Alaya. Finalmente el 24 de septiembre López Marchena se inhibió a favor de Alaya. La juez no esperó la resolución del magistrado gaditano, y 10 días antes de su inhibición ya había imputado a Ojeda por prevaricación y malversación continuados. Alaya le acusa de recibir 33 millones en subvenciones excepcionales a la formación y la contratación a través del grupo Prescal.

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