El Gobierno propone que Eudel sea un actor más en el Consejo de Finanzas

Los ayuntamientos vascos tendrán, si el trámite de enmiendas no lo cambia, tres representantes en el Consejo Vasco de Finanzas, el mismo número de miembros que tiene el Gobierno en ese foro, y las diputaciones. Es decir, dejarán de tener opinión con un representante, a disponer de capacidad de veto en aquellos todos los acuerdos relacionados con el listado de 37 competencias, que el proyecto de ley que ayer mismo empezó el trámite parlamentario, atribuye a los municipios.

Ese nuevo papel convierte a los ayuntamientos, después de 35 años de intentos de regular la actividad y la financiación municipal, en un actor más en el órgano fundamental que regula los flujos económicos entre administraciones, y por fin elimina la tutela que hasta ahora ejercían las diputaciones al decidir prácticamente sin contrapesos, las asignaciones económicas para los entes locales.

Las decisiones del CVF se adoptarán por mayoría absoluta, pero los votos tendrán que integrar por lo menos a un representante de cada nivel institucional representado, e incluso el Gobierno se retirará en aquellos asuntos de estricta negociación entre ayuntamientos y diputaciones.

Los ayuntamientos tendrán que elegir a los tres representantes de la asociación mayoritaria municipal, actualmente Eudel, pero no se cierra la puerta a que en el futuro pueda ser otra asociación la que tenga esa mayoría, y será después el lehendakari el que ratifique formalmente el nombramiento de los tres elegidos. Ese proceso interno agita también las aguas de la propia Eudel ya que el voto en el Consejo de Finanzas podría no ser colegiado. De momento la presidencia de Eudel está en manos del PNV, pero EH Bildu debiera de tener una importante representación en esa futura terna.

Erkoreka dijo ayer que el texto no invade competencias de los territorios históricos en cuanto al reparto de la financiación local, —en referencia a las críticas lanzadas por el diputado general de Álva, Javier de Andrés— algo que queda expresamente especificado en el proyecto.

Entre las competencias propias que el anteproyecto atribuye a los municipios, figura la gestión de la protección civil y emergencias, de las viviendas de protección pública, del tráfico, la seguridad vial, los servicios sociales, equipamientos, turismo, planes locales de empleo, políticas de igualdad de género o comercio interior, entre otras.

La financiación de las competencias municipales estará “garantizada”, aunque las cuantías dependerán, al igual que sucede con la financiación del Gobierno vasco, de los ingresos que recauden cada ejercicio las haciendas forales. En el apartado de instrumentos de participación ciudadana del anteproyecto se especifica que, de conformidad con la legislación estatal, los alcaldes, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos.