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Mas delega en los voluntarios para diluir su responsabilidad en el 9-N

El recuento de votos y la logística de la votación continuarán en manos de la Generalitat

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De Gispert, Mas y Rigol en la reunión del Pacto por el Derecho a Decidir.

El Gobierno catalán hizo ayer una última pirueta para garantizar que mañana, pese a la suspensión del Tribunal Constitucional, haya urnas en los colegios electorales catalanes en las que votar sobre la independencia. La Generalitat, a través de la mesa de entidades agrupadas en el Pacto por el Derecho a Decidir, aseguró que mantiene la “responsabilidad” de la organización del 9-N pero que la “ejecución” de la jornada quedará en manos de voluntarios. El Ejecutivo de Artur Mas espera que el Gobierno de Mariano Rajoy interprete este gesto como un cierto paso atrás y se abstenga de ordenar a la Fiscalía que actúe para pedir la retirada de las urnas.

La Generalitat ha reclutado el último mes a 40.900 voluntarios que, en principio, se harán cargo de las mesas electorales y la logística de la jornada. Sin embargo, el Gobierno de CiU siempre ha mantenido que sí hará el recuento de votos y proclamará los resultados. Ese punto del recuento el que la Generalitat dejó ayer intencionadamente en el aire, en un intento de lanzar el mensaje de que el operativo está listo y puede ejecutarse sin intervención de cargos o funcionarios. Fuentes conocedoras de la reunión aseguran, sin embargo, que Mas confirmó a puerta cerrada a los miembros del Pacto por el Derecho a Decidir que su Gobierno se ocupará de todo el dispositivo, incluido el recuento. Y Josep Rull, coordinador general de Convergència, afirmó en TV3: “El Govern dará los resultados. Lo hará la institución”.

Artur Mas se reunió en el Parlament con las entidades del Pacto por el Derecho a Decidir, formado por 3.000 asociaciones. El coordinador del Pacto, Joan Rigol, matizó a la salida que la organización del 9-N ha sido posible gracias al “entramado” formado por Generalitat y partidos y entidades proconsulta, pero que serán “voluntarios” los que ejecuten el proceso. Rigol insistió en que la responsabilidad “hasta el final” y “hasta las últimas consecuencias” sigue siendo del Govern: “La Generalitat no da un paso atrás, todo continúa pero con más interdependencia de responsabilidades”.

UPyD y Manos Limpias piden a Mariano Rajoy que actúe contra la consulta

La Generalitat ni confirmó ni desmintió lo apuntado por Rigol. De hecho el Gobierno catalán ha optado por bajar el tono los últimos días y limitar al máximo las apariciones públicas de Mas. La intención, según fuentes de Convergència Democràtica, es dejar pasar las horas sin incomodar más al Gobierno y poder celebrar la votación sin sobresaltos. Los problemas legales, que pueden ser graves, se afrontarán el lunes. La Generalitat sigue trabajando en el dispositivo de mañana, especialmente para garantizar la apertura de los centros de voto.

El Gobierno ya dejó caer el jueves que tolerará la consulta si la Generalitat se aparta de su organización, aunque ayer no quiso aclarar qué hará en el caso de que la Generalitat sí intervenga. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó a instar a Mas a cumplir la ley. También le exigió que no ponga a los funcionarios en la tesitura de actuar en contra de las decisiones de los tribunales. “Si él considera que está por encima del bien y el mal, por encima de la ley, que no haga que ni un solo funcionario adopte actitudes que le generen la más mínima intranquilidad”, reclamó.

Partidos y entidades contrarios a la consulta sí pidieron actuaciones concretas al Gobierno. Rosa Díez (UPyD) aseguró que el Gobierno actuará como “cómplice” si no impide el acto de “desobediencia” de mañana. La entidad Societat Civil Catalana llamó a los catalanes a no participar en la votación al ser solo “propaganda del independentismo”. El sindicato Manos Limpias planteó llevar al Gobierno de Rajoy ante los tribunales por hacer “dejación del principio de autoridad”.

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