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Nadal, imputado por favorecer a Lara en una operación urbanística

La juez cita a declarar al exconsejero de Obras Públicas el 21 de noviembre

Masia en Santa Cristina d'Aro que compró la familia Lara en 2006. Ampliar foto
Masia en Santa Cristina d'Aro que compró la familia Lara en 2006.

Joaquim Nadal, exconsejero de Obras Públicas con el tripartito y exdirigente histórico del PSC, ha sido citado a declarar como imputado por “estafar” a una empresa en una operación urbanística para favorecer al editor José Manuel Lara. La juez que investiga el caso le ha citado para el próximo 21 de noviembre junto al exgerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) Emili Mas, según la resolución judicial.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido la imputación de Nadal al considerar que el exconsejero “promovió las negociaciones” pertinentes para modificar los usos de una zona de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà) donde inicialmente iba a construirse un polígono industrial. Con prisas que los investigadores ven injustificadas, el área pasó a considerarse “zona verde” supuestamente para beneficiar al empresario que, según los datos que obran en la causa, acababa de comprar allí una masía por 6,5 millones de euros.

En octubre de 2006, el Incasòl -del que Nadal era presidente- firmó un convenio con el Ayuntamiento y con la empresa que iba a desarrollar el polígono, Varal Real Estate. El acuerdo preveía trasladar el polígono a otra zona, la de Bernades, que tenía un pequeño problema: era “inundable”, por lo que su desarrollo urbanístico resultaba imposible. El fiscal sospecha que Nadal y el exalcalde de Santa Cristina, el socialista Ricard Herrero, “tenían conocimiento” de esa circunstancia y la “ocultaron” a la empresa. De ahí el delito de “estafa consumada”, recoge el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Apenas cuatro meses antes de la firma del convenio, el presidente del grupo Planeta y su familia habían comprado allí una masía llamada Can Dalmau y un terreno forestal adyacente. La Guardia Civil y Antiorrupción creen que la protección de la zona, ubicada en el valle de Solius, no vino motivada por una especial sensibilidad medioambiental de los responsables políticos, sino por la conveniencia de hacer un favor a un importante empresario. Los tratos con Lara se mencionan en un escrito del fiscal del pasado junio, pero no en el informe en el que solicita las imputaciones, que se limita a describir los “indicios” del delito de estafa.

La investigación, dirigida por la titular del juzgado de instrucción número 25 de Barcelona, Elena Carasol, nació hace dos años, cuando Varal presentó una querella al considerar que el engaño le había impedido desarrollar el polígono y le había hecho perder entre 20 y 25 millones. Nadal ya tuvo que dar explicaciones ante la Guardia Civil. El exconsejero alegó entonces que “con la compra” de los terrenos de Varal “se aseguraba preservar íntegramente el valle Solius”. Los investigadores, sin embargo, dudan de que ese fuera el objetivo, ya que el plan de hacer un polígono se conocía desde 2004 y ni siquiera la fuerte oposición vecinal -que pretendía salvar la zona por su interés paisajístico y ambiental- logró que se cambiaran los planes.

Los hechos pueden suponer “un manejo irregular de fondos públicos”

Las negociaciones de 2006, con la familia Lara ya en Santa Cristina, fueron “promovidas” por Nadal. En su declaración ante la Guardia Civil, el exalcalde afirmó que la idea le fue sugerida por el exconsejero del PSC en una reunión que ambos mantuvieron en Barcelona. Los testigos y diversos informes ratificaron ante los agentes, además, que la inundabilidad de la zona de Bernades “era conocida”. El Incasòl, por otro lado, pagó 7,5 millones de euros a Varal para quedarse con la mitad de sus terrenos en la “zona verde”. El fiscal no menciona esas cantidades, que sí aparecen detalladas en el extenso informe de la Guardia Civil en el que se basa toda la investigación. El informe recuerda que los técnicos desaconsejaron la compra, porque no era viable económicamente y porque se pagó el triple de su valor.

Nadal explicó ayer, tras conocer su imputación, que el asunto “no tiene nada que ver con Lara” y defendió que su actuación se produjo “en defensa del interés público”. “Actuamos para preservar la integridad ambiental del valle de Solius” y en respuesta a “una amplísima demanda social representada por la plataforma Salvem Solius y por los monjes de Santa Maria”. El exconsejero expresó a EL PAÍS su confianza en que la decisión de “salvar el valle de Solius” no es delito y “se ajusta a derecho”.

Nadal en Girona. ampliar foto
Nadal en Girona.

El fiscal también había solicitado la imputación del exalcalde Herrero -que falleció el pasado mes de marzo- y del exgerente del Incasòl, Emili Mas, que ha sido citado a declarar pero por otro delito (prevaricación) en la firma de un convenio relacionado. Mas ya estuvo implicado en el caso Pretoria, de presunta corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, aunque finalmente su causa acabó archivada.

En agosto de 2006, la empresa pública y el consistorio firmaron un convenio por el que el Incasòl se comprometía a abonar, por adelantado, 1,2 millones de euros por el 5% del aprovechamiento urbanístico del futuro sector industrial. El dinero debía ser devuelto en cuatro años si no se aprobaba el cambio de planeamiento. “A pesar de que el desarrollo urbanístico de la zona no ha tenido lugar tanto por su inviabilidad económica como por los informes negativos de la Agencia Catalana del Agua”, concluye el fiscal, “el Ayuntamiento no ha devuelto la cantidad recibida”, recoge el escrito.

Anticorrupción reprocha al Incasòl que adelantara el dinero “a sabiendas de que la zona de Bernades no era susceptible de desarrollo urbanístico”. Los hechos pueden suponer “un manejo irregular de fondos públicos” y “un posible delito de prevaricación”. Sobre todo, sigue el fiscal, si se tiene en cuenta que “el Ayuntamiento regaló, sin facultades para ello, el 5% del aprovechamiento” al Incasòl, cuando por ley debió haber sacado a subasta pública.

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