Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

El fiscal cree que Nadal favoreció a Lara en una operación urbanística

El exconsejero impulsó una “zona verde” donde el presidente de Planeta posee una masía

Joaquim Nadal.
Joaquim Nadal.

Joaquim Nadal, dirigente histórico del socialismo catalán y exconsejero de Obras Públicas de la Generalitat con el tripartito, pudo haber participado en una “estafa” millonaria a una promotora inmobiliaria para favorecer al editor y empresario José Manuel Lara. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Nadal “promovió las negociaciones pertinentes” para firmar en octubre de 2006 un convenio que trasladó la ubicación de un futuro polígono industrial en Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà).

El fiscal Fernando Maldonado y la Guardia Civil sospechan que la preservación como “zona verde” de un área conocida como Molí d’en Reixac no vino motivada por la sensibilidad medioambiental de los dirigentes políticos, sino que pretendía favorecer los intereses del presidente del grupo Planeta y su familia, que apenas cuatro meses antes de la firma del convenio habían comprado allí una masía llamada Can Dalmau —y un terreno forestal adyacente— por 6,5 millones de euros.

El convenio bajo sospecha lo suscribieron el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), el Ayuntamiento y la empresa Varal Real Estate, que debía desarrollar el polígono en una nueva zona, Bernades. El problema de esa nueva ubicación es que era “inundable” y no se podía edificar. Tanto Nadal como el exalcalde de Santa Cristina, el socialista Ricard Herrero —fallecido el pasado marzo—, “tenían conocimiento de la inundabilidad y lo habían ocultado a la otra parte”, recoge el informe del fiscal, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El caso nació hace dos años, cuando Varal presentó una querella al considerar que el engaño le había impedido desarrollar el polígono y le había hecho perder entre 20 y 25 millones. Un juzgado de Barcelona lo investiga y Nadal ya ha tenido que dar explicaciones ante la Guardia Civil. Anticorrupción sopesa ahora pedir a la juez que le cite a declarar como imputado por irregularidades en la operación urbanística.

Incasòl pagó “el triple” de lo aconsejado por los terrenos de Santa Cristina

En 2004, Santa Cristina aprobó la transformación de Molí d’en Reixac en polígono industrial. La zona forma parte del valle de Solius, de interés paisajístico y ambiental. Los vecinos se movilizaron a través de la plataforma Salvem Solius e intentaron, sin éxito, parar el proyecto. El Consistorio halló un aliado: Varal, que un año después se hizo con la propiedad del sector por seis millones “para desarrollar sus planes industriales”, detalla el fiscal.

Todo cambió repentinamente —y a gran velocidad— en 2006: el Ayuntamiento decidió que quería declarar el área como “de valor paisajístico y zona verde” y llevar el polígono a otra parte. El “detonante del cambio de postura” no fue la oposición de Salvem Solius, razona el fiscal, sino “la adquisición por parte de Lagobar de la finca Can Dalmau, próxima a aquella zona”. Lagobar está administrada por Marta Lara, una de las hijas del editor. La empresa logró incluso autorización municipal para modificar un camino que cruzaba la finca y construir un puente, precisa el informe.

Las negociaciones para sellar el convenio de octubre de 2006 fueron “promovidas” por el exconsejero, dice el fiscal. La tesis se apoya, en parte, en las declaraciones del exalcalde Herrero ante la Guardia Civil: la propuesta, dijo, partió de Nadal y del ex director general de Urbanismo, Joan Llort, durante una reunión en Barcelona. Inicialmente, ambos habían aprobado, sin objeciones, que Molí d’en Reixac fuera zona industrial. En su declaración en la comandancia, el exconsejero del PSC dio su versión: “Cuando el Gobierno ve que el planeamiento de Molí d’en Reixac es de ejecución inminente, es cuando se da cuenta del valor paisajístico de la zona, surgiendo la voluntad de detener su desarrollo, por el riesgo que las obras comportarían para este valor”.

El resultado del convenio fue que Varal vendió la mitad de su propiedad en Molí d’en Reixac al Incasòl por 7,5 millones de euros, renunció a desarrollar el polígono allí y adquirió derechos en el nuevo emplazamiento.

Los informes elaborados por el Incasòl —el organismo estaba presidido por Nadal— no acreditaron la viabilidad económica de la operación de compra

El fiscal no entra a analizar el desembolso de los 7,5 millones de dinero público, pero sí lo hace el extenso atestado de la Guardia Civil en el que basa sus conclusiones. Los informes técnicos elaborados en su día por el Incasòl —el organismo estaba presidido por Nadal, que también era máximo responsable del consejo de administración— no acreditaron la viabilidad económica de la operación de compra. Los técnicos desaconsejaron la compra porque había terrenos en zonas más interesantes por 40 euros el metro cuadrado y la empresa pública acabó pagándolo a 124 euros.

El ex director del Incasòl Emili Mas elevó el informe negativo al consejo, que, pese a todo, lo aprobó. Nadal declaró que no conocía ese documento. La Guardia Civil reprocha, sin embargo, que la Generalitat quiso comprar terrenos en el área de Molí d’en Reixac “a cualquier precio y por cualquier procedimiento” y que pagara, de hecho, “el triple” del valor máximo recomendado. En apoyo de esa ideas se expresó el coordinador de administración patrimonial del Incasòl, Jorge R.: el organismo “desatendió” el informe “por alguna razón” que ignoraba.

Los agentes se cuestionan “la repentina voluntad” de preservar la zona y “por qué motivos no surgió ese interés en 2004”. El exalcalde Herrero, de hecho, les explicó que desde los años noventa se quería instalar un polígono en Molí d’en Reixac, y que jamás se habló de la necesidad de preservar la zona. Nadal insistió en que “con la compra se aseguraba preservar íntegramente el valle Solius”. Pero ese objetivo, oponen los investigadores, no figura en ninguno de los documentos que sirvieron para formalizar la compra de los terrenos.

La administradora de Varal, Elisabet Batet, señaló a los investigadores que había una “gran presión institucional” por parte de Nadal e insistió en que no conocían que la zona era inundable. Esa ocultación es el “pilar fundamental para mantener la existencia de un posible delito de estafa, señala el fiscal.

“La inundabilidad del sector era conocida”, según han explicado los testigos. Además, al menos dos informes —ambos elaborados antes de la firma del convenio— avalan esa tesis. Uno de ellos, del gerente Jordi C., precisaba que Bernades estaba afectada de inundabilidad en un 80%. El otro, de David M., detalló el “alto riesgo de inundación”. El exalcalde admitió que conocía ese informe. Nadal lo negó.