El Consell impulsa una ley de señas de identidad para proteger los toros
Gobernación primará a peñas taurinas y entidades secesionistas del valenciano
El Gobierno valenciano, que preside Alberto Fabra, busca cambiar el paso para salir de los escándalos de corrupción que tiene el PP en los juzgados y la poca influencia del Consell en Madrid. El consejero de Gobernación, Luis Santamaría, anunció ayer, al término de la reunión semanal del Consell, que en las próximas semanas aprobarán un anteproyecto de ley de Protección de las Señas de Identidad que tiene dos objetivos fundamentales: blindar los espectáculos taurinos (el bou embolat y los bous al carrer) como bien de interés cultural y apostar por “la individualidad de la lengua valenciana”.
La ley que prepara el Consell en defensa de las señas de identidad —que no tiene ningún precedente legislativo en España, según reconoció Santamaría— incluirá referencias a la gastronomía, las fiestas populares, las bandas de música, los eventos taurinos, los monasterios de La Valldigna y El Puig y todos aquellos aspectos que, según el PP, conforman los elementos que dotan de personalidad a los valencianos.
Con esta regulación legislativa, el Gobierno valenciano pretende redoblar la presión sobre aquellas iniciativas que, a su entender, “atenten contra las señas de identidad del pueblo valenciano”. Para ello, el borrador actual incluye la creación de un observatorio, controlado por la Consejería de Gobernación, que primará, entre otras entidades, a las peñas taurinas y a colectivos secesionistas como la Real Academia de Cultura Valenciana, que no reconoce ni los títulos de la Junta Qualificadora del Valencià ni los criterios de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), entidad estatutaria que no tendrá representación en el citado observatorio.
Un observatorio “vigilará” a quienes atenten contra las señas de identidad
Santamaría no aclaró el alcance sancionador de la ley que prepara el Consell pero recalcó que “no es una ley contra la AVL, ni está pensada para quitarle las subvenciones”. “No incluye una definición filológica de la lengua ni es una ley para enseñar a la gente a hacer la paella”, indicó. El consejero enfatizó la protección que la ley pretende otorgar a los “espectáculos taurinos, porque tienen una tradición histórica” y cada año congregan a unos siete millones de asistentes.
El Consell trabaja todavía la redacción de la ley para evitar que le suceda lo mismo que con la implantación de la asignatura Cultura Valenciana. Una asignatura destinada a los alumnos de quinto de Primaria, cuyo temario tuvo que rectificar la Consejería de Educación al mes de publicarse porque había omitido la paella, el Tribunal de las Aguas, la Muixeranga y el Misteri d’Elx. El temario sigue hoy abierto a la inclusión de nuevos elementos culturales autóctonos.
El interés del PP por proteger las señas de identidad valenciana se produce después de que Fabra decidiese el cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y de la pérdida de peso del valenciano en el sistema educativo público con la implantación del trilingüismo. En este contexto, la consejera portavoz, María José Català, indicó que el Consell todavía “no ha adoptado ninguna postura respecto a la iniciativa legislativa popular” suscrita por 90.000 ciudadanos que reclaman la reapertura de RTVV.
Gastos “poco decorosos” y una sola enmienda
El Consell que preside Alberto Fabra sigue pendiente de la herencia recibida de los gobiernos de Francisco Camps. La consejera portavoz, María José Català, tuvo que admitir ayer que el Gobierno valenciano no valora los gastos “poco decorosos” realizados por altos cargos del PP con cargo a las cajas fijas de la Generalitat.
“En este momento, esta Administración, este Gobierno ha puesto todas las medidas oportunas para que esto deje de pasar y, posiblemente, seamos la Administración que más medidas restrictivas del gasto por estos conceptos está aplicando en España”, argumentó Català, que añadió: “Podemos responder de nuestro trabajo, que es austero, transparente y eficiente”.
Català aseguró que hoy en día la oposición tiene más información que nunca y que no tiene inconveniente en dar el registro telemático que existe de las cajas fijas a la oposición. “Lo que no podemos hacer de golpe es dar toda la documentación de todas las consejerías de la Generalitat desde 2006 hasta hoy”, indicó la portavoz pese a que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que les insta a ello. La oposición se queja de que el registro telemático incluye el concepto pero, por ejemplo, no se puede saber si el gasto de un almuerzo fue de un solo comensal o de varios.
Si la polémica de las cajas fijas preocupa al Consell, tal y como reconoció Català, la poca colaboración del Gobierno de Mariano Rajoy para mejorar la imagen del Consell tampoco se queda atrás.
La consejera admitió que solo podrán sacar una enmienda en la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015. Se trata de una enmienda de cinco millones de euros destinada a la modernización de regadíos que estaba comprometida por el entonces ministro Miguel Arias Cañete en el anexo del plan de cuenca del Júcar y que el Ministerio se olvidó de consignar en las cuentas del Estado para 2015.
Por otra parte, el consejero de Gobernación, Luis Santamaría, indicó que ya ha remitido la investigación reservada a la Fiscalía para que investigue si hubo algún delito en el interrogatorio del jefe de seguridad del Palau de la Generalitat a un asesor del vicepresidente en busca del topo. El número dos de la Policía Autonómica, mientras tanto, sigue en su puesto pero apartado de las funciones de jefe de escoltas.
