El testigo clave de la formación se desdice de sus principales acusaciones

El testimonio de Teodoro Montes, testigo clave de la macrocausa sobre los cursos de formación que instruye la juez Mercedes Alaya, se ha agrietado hasta resquebrajarse. El funcionario se desdijo de gran parte de sus acusaciones anteriores, principalmente de la petición de mordidas desde la patronal andaluza y los vínculos entre el caso ERE y los cursos de formación. Pero sobre todo eludió de nuevo ofrecer pruebas sobre sus graves acusaciones contra los agentes sociales y la fundación pública de la Junta Faisem, a la que imputó haber maltratado y anestesiado a enfermos mentales.

El frenazo en seco de Montes, que dijo blanco y negro en dos jornadas consecutivas, supone un punto de inflexión para la causa, que hasta ahora había pivotado en gran parte sobre sus graves acusaciones. La Guardia Civil argumentó ante Alaya que esta debía exigir a la Junta toda la documentación de los cursos de 2001 a 2012, dados los indicios de corrupción que incluía su testimonio.

El funcionario ya dio su primer paso en falso el pasado viernes, cuando admitió que había certificado un curso de enfermería irregular, a pesar de que las estudiantes se habían quejado del nulo contenido del mismo. El pasado martes el testigo clave acusó a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) de cobrar mordidas de hasta el 20% gracias a la subcontratación de los cursos. De inmediato, la patronal avanzó que estudiaba querellarse por las acusaciones sin pruebas de Montes. Y este rectificó solo 20 horas después: “Sobre la comisión del 20% a la que nos referíamos con anterioridad, no tengo constancia de que la CEA participara en este tema, a diferencia de los sindicatos”. Ante su sorprendente viraje, la juez evitó preguntarle cuál de las dos versiones era cierta. A diferencia de un imputado, un testigo tiene la obligación legal de decir la verdad, y de lo contrario incurre en falso testimonio. Las contradicciones de Montes no fueron subrayadas por la magistrada, pero tampoco por la fiscalía, cuyo turno de preguntas aún no ha comenzado.

Tras las comisiones, que ayer circunscribió a los sindicatos UGT y CC OO, el testigo se desdijo también del vínculo que apuntó hace un año en una declaración ante la Guardia Civil entre el fraude los ERE y el de la formación. “¿Es cierto que en muchos casos las acciones formativas con compromiso de contratación ha constituido una forma de prolongar la prestación por desempleo de los trabajadores tras el paro por un ERE, no existiendo efectiva contratación, conociendo la Administración que no podía haberla?”, le interrogó la juez, según consta en el acta de la declaración de ayer. “No me consta”.

La respuesta fue escueta pero supuso otra rectificación más. En su declaración ante la Guardia Civil apuntó, también sin pruebas, el “enriquecimiento ilícito” de personas relacionadas con empresas como Mercasevilla, Santa y Delphi.

A continuación, la juez preguntó al testigo cuántas consejerías disponen de partidas presupuestarias dedicadas a la formación, y este aclaró que “todas”. De momento, la cifra de volumen estimada por la juez supera los dos millones de folios que estos días se están escaneando. Alaya ya mencionó que en el caso ERE tenía bajo su lupa a todas las consejerías andaluzas, pero no ha trascendido el resultado de tales pesquisas.

A pesar de rebajar el tono de sus denuncias del día anterior, ayer Montes siguió disparando y lo hizo contra 20 superiores suyos en la Consejería de Empleo, a los que acusó de “impedirle realizar la labor de gestión intencionadamente”. La frase supone una imputación de un delito de coacciones sobre un funcionario por parte de un superior jerárquico, subrayaron ayer fuentes jurídicas. Entre los altos cargos contra los que cargó figuran el exdelegado de Empleo Antonio Rivas y su sustituta actual Aurora Cosano, así como los ex directores generales Antonio Toro y Teresa Florido, y el actual Carlos Cañavate.

El testigo volvió a insistir ayer en que la Junta le despojó de sus funciones tras regresar de una excedencia. “Me hicieron en esa minúscula habitación un muro para reducirlo y así permanecí durante dos año y medio”, insistió ayer. Durante la enumeración de supuestas irregularidades, Montes destacó el Centro Guadalquivir, gestionado por la Junta por transferencia del Estado, en el que menciona un “incremento de horas”. “Esto tiene una repercusión económica, pero desconozco su cuantía”, deslizó. Además, Montes cargó contra empresarios como el exconsejero Ángel Ojeda, por su “número abrumador de cursos que se le otorgaban”, y otros como Enrique Liger. Además, mencionó la fundación pública Faffe “como bloque fundamental sin parangón bajo el paraguas de la Junta”.

El interrogatorio de la juez culminó ayer tras 15 horas de declaración, y hoy continuará el fiscal y las partes, entre ellas la Junta de Andalucía. Resulta clave el listado y el tono de las preguntas que hoy realizarán los cuatro abogados personados y el fiscal, que pueden ir encaminadas a ensalzar las denuncias de Montes o a incidir en sus contradicciones, dada la trascendencia que tiene sus aseveraciones para la causa en estos momentos.