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Alaya plantea un macroproceso sobre las millonarias ayudas para formación

La magistrada exige a la Junta de Andalucía todas las ayudas dadas desde 2001

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La Guardia Civil registra la sede de UGT por orden de Alaya, en diciembre.

La juez Mercedes Alaya ya ha dado los primeros pasos para instruir otra macrocausaque va a superar con creces los más de 300.000 folios que ya acumula la investigación del fraude de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Fruto de una línea de investigación derivada de este caso, la magistrada abrió el pasado marzo una causa sobre los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía, en paralelo a otras pesquisas que estaban realizando diversos juzgados de la comunidad autónoma, su Fiscalía Superior, el Ministerio de Empleo así como distintos cuerpos policiales. Aunque todavía no es definitivo, resulta probable que Alaya acabe asumiendo todas las investigaciones sobre los cursos de formación. En un auto que dictó el pasado 13 de junio, la juez ha pedido a la Junta, gobernada por PSOE e Izquierda Unida, que le detallen todas las subvenciones a la formación que ha concedido “desde el año 2001 hasta la actualidad”, lo que pone bajo la lupa judicial más de 3.000 millones de euros. La última convocatoria de cursos de formación se produjo en 2011, aunque los pagos se realizaron en 2012. Por tanto, la investigación afecta a 12 años de los cursos.

Alaya pide en ese auto a la Administración autonómica que especifique “el nombre del beneficiario, órgano concedente, cuantía de la subvención, partida presupuestaria, pagos y fechas realizados, total abonado y cantidades definitivamente justificadas de los expedientes que son objeto de estudio”. En una estimación, la magistrada avanza que la documentación solicitada puede superar los “dos millones” de folios.

Las pesquisas surgen tras la declaración que un funcionario autonómico, Teodoro Montes, responsable del departamento de gestión de Formación Profesional Ocupacional de la Junta, prestó ante la Guardia Civil el 22 de agosto de 2013. En su declaración voluntaria ante los agentes, Montes aseguró que la Administración andaluza había adjudicado dinero de la formación de forma “arbitraria” a sindicatos, empresarios y fundaciones y que no había habido un control de estos fondos.

La juez repite en esta nueva causa los mismos pasos del ‘caso ERE’

Las competencias de los cursos de formación estuvieron durante años en la Consejería de Empleo, que se encuentra desde 2011 en el epicentro de las pesquisas del caso ERE. De hecho, el principal responsable de este fraude, el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, insinuó en una declaración ante Alaya que con los fondos de formación se habían producido también irregularidades y que el volumen de dinero gestionado era muy superior.

El 27 de agosto del año pasado, dicho funcionario amplió su declaración ante la Guardia Civil y salpicó tanto a los directores generales de Formación como a los sucesivos viceconsejeros y consejeros de Empleo. Los cuatro titulares que ha tenido este departamento entre 2001 y 2012 —José Antonio Viera, Antonio Fernández, Manuel Recio y Antonio Ávila— están ya señalados por Alaya en el caso de los ERE. De momento, solo Fernández, el único que no es aforado, está imputado por los cursos de formación.

En esta segunda declaración, Montes estableció un vínculo entre el escándalo de los ERE y los cursos de formación. En concreto, sostuvo que la “adjudicación de cursos de formación va indisolublemente unida a la presentación de un ERE por parte de las empresas” y encaminada al “enriquecimiento ilícito de determinadas personas”. Según este funcionario, a los trabajadores despedidos se les impartían luego cursos de formación, y cita los ejemplos de grandes empresas como Mercasevilla, Santana, Delphi o Astilleros. Es un hecho que grandes empresas han recibido dinero tanto del fondo de los ERE como de los cursos de formación, pero las firmas beneficiadas por esta última partida superan con creces a las de los expedientes.

Falta de coordinación en las pesquisas

La magistrada Mercedes Alaya busca acaparar las diversas investigaciones judiciales que hay en Andalucía sobre los cursos de formación. Esta posibilidad de aunar las pesquisas de otras provincias como Málaga, Cádiz o Almería está aún en el aire. De momento, solo un juzgado de Algeciras se ha inhibido en favor de Alaya, un criterio que comparte la Fiscalía de Cádiz en la investigación de un juzgado de Sanlúcar de Barrameda al exconsejero de la Junta Ángel Ojeda. Por el contrario, el juzgado de Málaga que investiga un supuesto fraude de 1,7 millones con los cursos de formación en esa provincia ha respondido con una negativa a la solicitud de Alaya de que le enviase las pesquisas que había realizado. El magistrado esgrimió que su investigación está bajo secreto del sumario y que no podía compartirla con la juez sevillana.

Para que Alaya asuma los diferentes sumarios, la Guardia Civil ha esgrimido en un informe que la duplicidad de procedimientos para unos mismos hechos conllevaría la “falta de coordinación y pérdida de eficacia”. Si así fuera, los agentes de la UCDEF (Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal) de la policía cederían las pesquisas que durante un año han desarrollado en Málaga y Cádiz.

La policía ya ha investigado a empresas concretas, mientras que la Guardia Civil maneja indicios basados en la declaración de un funcionario y un alto cargo de la Junta. “Se han detectado intrusos y cazasubvenciones, personas (…) con la única finalidad de obtener las subvenciones”, determinó la policía, que avanzó cómo las irregularidades “se están cometiendo sistemáticamente en las demás zonas geográficas andaluzas”.

La juez ha puesto el punto de partida de la investigación de los cursos en 2001, el mismo año que empieza el fondo de los ERE. Y, aunque aún es pronto para saber el camino que tomará la investigación, cuyo sumario contiene ahora solo 738 folios, Alaya sí resaltó en un auto del pasado julio los 950 millones “sin justificar” que la Administración andaluza concedió entre 2007 y 2011. Como en el caso de los ERE, la juez considera delito el procedimiento con el que se repartieron las subvenciones, así como la ausencia de control sobre los fondos adjudicados.

Para la evolución de esta línea de investigación en los cursos de formación será clave la decisión que tome el Tribunal Supremo sobre la exposición razonada que ha enviado Alaya del caso ERE. En esta exposición, señala a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros siete aforados por el procedimiento con el que se daban las ayudas de los ERE, que también considera delictivo.

Y también del mismo modo que hizo en el fraude de los ERE, la juez ha reclamado al Gobierno autónomo un “desplegable” en el que consten todas las empresas y entidades que han recibido dinero de la formación.

Un testimonio relevante que está presente en la nueva macrocausa que está instruyendo Alaya es el del actual director general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta, Carlos Cañavate. Las competencias sobre la formación residen desde 2012 en la Consejería de Educación, después de un reajuste en el Gobierno andaluz en el que quedó claro que nadie quería asumir la gestión de los cursos.

Cañavate relató que durante años llegaron ingentes recursos para la formación procedentes del Fondo Social Europeo y que hubo momentos de “saturación” que dificultaban la comprobación del destino del dinero adjudicado. La legislación impide dar una nueva subvención a una entidad que no ha justificado ayudas anteriores y, para no perder los fondos, la Junta buscó en la normativa una salida excepcional: las exoneraciones, que permiten a las empresas seguir percibiendo fondos cuando hay un “especial interés social”.

El problema de las exoneraciones es que la Junta las convirtió en norma: más del 90% de las ayudas de 2008 y 2009 las recibieron. Cañavate censuró en su declaración ante la Guardia Civil esta práctica: “No es normal que la excepcionalidad se convierta en normalidad”. El alto cargo de la Junta relató que cuando tomó posesión de su puesto en octubre de 2013, la situación que se encontró era “desastrosa”.

Un alto cargo vio “desastrosa” la situación de los expedientes en 2013

Cañavate explicó que se propuso poner fin a las exoneraciones como norma general y cambiar el procedimiento con el que se otorgaban las subvenciones, dos iniciativas que ya están en marcha. A pesar del cambio de rumbo respecto a las exoneraciones, antaño habituales y ahora proscritas, el Ejecutivo andaluz ha recalcado en las últimas semanas que están amparadas por la ley y ha censurado su “criminalización”, en contra del criterio de Alaya. La Junta está certificando estos meses todas las justificaciones que no se revisaron entre 2007 y 2011 por falta de personal, y de momento ya reclama 17 millones a las empresas que no fueron justificados de manera conveniente.

Las investigaciones realizadas hasta ahora sobre los cursos de formación han destapado que el exconsejero de la Junta Ángel Ojeda montó un entramado de empresas para cazar subvenciones, según la policía. En total, las empresas de Ojeda, expulsado recientemente del PSOE, recibieron cerca de 50 millones en los últimos cinco años.

Las pesquisas realizadas por los diferentes cuerpos policiales (la Guardia Civil, la policía o la policía judicial) así como por la Fiscalía Superior andaluza o el Ministerio de Empleo han destapado irregularidades en las facturas, en los alumnos que supuestamente recibieron los cursos, en el material adquirido, en las subcontrataciones, en las becas excesivas y en la falta de experiencia y solvencia de ciertas empresas adjudicatarias de los cursos.

Todo apunta a que el tamaño del fraude por parte de los empresarios aumentará a medida que la investigación peine las miles de ayudas a la formación. Otro aspecto muy distinto es la responsabilidad penal, administrativa o contable de los ex altos cargos de la Junta por la falta de control sobre las ayudas.