La Generalitat convoca a los partidos soberanistas para buscar alternativas
La convocatoria de una eventual votación al margen de la ley de consultas crea división
El Gobierno catalán ha convocado para este jueves una nueva reunión del bloque de partidos favorables a la consulta de autodeterminación para intentar, otra vez, encontrar un plan conjunto que permita sortear la suspensión del Tribunal Constitucional. Fuentes de los partidos convocados han explicado este miércoles que las posiciones siguen distantes porque hay disparidad de criterios sobre cómo garantizar que la votación se pueda celebrar con todas las garantías legales.
Según las fuentes consultadas, la reunión que CiU, ERC, ICV y la CUP mantuvieron el pasado viernes con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, evidenció esta distancia por aunque todos acabaron por mostrar una imagen de unidad. En aquel encuentro todos se instaron a seguir buscando fórmulas para hacer la consulta pese a la suspensión del alto tribunal. Los partidos volvieron a reunirse el pasado lunes con la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega.
En estos encuentros ha quedado claro que, si bien todos quieren hacer la consulta, no hay una visión conjunta de cómo hacerlo. En este sentido, el presidente catalán estaría estudiando, según publica hoy La Vanguardia, una fórmula de votación que incorporara a los ayuntamientos y a la Assemblea Nacional Catalana. La Generalitat se habría ofrecido a dar la máxima cobertura legal posible, pero esta operación es extremadamente complicada por el bloqueo que el Gobierno central ha prometido ejercer sobre cualquier nuevo movimiento de los pro consulta.
Indignación en los promotores de las consultas populares
Los miembros de la Coordinadora que organizaron las consultas populares no vinculantes entre 2009 y 2010 han acogido con indignación la posibilidad de que Artur Mas se plantee hacer una votación no legal, a medio caballo entre las que ellos impulsaron y una oficial. "No aceptaremos un sucedáneo de consulta. Para eso no necesitamos a los políticos. Ya las hemos hecho", ha afirmado Anna Arqué, que actuó en su día de portavoz de los más de 500 Ayuntamientos que participaron en la votación. Arqué, portavoz ahora de la Comisión Internacional de Ciudadanos Europeos, ha señalado que la situación actual es radicalmente distinta porque ahora la mayoría social de entonces se ha traducido en una mayoría política que ha dado un mandato al Parlament. "Esta situación es surrealista. Estamos en un bucle. Queremos una consulta con la etiqueta de oficial. Y sino la lleva, no sirve de nada. ¿Para qué se aprobó entonces una Declaración de Soberanía?", ha insistido Arqué avisando que los ciudadanos están haciendo un pulso al Estado y que el Gobierno catalán tiene que tomar una decisión: "O ponerse al servicio del Estado o de los ciudadanos".
La estrategia de Mas no gusta a todos. "ERC no lo ve demasiado claro, mientras que Iniciativa no está por sumarse a una consulta sin todas las garantías legales", explican fuentes de los partidos soberanistas.
Los partidarios de esta fórmula consideran que, llegado a este punto, se deben sacar las urnas a la calle para dar salida a lo que consideran un "clamor popular" en Cataluña. En cambio los más escépticos consideran que esto sería una estrategia que solo buscaría "salvar a Artur Mas" ante el electorado soberanista. Además, añaden que no se puede hacer una consulta "descafeinada" porque esto ya se hizo en 2009, cuando entidades privadas organizaron votaciones en muchos municipios. Lo que ya casi todos dan por seguro es que todo este proceso acabará con unas elecciones anticipadas en Cataluña.
Mientras, el discurso oficial de Convergència Democràtica sigue siendo que habrá consulta y que la votación se celebrará según lo fijado en la ley de consultas suspendida por el Tribunal Constitucional. El coordinador de CDC, Josep Rull, ha asegurado este miércoles que no cederán en la consulta porque hay un mandato popular y consenso político para hacerla. Eso sí, ha remarcado que la votación tiene que estar bien hecha para que vayan a votar los partidarios y los contrarios a la independencia. Rull ha descartado que exista "un plan B sobre el plan A" y, sin querer entrar a valorar "especulaciones", se ha ratificado en celebrar la consulta del 9 de noviembre según la norma suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional.
Rull también ha destacado que tendría que pasar "algo muy grande" para que no se pudieran poner las urnas el 9 de noviembre, como por ejemplo, que el Estado suspendiera "grados de autonomía de la Generalitat" o "frenara" la capacidad de actuar de los ayuntamientos.
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