La Generalitat incumple su propio decreto para mantener viva la consulta

El Gobierno catalán ha decidido incumplir sus propias normas para continuar lanzando el mensaje de que hará todo lo posible para celebrar la consulta de autodeterminación del 9 de noviembre. El Gabinete de Artur Mas, en un intento de mantener el apoyo de Esquerra Republicana, ha optado incluso por saltarse las limitaciones que establece el decreto oficial de convocatoria del referéndum del 9 de noviembre. Los registros de la Generalitat seguirán recibiendo peticiones de voto de inmigrantes y de catalanes afincados en el extranjero, a pesar de que el plazo para hacerlo ya ha terminado. La Generalitat lo justifica por las “extremas dificultades” que está poniendo el Gobierno con sus recursos ante el Tribunal Constitucional, que ha suspendido la convocatoria.

El decreto que Mas firmó el pasado 27 de septiembre para convocar la consulta establece los plazos para 50 trámites administrativos necesarios para garantizar su seguridad jurídica. Media docena de estos plazos ya han expirado o lo harán esta misma semana. Ayer acabó el tiempo para que los extranjeros residentes en Cataluña se inscriban para votar. También finalizó el plazo para que las personas ingresadas en centros de menores o altos dependientes hicieran la presolicitud para poder depositar su voto sin necesidad de acudir a un colegio electoral. Lo mismo ocurrió con el registro de presolicitudes para los catalanes residentes en el extranjero que quieran votar anticipadamente.

Pero una cosa es lo que dice el decreto y otra lo que está haciendo la Generalitat. El consejero de Presidencia, Francesc Homs, admitió ayer abiertamente que los plazos establecidos en el decreto no se respetarán. “El decreto está suspendido y lo está a efectos de todas las actuaciones que se derivan de los plazos establecidos”, admitió. Preguntado por las consecuencias de ello, rechazó dar detalles. “No les diré todo lo que estamos preparando, pero no estamos haciendo todo esto para hacer un paripé”, dijo en la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno catalán. Homs rechazó que este incumplimiento genere inseguridad jurídica y negó que sea necesario un nuevo decreto para dar cobertura a estos cambios. “Cualquier solicitud de los ciudadanos debe ser atendida, y por eso no hay que escribir el decreto a posteriori”, dijo Homs.

Eso sí, el portavoz de la Generalitat continuó con el discurso de que habrá consulta. “La consulta es viable y se hará el 9 de noviembre y la gente votará”, aseguró. Homs no quiso responder a la pregunta de si habrá elecciones anticipadas una vez quede claro que la consulta no se puede hacer con todas las garantías legales. Esta opción, que Mas nunca ha descartado, gana terreno cada día por las dificultades de llevar adelante el referéndum. El presidente admitió  en una conferencia que el proceso soberanista “ha entrado en un proceso desconocido” y que “nadie puede asegurar al 100% cómo acabará”.

Otro frente en el que está trabajando la Generalitat —con escaso éxito hasta ahora— es garantizar la colaboración de los Ayuntamientos. Aunque la inmensa mayoría de alcaldes apoyan la consulta, muchos no lo están demostrando sobre el papel.

Homs justifica los nuevos plazos por la suspensión del Constitucional

Solo 99 municipios de los 947 existentes en Cataluña (10,4%) han comunicado a la Generalitat los espacios que pretenden emplear para la votación durante la eventual celebración de la consulta del 9 de noviembre. El plazo para hacerlo acababa ayer, pero la Generalitat también ha decidido ampliarlo hasta nuevo aviso. En caso de que los alcaldes no comuniquen los locales que quieren utilizar la Generalitat utilizará los que ya preasignó inicialmente. Lo que sí deben hacer los regidores es designar un coordinador municipal para los aspectos técnicos de la consulta. De momento solo lo han hecho 263.

Pese a estos contratiempos, el Gobierno catalán prosigue con su hoja de ruta para celebrar la consulta. Ayer dio un paso más con la publicación de los integrantes de las siete comisiones de seguimiento de la ley de consultas. Serían el equivalente a las juntas electorales provinciales, de la misma manera que los siete miembros de la comisión de control serían los integrantes de la junta electoral central.

Las siete comisiones del equivalente a las juntas electorales provinciales dividen Cataluña en otras tantas zonas electorales. Cada una de las comisiones está formada por cinco personas. En total son 35 expertos, de los que 14 son propuestos por el Consejo de la Abogacía de Cataluña y los otros 21 a partes iguales entre los nombres propuestos por el Colegio de Politólogos de Cataluña, el Consejo de Gobiernos locales y el Gobierno catalán. Como ya ocurrió en el decreto de los miembros de la comisión de control, el decreto de estas comisiones obvia la ley de consultas y Mas se refiere a las facultades que tiene atribuidas como presidente y firma el nombramiento “a los efectos de la vigencia correspondiente”.