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El PSOE andaluz se querella por primera vez contra un líder del PP

Juan Manuel Moreno acusó a la cúpula socialista de “enriquecimiento” ilícito

Lourdes Lucio
Juan Manuel Moreno (con chaqueta beige), en la Interparlamentaria de este viernes.
Juan Manuel Moreno (con chaqueta beige), en la Interparlamentaria de este viernes.Tarek

El PSOE de Andalucía ha presentado en el juzgado de primera instancia de Sevilla una demanda de conciliación —la vía civil previa a una querella por un delito de calumnias— contra el presidente del Partido Popular andaluz, Juan Manuel Moreno, quien el pasado lunes afirmó en una entrevista en Canal Sur Televisión que “hay una cúpula socialista que se ha enriquecido ilegalmente”. La representación legal del PSOE también ha demandado al exdirectivo de la aseguradora Vitalia Eduardo Pascual quien también implicó al PSOE y al PSC en una trama de comisiones ilegales.

Es la primera vez que el PSOE de Andalucía toma una iniciativa semejante contra el máximo dirigente del principal partido de la oposición. Sí lo hizo el PSOE de Sevilla, en abril de 2005, contra el entonces líder el PP Javier Arenas por imputar a los socialistas de prácticas corruptas. La querella fue archivada.

La demanda estima que se ha criminalizado los órganos de dirección

La demanda ya fue insinuada por la secretaria general socialista y presidenta de la Junta, Susana Díaz, el pasado lunes, pocas horas después de las declaraciones del presidente del PP en la televisión pública andaluza. También el número dos socialista, Juan Cornejo, apuntó hacia esta vía judicial.

Con la visita a los juzgados sevillanos, el PSOE pretende que al PP no le salga gratis cualquier afirmación sobre la honestidad de sus dirigentes e intenta mandarle un mensaje contundente de que se le ha acabado la paciencia.

En la demanda de conciliación presentada, los representantes legales del PSOE sostienen que Moreno acusa a sus órganos colegiados de prevaricación y malversación de fondos públicos para obtener lucro personal. Aseguran que sus declaraciones de que la cúpula socialista se enriqueció ilegalmente perseguían garantizarse un buen titular en los medios de comunicación, algo que acreditan con diferentes fotocopias de páginas de los periódicos. También sostienen que esta afirmación sobrepasa los límites de la crítica responsable, porque criminaliza a los órganos de dirección del PSOE.

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En el acto de conciliación el dirigente popular puede ratificarse, disculparse o no acudir, y en función de la respuesta la querella se presentará o no. En un comunicado, el PP se muestra “satisfecho con que la cúpula socialista aclare en los juzgados lo que no quiere aclarar en el Parlamento”. También insta al PSOE a que “deje de darse golpes en el pecho y aclare de una vez por todas quién, cómo, dónde y cuándo se organizó la trama corrupta más importante de la historia de nuestra democracia”.

Los populares, “satisfechos” con que los socialistas vayan al juzgado

La demanda tiene pocos visos de prosperar a tenor de lo ocurrido en otros casos anteriores. Moreno es senador por la comunidad autónoma, por lo que si es acusado de un delito su caso debe verlo el Tribunal Supremo. La doctrina de este tribunal señala que “para que existan injurias y calumnias se deben hacer imputaciones concretas y no afirmaciones genéricas”. Los jueces también consideran en sus autos de desestimación que este tipo de declaraciones son consustanciales a la vida política.

En la política andaluza han sucedido episodios de este tipo en varias ocasiones y en todos los casos las querellas no han prosperado. Javier Arenas se querelló por injurias en 1998 contra el entonces consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, porque este había preguntado cuánto se llevó del traspaso de acciones de una empresa. “¿Con independencia del dudoso estilo de la pregunta, qué delito le está imputando?”, dijo el juez al archivar la querella.

En 2001, la misma suerte corrió una demanda en defensa de su honor del andalucista Alejandro Rojas-Marcos contra su excompañero de partido Pedro Pacheco. Este le llamó “malversador” y le imputó “intereses especulativos”. El juez enmarcó las declaraciones en la crítica política y no estimó daño porque las expresiones del político jerezano estaban “más o menos en la calle desde hace un año”.

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