El 20% de las plazas de la nueva formación profesional quedan libres

La Junta deduce que “las familias no confían” en la reforma educativa de Wert

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Alumnos de FP en un instituto de Camas.

El 20% de las plazas que este curso se ofertaban de la nueva Formación Profesional Básica —incluida en la reforma del ministro José Ignacio Wert para atajar las altas cifras de fracaso escolar— se han quedado vacantes en Andalucía, según los datos facilitados este miércoles por la Consejería de Educación. Esta nueva FP Básica, que ha entrado en vigor este curso con la reforma educativa, sustituye a los antiguos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), que se instauraron con la anterior ley de enseñanza de 2006.

La consejería sostiene que este curso se han ofertado 10.522 plazas de FP Básica —las mismas que el año pasado salieron para los PCPI— y se han cubierto 8.421, con lo que las vacantes rondan el 20%. En las capitales, según Educación, es donde más plazas sin cubrir hay. En Sevilla no se han ocupado el 39% de los puestos ofertados; en Granada, el 54,2%, ha sostenido el departamento de Luciano Alonso.

El consejero de Educación ha interpretado que “las familias no han confiado” en el “milagro de la FP Básica”. Palabras similares ha utilizado Marina Segura, de Izquierda Unida: “La comunidad educativa andaluza le da la espalda a la contrareforma de Wert”.

Sin embargo, el popular Rafael Salas ha culpado a la consejería de haber “trampeado con la oferta y la demanda” de la nueva FP Básica. Ha recordado que hasta septiembre no se han “formalizado” las matrículas y que el departamento de Alonso ha emitido “ordenes y contraórdenes” para la implantación de esta nueva enseñanza.

Los populares acusan a Educación de “trampear” con la oferta y la demanda

El calendario de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en diciembre en el Congreso de los Diputados, fijaba que este año las comunidades autónomas tenían que empezar a ofertar el primer curso de FP Básica. Y se eliminaban los PCPI. La consejería andaluza ha reiterado que los tiempos fijados por el Ministerio de Educación no eran suficientes para desarrollar la norma.

Finalmente, la Junta ha emitido varias órdenes con las instrucciones que deben seguir los centros educativos para aplicar la nueva enseñanza. En el curso anterior, según Educación, 14.188 menores pidieron estudiar algún PCPI. Se cubrieron al final, 10.522 plazas. La consejería aseguró este miércoles que este año la demanda del sustituto de los PCPI, la FP Básica, ha bajado un 41%. “No recuerdo ningún caso como este, con tan poca demanda y tanto rechazo”, ha sostenido en el Parlamento andaluz Alonso, quien no asumió que la rápida implantación de esta nueva enseñanza pueda estar detrás de las pocas peticiones.

La reforma de José Ignacio Wert, además de con la FP Básica, también debería haberse empezado a aplicar en primero, tercero y quinto de Educación Primaria este curso. Pero las clases han comenzado en Andalucía sin que la Consejería de Educación tenga lista la normativa propia para implantar los cambios. El departamento de Alonso no espera que esté listo el decreto de desarrollo del currículo hasta enero.

IU concluye que la comunidad ha “dado la espalda” a la LOMCE

Esto ha desencadenado en que, prácticamente, nada haya cambiado este curso respecto al anterior. La Alta Inspección Educativa, dependiente del Gobierno central, ha emitido un duro informe en el que acusa a la Junta de “importantes incumplimientos de la normativa básica”, en referencia a la LOMCE.

Rafael Salas ha acusado este miércoles al Gobierno andaluz de “deslealtad institucional” y de haber realizado una “chapuza incalificable” en este asunto. El popular ha considerado “legítimo” que la Junta haya acudido al Tribunal Constitucional contra la reforma. Pero, en su opinión, no lo es que “las leyes no se apliquen” mientras se resuelve el conflicto. “La insumisión a la LOMCE es una cosa propia de gobiernos bananeros”, ha afirmado Salas.

Alonso ha asegurado que la Junta no tiene lista su normativa propia por el poco margen que el Gobierno ha dejado a las comunidades autónomas. “No nos ha dado tiempo”, ha sostenido.

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