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El fiscal duda que una herencia sea el origen de la fortuna de los Pujol

El ‘expresident’ pide el archivo y dice estar sometido a una “causa general”

Jordi Pujol sale de su despacho en Barcelona el pasado día 5.Foto: atlas | Vídeo: Albert Garcia | atlas

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Jordi Pujol no dijo la verdad cuando explicó, el pasado 25 de julio, que la fortuna oculta en el extranjero por su familia procede de una herencia de su padre, Florenci. El fiscal que investiga el origen de ese dinero en el proceso abierto en un juzgado de Barcelona ve “dudosa la procedencia última” alegada por Pujol. La confesión del fundador de Convergència presenta “tanto lagunas como contradicciones” que hacen “sospechar sobre la licitud de los fondos”.

En el escrito, el fiscal Alejandro Luzón rechaza la petición de archivo de la defensa de Pujol, que alega sufrir una “causa general” sin base alguna. El abogado del expresidente, Cristóbal Martell, arremete contra la querella presentada por Manos Limpias, que en su opinión es un “ramillete totalmente impreciso y variado de tipicidades”, aderezado con “rumorología” y gratuitas “conjeturas”, cuyo fin es abrir una “causa general” contra Pujol; su esposa, Marta Ferrusola, y los siete hijos de la pareja.

La fiscalía rechaza uno de los principales argumentos que esgrime la defensa: los cuatro miembros de la familia Pujol que aún mantenían los fondos en la Banca Privada de Andorra —Marta Ferrusola y los hijos Marta, Pere y Mireia— ya hicieron aflorar esas cantidades ante la Hacienda española. Aunque la hayan hecho correctamente (cosa que también pone en duda), la regularización “no implica que queden vedadas las posibilidades de investigación”, razona el escrito.

El fundador de CDC no ha aportado “documentación” del legado paterno

La clave de bóveda del caso Pujol es, precisamente, saber de dónde viene el dinero: si, como dice Pujol, procede de una herencia o bien, como sospechan los investigadores policiales, se corresponde con el pago de comisiones por parte de empresas que fueron adjudicatarias de obra pública durante la vasta presidencia de Pujol (1980-2003). El fiscal se apoya en la documentación bancaria conocida hasta ahora para defender que se siga investigando. Las cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra, recuerda, “proceden del traspaso de los fondos de otras cuentas” y “no se conoce el saldo que se traspasa de las primeras a las segundas”. Los importes, remacha, no coinciden. Tampoco se conocen los movimientos de esos depósitos. Además de las transferencias —realizadas en fechas distintas—, “existen también ingresos en efectivo” que deben analizarse.

Y sobre todo: los Pujol no han aportado “documentación legal de la herencia”, tal como solicitó el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, que investiga el caso. En su comunicado, el expresidente catalán explicó que los fondos no estaban incluidos en el testamento. “Mi padre, Florenci Pujol i Brugat, dispuso como última voluntad específica que un dinero ubicado en el extranjero —diferente al comprometido en su testamento— y que no estaba regularizado en el momento de su muerte en 1980, fuera destinado a mis siete hijos y a mi esposa”, relató.

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La fiscalía resalta las “contradicciones y lagunas” de su confesión

El fiscal recuerda que los organismos públicos deben vigilar los indicios de blanqueo, especialmente cuando aparecen implicadas “personas con responsabilidad pública”. Los órganos judiciales “no pueden permanecer inactivos a la vista de un patrimonio que puede no corresponderse” con la herencia manifestada por Pujol. El escrito desafía a la familia a “aclarar el origen de los fondos”, lo que en su opinión sería “muy sencillo”.

La defensa de Pujol insiste en que, al haber regularizado su situación con Hacienda antes de que se iniciase la investigación judicial, no hay delito fiscal ni de blanqueo de capitales. Y lamenta la “sospecha genérica” lanzada sobre el cobro de comisiones.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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