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Tres vías para el ‘caso ERE’ en el Supremo

El alto tribunal decidirá a partir de septiembre si asume la causa o solo la parte de los aforados

Alaya señala a los exconsejeros Gaspar Zarrías y Mar Moreno

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Chaves, Zarrías, Moreno y Griñán, en agosto de 2011.

La envergadura del caso de los ERE marcará los tiempos en su paso por el Tribunal Supremo. Tras más de tres años y medio de instrucción, la juez Mercedes Alaya remitió el martes la causa al alto tribunal al encontrar indicios que supuestamente incriminan en el fraude a aforados, entre ellos, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El proceso en el Supremo se ve alterado por el periodo estival (solo hay una sala en funcionamiento), por lo que habrá que esperar hasta septiembre para que se dé curso a la documentación remitida por la magistrada (la exposición razonada para inhibirse y 20 de los 80 tomos del sumario). Según fuentes cercanas a la instrucción, la decisión del Supremo podría demorarse entre dos y tres meses.

A la vuelta de las vacaciones, la Sala de lo Penal del Supremo enviará al fiscal la exposición razonada remitida por Mercedes Alaya para que realice un informe sobre la competencia del tribunal y su contenido, como hace con todas las causas que llegan al Supremo de otros juzgados españoles. Según fuentes judiciales, el documento remitido por Alaya es de 376 folios y va acompañado de varios anexos, tanto en papel como en soporte digital. Dichas fuentes descartan que, pese a la voluminosa documentación, el fiscal se demore “más de la cuenta” en su cometido.

La decisión de los magistrados podrá demorarse entre dos y tres meses

Una vez elaborado el informe, el fiscal enviará este documento junto con el escrito de la magistrada a dicha sala del Supremo, en la que un tribunal colegiado deliberará si comparte los indicios de delito apreciados por la juez Alaya sobre alguno o sobre todos los aforados y decidirá qué hace con el caso. Según fuentes judiciales, en la exposición razonada —que Alaya no ha notificado a las partes—, la juez no solo nombra a Griñán y a Chaves sino también a siete exconsejeros. Además de los señalados junto a los dos expresidentes, en el auto del pasado septiembre, en virtud del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (José Antonio Viera, Antonio Ávila, Manuel Recio, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo), Alaya apunta hacia los exconsejeros de la Presidencia Gaspar Zarrías (a quien ordenó investigar Alaya por su supuesta relación con el exsindicalista y conseguidor de los ERE Juan Lanzas) y Mar Moreno.

Alaya acusa a la anterior cúpula del Gobierno andaluz porque considera que diseñó el fondo para conceder ayudas sociolaborales en los ERE y subvenciones directas a empresarios de manera arbitraria, una vía que dotó con 721 millones de euros entre 2001 y 2010. En el auto de septiembre, Alaya les comunicaba que los consideraba partícipes o conocedores del diseño del fondo, concebido para burlar la ley, en opinión de la magistrada.

La gran incógnita a despejar ahora es cuál será la decisión de los magistrados. “El Supremo jamás se ha enfrentado a una causa de estas dimisiones y si atendemos a los antecedentes es muy aventurado dar una sola respuesta”, asegura uno de los abogados, quien llega a calificar el volumen de la instrucción como “monstruoso” (201 imputados y un sumario que supera los 300.000 folios). Es por ello que dichas fuentes apuntan a tres posibles desenlaces con sus correspondientes consecuencias: que el alto tribunal asuma el caso de los ERE al completo, que solo retenga la parte que afecta a los nueve aforados o que devuelva la causa a la juez Alaya para que continúe con la instrucción.

Entre las fuentes consultadas, la decisión que gana más peso es la tercera. Consideran que el Tribunal Supremo devolverá a Alaya el caso para que concluya la instrucción, una vez ultimada deberá remitirla de nuevo al alto tribunal para, ya entonces sí, investigar a los aforados. ¿Cómo afectaría esta decisión a la instrucción? La principal consecuencia, y la más directa, sería su dilatación en el tiempo ya que, según dichas fuentes, “aún resta mucho por hacer”, principalmente, “el menudeo de las empresas que recibieron ayudas directas” del Ejecutivo andaluz, que alcanzan los 127 millones de euros.

La segunda opción más probable es que el Supremo trocee el caso y retenga la parte que afecta a los aforados. Esta decisión iría en contra de la postura que, desde un primer momento, ha defendido Alaya, quien considera que la causa es “inescindible” debido a la conexión que existe entre las diferentes líneas de investigación abiertas y para “evitar en el futuro hipotéticas sentencias contradictorias”. De dividir la causa, el Supremo no solo asumiría la parte político-financiera del caso sino también, previsiblemente, la referente a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla por la supuesta implicación del exconsejero José Antonio Viera en la concesión de las ayudas a estas empresas. La Guardia Civil acusó al exconsejero de tener “relaciones e intereses” para concentrar el 61% de las subvenciones directas a compañías de esta pequeña comarca de 30.000 habitantes. Esta segunda opción es la que, en los últimos meses, ha defendido la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de “concluir en un plazo razonable la instrucción” con la utilización “racional y eficiente de los recursos humanos y materiales de la justicia”.

La opción más probable es que la sala devuelva la causa a la juez

A la hora de retener esta parte de la causa, el Supremo también deberá decidir si solo se queda con los aforados que le son competentes (los diputados Chaves, Viera y Zarrías; y el senador Griñán) o si arrastra con ellos a los otros exconsejeros, actualmente diputados andaluces. Si solo se queda con los cuatro primeros, Alaya deberá acudir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que se haga cargo de Martínez Aguayo, Vallejo, Ávila, Recio y Moreno. “Los magistrados del Tribunal Supremo estudiarán si existen indicios contra a algunos o contra todos los aforados. Una vez resuelto este punto, decidirá si asume la parte de los nueve aforados o solo la de los cuatro que le son directamente competentes. En este asunto, no hay una regla establecida”, explican fuentes judiciales.

La tercera opción, y la menos probable según las fuentes consultadas, es que el Supremo asuma la causa al completo y respalde así la decisión de la juez Mercedes Alaya de no dividir el caso antes de inhibirse, tal y como también apoyó a finales de julio la Audiencia Provincial de Sevilla. En ese caso, el alto tribunal debería concluir una instrucción en la que “aún queda bastante trabajo”, según dichas fuentes. “Pese a lo mediático del caso, es casi improbable que el Supremo asuma la causa al completo. Sería como volver a empezar la instrucción y supondría alargar el caso innecesariamente”, explica uno de los abogados.

Tras el paso atrás dado por Mercedes Alaya, la instrucción queda en suspenso hasta que el Tribunal Supremo tome una decisión. Según fuentes judiciales, durante estos meses, la magistrada solo podrá acometer instrucciones de carácter urgente. “Podrá dictar algún auto de embargo pendiente u ordenar alguna actuación que sea de vital importancia para el buen desarrollo de la investigación, pero poco más”, precisan dichas fuentes, que añaden que, previsiblemente, Alaya “centrará sus fuerzas” estos meses en la investigación sobre el supuesto fraude en cursos de formación para desempleados, una causa judicializada en siete de las ocho provincias andaluzas. “Lo que sí está claro es que el caso ERE descansará este otoño en Sevilla”, concluye la defensa de varios imputados.