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La Audiencia de Sevilla respalda a Alaya y rechaza que se trocee el ‘caso ERE’

El tribunal dice que la división podría “generar un riesgo de desorden procesal”

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La juez Alaya, a su llegada a los juzgados de Sevilla.

La Audiencia Provincial de Sevilla desestimó este miércoles la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, divida la causa en piezas separadas y eleve al Tribunal Supremo la parte que atañe a los aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Con esta decisión, el tribunal provincial respalda la postura de la magistrada, que desde un primer momento ha defendido que la causa es “inescindible”. La decisión de la Audiencia se conoce dos días después de que el ministerio público reiterara su postura y pidiera a la juez que envíe solo parte del caso ERE al Supremo, un paso que se espera que Alaya dé en los próximos días. Además de a Chaves y a Griñán, la magistrada ha señalado en la causa a cinco exconsejeros andaluces.

Con el escrito, la Audiencia responde a un recurso interpuesto en marzo por Anticorrupción —al que se sumaron dos imputados: los exdirectores generales de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano— después de que la juez desoyera su solicitud. Los fiscales argumentaron que el caso debía trocearse “para concluir en un plazo razonable la instrucción” con la utilización “racional y eficiente de los recursos humanos y materiales de la justicia”. Pero la Audiencia concluyó que “la inconcreción fáctica de los criterios expuestos por la fiscalía podría generar un riesgo de desorden procesal a través de la remisión por goteo de asuntos” al Tribunal Supremo. En su escrito, los fiscales señalaban que la causa se puede dividir en tres piezas: una para los ERE y las ayudas directas a empresas, otra para las sobrecomisiones derivadas de los pagos de los ERE y una última sobre el diseño del fondo.

El enfrentamiento por este asunto entre Alaya y los fiscales ya viene de lejos. Incluso, la magistrada preguntó en mayo a las partes personadas en la causa su opinión al respecto. Desde un primer momento, Alaya ha subrayado, y así lo detalló en mayo en respuesta a la petición del ministerio público, la conexión que hay entre las diferentes líneas de investigación abiertas, y ha abogado por mantener la unidad de la instrucción “para evitar en el futuro hipotéticas sentencias contradictorias”. A esta idea se suma, como defienden las defensas, que la división de la causa conllevaría que imputados como el exdirector de Trabajo Javier Guerrero (el principal acusado en los ERE) podrían pasar varios años acudiendo a juicios de manera intermitente. Por su parte, los fiscales defienden que la división de la causa permitiría que tan pronto esté concluida la investigación de un ERE o una ayuda directa, esta podría ser calificada por el fiscal y enviada a juicio para su vista oral.

Además de considerar que la decisión de Alaya de no dividir la causa es “irrecurrible” debido a un conflicto de competencias, en el escrito la Audiencia de Sevilla ataca a los fiscales al considerar que “una petición del calado de la que se hace no se puede sostener sobre construcciones teóricas que no van acompañadas de un diseño, por provisional que sea, de hechos y personas intervinientes en relación con las piezas a formar”. La Sección Séptima de Audiencia argumenta que la causa está constituida por “asuntos complejos, intricados, muy relacionados e imbricados entre sí”. Tal y como se recuerda en el escrito, esta instrucción suma “más de doscientas personas imputadas y lo instruido sobrepasa varias decenas de miles de folios”.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la sala sevillana se dirige a los fiscales y a los dos ex directores generales que también recurrieron la decisión de Alaya para recordarles que “pudieron y debieron” acudir al Tribunal Supremo para pedirle que, “de estimarlo adecuado”, ordenara a la juez que se abstuviera de continuar en la tramitación de las diligencias previas y que enviara “de inmediato” a ese tribunal la documentación oportuna.