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Los jueces exigen “una normativa clara” para los clubes cannábicos

Una sentencia absolutoria de la Audiencia de Barcelona pide a las instituciones que aclaren por qué “otras drogas nocivas como el tabaco” sí son legales

La sede de Airam, en la calle Ample de Barcelona, permanece cerrada desde el miércoles por orden judicial.

La regulación del consumo de marihuana también preocupa a los jueces, que a menudo deben decidir si envían a prisión o absuelven a los responsables de los clubes cannábicos por tráfico de drogas. Estas asociaciones, que han proliferado en ciudades como Barcelona, se hallan en una encrucijada legal y son objeto de investigaciones policiales de suerte diversa. Una reciente sentencia absolutoria, dictada por la Audiencia de Barcelona, insta a las instituciones a fijar “un marco normativo claro” sobre “una actividad que permanece en los limbos de la alegalidad”.

“Hace tiempo que desde muchos sectores jurídicos, sanitarios y sociales se está reclamando del legislador que fije un marco normativo claro para el funcionamiento de esta clase de asociaciones”, señala la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Santiago Vidal. Los jueces lamentan que “solo el Parlamento de Euskadi ha impulsado esta tarea reguladora”. Y critican que la Fiscalía General del Estado no haya “actuado aún en defensa del interés público en esta materia, más allá de perseguir de forma indiscriminada situaciones como la que es objeto de este proceso penal”.

La fiscalía, recuerda la resolución, puede hacer recomendaciones al Gobierno para que regule la materia. “Tal vez ya es hora de que inste una aclaración jurídica de los motivos por los que otras drogas nocivas para la salud, como el tabaco o el alcohol, cuando se consumen de forma abusiva, disfrutan de un estatus legal mucho más permisivo”, argumentan. La sentencia resuelve un recurso de la fiscalía contra la absolución de los máximos responsables del club cannábico Airam por un delito de tráfico de drogas.

En febrero de 2012, dos jóvenes fueron detenidos cuando salían de la sede de la asociación, en Barcelona. Habían comprado tres dosis de hachís sin ser socios y habían pagado, por cada una de ellas, 20 euros. La fiscalía acusó a cinco responsables de la entidad de tráfico de drogas por haber vulnerado los requisitos del “autoconsumo compartido” y haber vendido droga a terceros con ánimo de lucro.

La resolución, dictada por la Sección Décima de la Audiencia, desoye los argumentos del fiscal y confirma la absolución. Los magistrados afirman que la detención de los dos jóvenes “no demuestra” que los acusados les hubieran vendido las dosis. “La hipótesis de que dicha sustancia estupefaciente fuese para el propio consumo de los compradores no puede ser descartada”, razonan.

Francesc S., presidente de Airam.

Los clubes de cannabis han aprovechado la figura de la asociación (que es un derecho fundamental reconocido por la Constitución) para realizar su actividad. Pero el sector coincide con la Audiencia y lleva meses trabajando para conseguir una regulación clara, que les permita seguir dispensando cannabis sin tener que vivir con la incertidumbre de que se les acuse de tráfico de drogas. El Departamento de Salud también aboga por fijar unas normas, poniendo el acento en la necesidad de reducir riesgos de salud pública. Las federaciones de los clubes y los partidos políticos han tenido diferentes reuniones y en septiembre se discutirá en el Parlament el borrador de una propuesta de Buenas Prácticas. Aun así, una eventual reforma del Código Penal está en manos del Gobierno central.

“Los clubes han demostrado que hay un ejército de miles de personas consumidoras de cannabis”, explicó ayer un trabajador del sector. Según las estimaciones, los 400 clubes que existen en Cataluña abastecen a 165.000 consumidores. Existe el riesgo de que muchos de ellos acudan al mercado negro si se precintan los clubes.

Desde hace una semana, Airam está de nuevo en el punto de mira de la justicia. Esta vez, por un presunto caso de blanqueo de capitales. Cuatro responsables del club permanecen imputados por haber utilizado, presuntamente, un entramado de empresas para desviar a sus bolsillos más de un millón de euros procedentes de la venta de marihuana a los socios. Entre ellos figura el presidente de la entidad, Francesc S. —que administra la mayoría de las empresas— y su mano derecha, Albert T., quien a su vez es presidente de Fedcac, la federación que agrupa a estos locales y que aboga por la regularización de la marihuana.

El juez ordena el cierre del club cannábico investigado por blanqueo

Alrededor de mil personas se acercan cada día a la sede de Airam, en la calle Ample, para consumir o comprar su dosis de marihuana. El miércoles, sin embargo, los usuarios encontraron sus puertas cerradas. Los 10.000 socios que integran el club deberán buscar ahora una alternativa. El juez que investiga el caso ha ordenado, a petición de la Fiscalía, la clausura del local de forma cautelar. Desde 2010, el Código Penal permite cerrar los locales de empresas o asociaciones que hayan cometido un delito durante un periodo máximo de cinco años. La medida deja sin trabajo, de paso, a unas 30 personas.

Además del local principal de Airam, en la calle Ample de Barcelona, el juez ha ordenado también el cierre de la sede de Caselldefels y ha decretado la disolución de las siete empresas que, presuntamente, utilizaron los imputados para blanquear los beneficios obtenidos con la venta del cannabis. El magistrado ha decidido bloquear 60 cuentas bancarias que pertenecen a los implicados, defendidos por la abogada Laura Alegre, del despacho Nieto & Povedano. Según datos de la investigación, la entidad generaba una facturación anual de 1,5 millones. Los Mossos creen que una parte del dinero era desviada a las cuentas corrientes de los implicados y, el resto, mediante la simulación de operaciones comerciales. Las entidades son sin ánimo de lucro y, en principio, deben emplear los beneficios en la propia asociación.

En el registro de la entidad se encontraron 11 kilos de marihuana y 50.000 euros en efectivo. Los Mossos han investigado el patrimonio de los implicados en una de las primeras investigaciones centradas en el blanqueo de capitales, y no en el tráfico de drogas, que en el caso de la marihuana conlleva penas de prisión inferiores. No es la primera vez, sin embargo, que se clausura uno de estos locales.

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