El Ayuntamiento pone a la venta 334 pisos de alquiler social con 189 familias

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ana Botella (PP), ha puesto a la venta tres promociones de vivienda pública de alquiler, con 334 pisos y 189 familias inquilinas. Hace justo un año ya colocó 1.860 viviendas sociales al fondo de inversión Blackstone.

Botella anunció en 2012 que la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) no construiría más pisos y se limitaría a gestionar los que ya tiene. Pero la sociedad está en peligro de liquidación por sus fuertes pérdidas, lo que le ha llevado a vender en un año un tercio de sus pisos de alquiler social. En 2018, le quedarán apenas 4.000 viviendas de las 8.600 que tenía en 2013, y, si se cumplen sus previsiones, ni un metro cuadrado de los 1,42 millones de los que disponía (con capacidad para albergar 10.000 pisos protegidos).

En esta ocasión, la EMVS ha puesto a la venta 163 viviendas (ocupadas por 132 familias) en Villa de Vallecas, 90 viviendas vacías en Vicálvaro y y 82 viviendas (con 57 familias) en Usera. En total, son 15.276 metros cuadrados, con 334 garajes y 253 trasteros.

El inversor que adquiera esos pisos lo hará con inquilinos dentro, puesto que los contratos de alquiler son a 10 años. La renta anual estimada de esos arrendamientos asciende a 1,44 millones, aunque la morosidad de los inquilinos (familias con escasos recursos) alcanza hasta el 19%. Tomando como referencia el precio por el que se vendieron los pisos a Blackstone (69.000 euros de media), el Ayuntamiento podría ingresar ahora 11,2 millones de euros. Además, se librará de una deuda hipotecaria pendientes de dos millones de euros.

La operación de Blackstone salvó a la EMVS de la desaparición, pero fue ruinosa en términos económicos y sociales. Las 1.860 viviendas (ubicados en Carabanchel, Centro, Villa de Vallecas y Villaverde) tenían un valor contable de 162 millones pero se colocaron por 128,5 millones, es decir, con un descuento del 20%.

La alcaldesa prometió que las condiciones de los inquilinos no cambiarían. Sin embargo, ya han comprobado que no es lo mismo tener como casero a una empresa pública con fines sociales que un fondo de inversión que busca rentabilidad. Blackstone está obligada a mantener las condiciones de los contratos, pero las aplica de forma estricta. Antes había 300 vecinos que no pagaban; ahora son 50, con cuatro desahucios pendientes y uno a punto de ejecutarse (en los otros tres casos, el Ayuntamiento está buscando un piso alternativo a los afectados).

El problema de la EMVS es que estaba obligada a vender esas viviendas para sobrevivir. En octubre de 2012, Botella anunció que el Ayuntamiento no construiría más pisos protegidos. Primero, porque considera que es competencia de la Comunidad de Madrid (PP). Segundo, porque cree que “ya no son necesarias”, puesto que el precio máximo de los pisos protegidos es similar al de la vivienda libre. Y, tercero, porque la EMVS no puede endeudarse para hacer más so riesgo de entrar en pérdidas y que el Ministerio de Hacienda (PP) ordene disolverla en virtud de la Ley de Sostenibilidad de la Administración Local.

Pese a dejar de construir vivienda, la EMVS precisó en 2013 de un plan de supervivencia. La auditora PricewaterhouseCoopers señalaba en un informe confidencial al que tuvo acceso EL PAÍS: “El negocio es deficitario, con un volumen significativo de pagos no corrientes inasumibles. El endeudamiento bancario no es sostenible y la compañía tiene problemas severos de liquidez inmediata”.

El plan de viabilidad para evitar la quiebra contempló, además de la venta de esas 1.860 viviendas de alquiler social, que el Ayuntamiento asumiera 20 parcelas con una hipoteca de 234 millones, que la EMVS había comprado en el momento álgido de la burbuja y que no le servían de nada toda vez que ya no iba a edificar vivienda social.

La EMVS tenía, a 1 de enero del año pasado, 6.152 viviendas en alquiler con un valor contable de 333 millones y una renta anual de 13,5 millones. Y, en venta, 2.450 inmuebles (por valor de 213 millones) y 1,43 millones de metros cuadrados de suelo.

El plan de salvación preveía vender esos 2.450 pisos y todo el suelo antes de 2018. Sin embargo, la Intervención General avisó en abril del incumplimiento del plan: las viviendas no se estaban vendiendo al ritmo requerido pese a descuentos del 20%, y el desequilibrio financiero previsto a final de año rozaba los 26 millones. Por ello, conminó a “adoptar medidas adicionales para compensar la desviación”.

Ese requerimiento es el que explica que se hayan puesto a la venta ahora otros 334 pisos protegidos. Pese a que, según Botella, la EMVS se iba a convertir en una empresa de alquileres sociales, en solo un año, cuando se cierre esta operación, habrá pasado de gestionar 6.152 viviendas a tan sólo 4.238. Cuando la alcaldesa anunció que no construiría más vivienda pública, en octubre de 2012, había 13.000 familias a la espera de un piso protegido.