En libertad con cargos los 16 detenidos en el caso de las facturas falsas

Las 16 personas detenidas por el caso de las facturas falsas de UGT en Andalucía han quedado en libertad con cargos, imputados por falsedad y fraude de subvenciones, tras prestar declaración ante el juez Juan Jesús García Vélez. De este modo, se cierra la segunda fase de la Operación Cirene por la que la Guardia Civil acusa al sindicato de haberse financiado de manera irregular durante 12 años gracias a subvenciones públicas de la Junta de Andalucía y mediante la presentación de facturas supuestamente falsas.

El extesorero y antiguo número tres del sindicato Federico Fresneda ha sido el último de los detenidos en prestar declaración. Tras una hora y media de comparecencia, el instructor le ha impuesto como medida cautelar que comparezca cada 15 días en el juzgado, al igual que a su subalterna la exsecretaria de Gestión Económica María Charpín, que estuvo en el cargo cuatro años. Fresneda, exvicesecretario de Administración de UGT durante 15 años, ha alegado ante el magistrado que desconocía la existencia de “facturas falsas” o “partidas infladas”, según fuentes conocedoras de su declaración.

Fresneda ha asegurado que era ajeno a la petición de subvenciones a la Junta y que las facturas ya llegaban “hechas con el cargo y el programa” correspondiente. Fresneda ha culpado de la elaboración de estas facturas, que censura la Guardia Civil, a su subalterna también imputada en el caso, la exsecretaria económica del sindicato, Charpín. El ex alto cargo del sindicato ha precisado durante su declaración que la comisión ejecutiva de UGT era informada de todo lo que se hacía en la gestión del sindicato. Ahora la instrucción deberá determinar el grado de conocimiento del resto de secretarios y altos cargos del sindicato en la etapa liderada durante 15 años por el histórico ex secretario general Manuel Pastrana. Fresneda había sido detenido en Canarias, donde estaba de vacaciones, para después ser trasladado a Sevilla en avión. El sindicalista, que fue responsable de Administración y Recursos Humanos de UGT entre 2005 y 2013, se acogió a su derecho a no declarar ante los agentes pero sí ofreció su versión de los hechos al magistrado, que de momento mantiene el secreto de sumario.

Antes de Fresneda el juez instructor tomó declaración a Dolores Sánchez Montaño, ex responsable de compras en Andalucía, y Charpín, ex secretaria ejecutiva y en la actualidad miembro de la comisión de garantías del sindicato a nivel estatal. Charpín alegó que desconocía las operaciones como rappel o “bote” por las que la central lograba descuentos que no eran reflejados en las facturas.

A lo largo de las dos horas que duró su comparecencia, Charpín matizó que como jefa del equipo encargada de tramitar las subvenciones, en todo momento realizó sus funciones bajo lo estipulado por la ley y el reglamento de la comunidad autónoma andaluza.

Por su parte, Sánchez Montaño explicó que su trabajo consistía en recibir el listado de necesidades, comprobar si existía presupuesto y encargar los correspondientes servicios. Al igual que Fresneda, ambas quedaron en libertad con cargos, el día después de los 10 empresarios y exempleados de las sociedades que facturaron al sindicato desde Sevilla, Madrid y Jaén, todos imputados por los dos delitos de falsedad y fraude de subvenciones.

Mientras, las dos trabajadoras de la empresa Carpetas Abadías detenidas en Agost (Alicante), declararon ante el juzgado de Novelda y salieron en libertad con cargos, al igual que el resto de imputados. Una tercera persona detenida en Madrid por su relación con la empresa Siosa, quedó también en libertad.

Al margen de las facturas, la investigación sostiene que el dinero de las ayudas públicas del Gobierno andaluz se destinaba solo en parte a los cursos de formación, y el exceso se utilizaba para financiar la organización y otros eventos, como congresos, comidas y jornadas. Dicho flujo de dinero se utilizó desde el sindicato “de manera sistemática año tras año” en un modelo “perfeccionado en el tiempo”, hasta suponer la mayor fuente de financiación del mayor sindicato en Andalucía.

Por otra parte, en Cádiz, durante una manifestación por un trato especial en materia de empleo para la provincia de Cádiz, la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, también se pronunció sobre este caso, aunque sin mencionar nombres. “Si se demuestra que alguien ha actuado de manera ilícita tendrá que responder ante la justicia”. Castilla hizo un llamamiento por la presunción de inocencia de los imputados y destacó que, hasta ahora, los detenidos han sido puestos en libertad tras prestar declaración ante el juez. Aunque dijo que apoya a sus compañeros, también marcó distancias. Recordó que una de sus primeras medidas fue renovar su ejecutiva tras divulgarse anteriores irregularidades. Además, felicitó al Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla por llevar su investigación “de forma discreta y con mucha celeridad”, informa Pedro Espinosa.