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Operación Cirene

El juez deja en libertad con cargos a los empresarios que facturaban a UGT

Dos nuevas detenciones elevan a 16 los implicados por el fraude en Andalucía

Javier Martín-Arroyo

El juez del caso de las facturas falsas en UGT Andalucía, Juan Jesús García Vélez, ha decretado libertad con cargos para los primeros 10 empresarios y trabajadores de sociedades que declararon tras su detención en la segunda fase de la Operación Cirene. Algunos de los acusados han negado que se inflaran dichas facturas, aunque han admitido el cambio de conceptos en los recibos, tras recibir supuestamente indicaciones por parte de los responsables de la central.

El juez ha imputado por falsedad y fraude de subvenciones a los acusados, y la Fiscalía Anticorrupción ha evitado pedir medidas personales o de responsabilidad civil contra los detenidos. Mientras, los acusados han defendido que el cambio en los conceptos de los facturas era ajeno a ellos y se debió a las directrices señaladas por el sindicato.

Aún restan por declarar ante el juez otros seis acusados por un fraude que la Guardia Civil tilda de “sistemático”. La operación ha sumado este miércoles dos nuevas detenciones de extrabajadores de firmas proveedoras que trabajaban para UGT en Alicante. La causa permanece bajo secreto de sumario.

La investigación analiza una red de empresas que presentaban facturas falsas sobre servicios no prestados o que reflejaban costes por encima de los reales y que eran usadas supuestamente por el sindicato para justificar el cobro de ayudas de la Junta de Andalucía para labores de formación. El dinero se destinaba, según la Guardia Civil, solo en parte a los cursos y el exceso servía para financiar la organización y otros eventos, como congresos, comidas y jornadas. Los investigadores estiman que el flujo de dinero, que “de manera sistemática año tras año” recibió UGT en un sistema “perfeccionado en el tiempo”, supuso su mayor fuente de financiación durante 12 años.

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Este miércoles dos hermanas vinculadas a la empresa madrileña Publicar han admitido que “cambiaron” los conceptos por las “indicaciones” dadas desde el sindicato. Estas dos acusadas han negado haber “inflado” o “falseado” facturas, y han responsabilizado a la central de esta praxis supuestamente ilegal, informa Europa Press.

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Junto a estas dos hermanas, el magistrado también ha dejado en libertad con cargos al administrador de la firma KND Caronte Miguel Ángel González, así como a los gerentes de Chavsa, Viajes Macarena y Lienzo Gráfico Impresores. Estos empresarios han alegado haber respetado “la legalidad vigente” y han asegurado que se habían limitado a seguir “las indicaciones, pautas y parámetros” marcadas por el sindicato, según fuentes del caso presentes en las declaraciones.

Tras las explicaciones de los empresarios y sus empleados, el juez escuchará previsiblemente este jueves a los tres extrabajadores del sindicato, entre ellos el extesorero y antiguo número tres del sindicato, Federico Fresneda.

Mientras tanto, el Gobierno andaluz ha dado instrucciones a su gabinete jurídico para que analice los posibles perjuicios para la Administración e inicie las acciones oportunas en defensa de los intereses públicos, una vez que los procedimientos judiciales lo permitan, con el fin de personarse en la causa que se sigue en el juzgado de instrucción 9 de Sevilla.

Al mismo tiempo, la Guardia Civil ha detenido en Agost (Alicante) a dos mujeres por su vinculación con la trama de empresas que supuestamente sirvieron a UGT para justificar los fondos de formación recibidos por la Junta de Andalucía, por lo que el total de arrestados asciende a dieciséis, informa Ezequiel Moltó.

Según fuentes de la investigación, estas dos personas fueron detenidas tras un registro en la empresa Carpetas Abadías S. L., ubicada en el polígono Escandella de Agost, en el área metropolitana de Alicante. Las dos detenidas, presuntamente, pudieron falsificar algunas facturas relacionadas con este caso, según fuentes policiales. La empresa Carpetas Abadías se constituyó en 1998, según la información que figura en el registro mercantil. Su actividad es la “fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería [trabajo del cuero]”, y se dedican tanto a la exportación como a la importación.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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