La Mesa de la Ría califica de “paripé” la multa de la Junta a Fertiberia
UGT muestra sorpresa por la sanción y apuesta por negociar con la empresa
Las reacciones a la sanción impuesta por la Junta a Fertiberia, empresa de fertilizantes del Polo Químico de Huelva, por no presentar un plan de recuperación de los fosfoyesos, residuo procedente de la producción de ácido fosfórico, no se han hecho esperar. La Mesa de la Ría, colectivo que viene reclamando la recuperación de la Avenida de Francisco Montenegro para la ciudad, considera “un paripé” la multa de 240.400 euros y sostiene que la empresa no debería estar funcionando desde que se ejecutó el cese de los vertidos en 2010 como indicaba la sentencia de la Audiencia Nacional.
Juan Manuel Buendía, miembro del colectivo, subrayó que “la multa no llega ni por asomo a cubrir el millón de euros, entre otras subvenciones otorgadas por la Junta días después de que la justicia obligara a Fertiberia a paralizar los vertidos de fosfoyesos en las marismas de Huelva”.
La Mesa de la Ría entiende que la raíz del problema radica en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que la delegación del Gobierno en Huelva adjudicó en 2008 a Fertiberia para seguir operando a pesar de las alegaciones que presentó este colectivo y otros como Greenpeace. La Mesa de la Ría denunció que la Autorización Ambiental Integrada “era ilegal” y la modificación sustancial exigida en enero de 2013 “llega tarde”. El colectivo entiende que “la posición de la Junta no ha variado mientras permanezca vigente la AAI que permitió dos años más los vertidos y que incumplió la sentencia”, subrayó Buendía. Y recordó que el entonces Defensor del Pueblo español, Enrique Múgica, definió “nula de pleno derecho esa autorización”.
El expediente de caducidad de los vertidos comenzó en noviembre de 1998 tras una resolución de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Posteriormente, en julio de 2003, España obtuvo el dictamen del Consejo de Estado favorable a la caducidad de los vertidos. En noviembre de 2003 Costas dictó la resolución que declara caducada la concesión. En 2007 es cuando emite sentencia la Audiencia Nacional confirmando la resolución de caducidad, pero no es hasta diciembre de 2010 cuando es firme y se rechaza los recursos presentados por la empresa. Es por ello que Juan Manuel Buendía argumenta que la AAI dada por la Junta en 2008 contraviene la sentencia de la Audiencia Nacional de 2003. La Mesa de la Ría entiende que la Junta debe retirar la autorización a Fertiberia y “exigir a la empresa la devolución inmediata de las subvenciones concedidas”.
El delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, remarcó que la Consejería de Medio Ambiente “lo único que ha hecho atendiendo a los informes técnicos es cumplir con su deber de velar por el medio ambiente”. “La empresa no ha presentado ni en tiempo ni en forma el proyecto de restauración de los fosfoyesos. Ha incumplido con su obligación y nosotros que velamos por el cumplimiento de la normativa en materia ambiental nos hemos visto obligados a sancionar a la empresa”, subrayó Fiscal. Este reconoció que “ha sido un periodo largo pero al final se ha actuado con transparencia y el máximo rigor”.
Fuentes de la compañía señalaron que están a la espera de la notificación oficial y estudiarán qué acciones emprender al respecto.
El secretario general de la Federación de Industrias de UGT, Luciano Gómez, señaló que los trabajadores están “sorprendidos” por la sanción impuesta a Fertiberia y afirmó que “no es bueno añadir incertidumbre a una cuestión en la que es mejor el diálogo y la negociación”. Gómez explicó que la empresa ha contratado a una de las mejores empresas en el mundo para solucionar el problema de los fosfoyesos: “No estamos diciendo que se haga en Huelva algo distinto de lo que se está haciendo en Europa pero se necesitará tiempo y cuestiones como ésta de la sanción no vienen a aportar nada bueno si no más bien añadir más elementos para no hacer viable el proceso”, subrayó Luciano Gómez.
Las balsas de fosfoyesos tienen actualmente 30 metros de altura a pesar de que al estar en Dominio Marítimo Terrestre no podía sobrepasar los tres metros y se acumulan en ellas 120 millones de toneladas a escasos 500 metros de la ciudad.
