La Utopía choca con la realidad

Las 22 familias desalojadas de un edifico propiedad de Ibercaja en Sevilla han pasado en 48 horas de perseguir la utopía que dio nombre a su causa a toparse con la realidad. Una realidad en la que la voluntad política tiene que atenerse a las normas y en la que, a la hora de la verdad, surgen dudas para encajar una situación como la suya. El enfrentamiento político entre la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por IU, y el Ayuntamiento, gobernado con mayoría absoluta por el PP, tampoco ayuda a encontrar una solución que, por consensuada, pudiera ser excepcional.

Varios de los desalojados han pasado su tercera noche en la calle, acampados a las puertas del Ayuntamiento a la espera de un acuerdo entre las administraciones que ahora parece casi imposible. El gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido ha rechazado la propuesta planteada por la consejería el pasado lunes, cuando cifró en 528 las viviendas de protección oficial (VPO) vacías que tiene el Ayuntamiento y pidió que pusiera 16 de ellas a disposición de los desalojados de la Utopía.

Zoido acusa a la Junta de incumplir la ley y pide a Díaz que rectifique

La respuesta municipal ha sido una carta remitida ayer por el alcalde a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la que acusa al gobierno andaluz de estar incumpliendo la ley y le pide que rectifique. Zoido lamenta “la falta de rigor y lealtad institucional” de la Consejería de Fomento y asegura que la cifra de 528 viviendas vacías revelada por el viceconsejero, José García Cebrián, es falsa. Pero ni el alcalde en su carta concreta cuántas VPO deshabitadas hay en Sevilla ni el portavoz del gobierno municipal, Francisco Pérez, el encargado de anunciar ayer el escrito remitido por el alcalde, dio una cifra alternativa a la facilitada por la consejería.

En el departamento que dirige Elena Cortés no ha sentado bien el escrito del alcalde. No ha gustado su contenido, pero tampoco que se haya dirigido directamente a la presidenta en vez de dar una respuesta a la consejeria, que fue la que presentó la propuesta en el registro municipal. El departamento de Fomento ha sido, con mucho, la administración que más se ha implicado en la solución de la Utopía en los dos años de vida de la corrala. Los máximos responsables de la consejería han visitado el edificio, conocen a sus vecinos y se habían comprometido con ellos a que les realojarían en otra vivienda. El desalojo les sorprendió cuando estaban a punto de cerrar un acuerdo con Ibercaja, que retiró su oferta pocas horas después de que la policía vaciara el edificio. Fomento pensó contrarreloj una alternativa, pero el rechazo del Ayuntamiento ha dejado sin plan b al departamento de Cortés. Habrá un plan c, aseguran fuentes de la consejería, pero se está buscando.

La presidenta de la Junta, que hasta ahora se había mantenido más o menos al margen de la Utopía, contestó por la tarde a la carta del alcalde. Tras reprocharle haberse enterado de su escrito por los medios de comunicación (“en términos de lealtad y cooperación no parece el procedimiento más adecuado”, advierte Díaz), la presidenta informa a Zoido de que pedidio información “detallada” a la Consejería de Fomento sobre todo lo que el alcalde plantea en su carta. Díaz no da pistas sobre cuál es a priori su postura, pero deja claro que, “con independencia” de la respuesta que obtenga de la consejería, ella no admitirá “ninguna solución” que no suponga “un escrupuloso respeto a la ley”.

El problema es que el enfrentamiento protagonizado en las últimas horas entre la consejería y el Ayuntamiento parte, precisamente, de una interpretación opuesta de la normativa. La carta de Zoido no deja ninguna puerta abierta al acuerdo porque niega tener viviendas disponibles y, si las tuviera, hay 12.351 sevillanos inscritos en el registro municipal de aspirantes a VPO. La Junta, por su parte, apela a “situaciones de excepcionalidad” recogidas en la normativa sobre viviendas públicas e insiste en que el gobierno local tiene 528 VPO sin visado de la consejería, por lo que ni tienen contrato ni pueden estar habitadas legalmente. Algunas de estas viviendas, asegura Fomento, están terminadas desde 2005.