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La policía desaloja por sorpresa a los vecinos de la corrala La Utopía en Sevilla

El desahucio se produce en medio de las negociaciones para reubicar a las familias

La Junta culpa al Ayuntamiento de no querer ceder sus viviendas

Vecinos de la corrala abandonan el edificio ocupado. / ATLAS | FOTO: P. PUENTES

“Me desperté sobresaltada al escuchar los porrazos. Abrí la puerta de casa y vi la escalera llena de policías. Les di los buenos días y les pedí que me dejaran darle el desayuno a mi niño y a mi padre. Me dijeron que me tomara el tiempo que necesitara”. Las palabras de Toñi Rodríguez son solo un ejemplo de cómo se ha vivido este domingo el desalojo de los vecinos de la corrala La Utopía, el edificio de Sevilla ocupado por 36 familias en mayo de 2012, aunque hoy permanecían 22. El desahucio se ha ejecutado en mitad de las negociaciones entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para reubicar a estas familias, que han permanecido casi dos años sin agua y sin luz. El acuerdo, según dijo la semana pasada el Defensor del Pueblo andaluz, se alcanzaría antes de Semana Santa. “Estábamos confiados porque creíamos que la solución llegaría esta semana”, asegura emocionada Toñi Rodríguez.

Los agentes llegaron sobre las 8.30 al edificio. Cortaron el tráfico y acordonaron la zona. “Estaba tomando café cuando vi que llegaban muchos coches de policía. Rápidamente avisé al resto de vecinas”, recuerda Manuela Cortés mientras saca del inmueble sus últimas pertenencias. Durante toda la mañana, la policía mantuvo un fuerte despliegue en la zona. “El desalojo ha sido pacífico, nuestra lucha es pacífica. No hemos tenido problemas con los agentes, incluso, nos han ayudado a sacar nuestras cosas”, explica Toñi. “Se acabó la corrala La Utopía”, agrega entre lágrimas Aguasanta Quero, otra de las vecinas. Pese a que el abandono del edificio fue tranquilo, tres personas han sido detenidas por enfrentarse a los agentes.

Dos años de resistencia

  • Mayo de 2012.36 familias de Sevilla ocupan un edificio, ubicado en la barriada del Polígono Norte y propiedad de Ibercaja. El inmueble, que no tenía fin de obra, llevaba dos años cerrado. A los pocos días, el Ayuntamiento les corta el agua y la luz.
  • Mayo de 2013. Ibercaja solicita al juez el desalojo del edificio.
  • Junio de 2013. La entidad bancaria solicita al juzgado que paralice el desahucio de las familias. Ibercaja y los vecinos negocian una alternativa, entre ellas, acogerse al programa de alquiler social de la entidad.
  • Septiembre de 2013. Las negociaciones no prosperan e Ibercaja reabre el proceso de desalojo. Las familias, salvo cinco, no aceptan la propuesta de la entidad.
  • Enero de 2014. Tras las reuniones convocadas por el Defensor del Pueblo andaluz con el objetivo de buscar una solución, Ibercaja abandona la mesa de negociaciones pero mantiene su programa de alquiler social. Las familias piden un alquiler en esas viviendas y la cesión de los locales comerciales.
  • 28 de enero. La juez decreta el desalojo forzoso de los vecinos de la corrala. Días después, la Junta solicita que se paralice para que las Administraciones negocien una salida.
  • 26 de febrero. La juez da la orden a la policía para que desaloje.
  • 5 de marzo. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla mantienen una reunión en la que deciden crear una comisión que estudie la alternativa para estas familias. Al día siguiente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo reclama a las Administraciones la solución que le va a ofrecer al colectivo.

Muchas de las familias llegaron a la corrala tras ser desahuciadas. Otras, por el efecto llamada y ante la imposibilidad de hacer frente a un alquiler. Hoy en el edificio (propiedad de Ibercaja), permanecían 22 después de que varias de ellas decidieran abandonarlo semanas antes por miedo a que se produjera el lanzamiento forzoso. Según cuentan los vecinos, en el momento del desahucio, en el edificio había al menos cinco menores y una persona enferma, quien fue hospitalizada durante un par de horas. “Cuando dieron la orden de desalojo, los vecinos decidieron dejar a sus hijos con otros familiares. Pero al ver que se estaba a punto de alcanzar un acuerdo, muchos niños volvieron con sus padres”, explica Elena Contreras, otra de las vecinas.

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla decretó el 28 de enero el desalojo forzoso de las familias, a quienes les daba un plazo de 15 días para abandonar el edificio voluntariamente. Con el objetivo de encontrar una solución, la Junta de Andalucía solicitó al juzgado la paralización del lanzamiento —desde un primer momento, la Consejería de Fomento, encabezada por Elena Cortés (IU), ha mostrado su apoyo a estas familias—. Mientras la Administración autónoma y el Ayuntamiento cuadraban sus agendas para sentarse a negociar, el 26 de febrero, la magistrada daba orden a la policía para que desalojaran el edificio. Pocos días después, ambas Administraciones acordaron crear una comisión que estudiaría el realojo de las familias. Tras un mes, la solución no ha llegado y el desahucio ha dejado al descubierto las heridas de esta negociación. “La Junta no dispone de viviendas públicas libres hasta el 31 de octubre, cuando está previsto que se finalice una promoción en San Bernardo. La idea era que el Ayuntamiento, que tiene más de 500, realojara a estas familias temporalmente, pero no ha querido. Ante esta negativa, estábamos cerrando con Ibercaja un realojo también temporal, pero el desahucio nos ha pillado por sorpresa”, aseguran fuentes de Fomento. “Ahora, Ibercaja ha decidido retirarse de las negociaciones”, añaden estas fuentes. El Ayuntamiento ha recordado que las familias no han aceptado la ayuda municipal ofrecida, como ser alojados en el albergue. También apunta que Ibercaja les ofreció acogerse a su programa de alquiler social, aceptado por cinco de estas familias.

Y a las lágrimas se unió la sorpresa. “No entendemos por qué se produce el desalojo ahora que la solución está cerca. Ni el Ayuntamiento ni el PP querían que saliéramos triunfantes”, opina Elena Contreras. Quien también se ha mostrado sorprendido ha sido el defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, quien ha instado a las instituciones a seguir negociando. Maeztu ha asegurado que el desalojo supone una “grave puesta en peligro” de los derechos de familias en riesgo de exclusión social. La delegada de la Consejería de Vivienda en Sevilla, Granada Santos, ha afirmado que el lanzamiento pone de relieve el “engaño premeditado” del Gobierno central “que había garantizado que el desalojo no se produciría mientras las Administraciones buscaban una solución”.

Tras abandonar sus viviendas, las familias han marchado hasta el Ayuntamiento de Sevilla, donde prevén pasar la noche. Los momentos más tensos se han vivido cuando los vecinos y miembros de grupos simpatizantes (alrededor de un centenar) intentaron cortar hasta en un par de ocasiones la avenida donde se encuentra el edificio desalojado. Asimismo, cuatro de las vecinas intentaron sin éxito encerrarse en la Catedral de Sevilla.